Por Leandro Gianello
El texto dado a conocer el 30 de junio pasado explica la posición formal de CLACSO “ante la inminente culminación del juicio llevado adelante contra campesinos y campesinas” por la Masacre de Curuguaty, ocurrida en junio de 2012 durante una intervención judicial y policial ante la ocupación de tierras estatales y en la que murieron once pobladores y seis policías, instando a absolver a los acusados, víctimas de un proceso legal viciado.
Esa matanza es considerada por el Concejo Directivo de CLACSO “la expresión más violenta de la histórica lucha por la tierra emprendida por el campesinado y las comunidades indígenas, a raíz de la extrema concentración de la misma existente en el país”. Y la consideran una consecuencia directa de los procesos “de despojo histórico y acaparamiento de tierras efectuados por capitales privados con la abierta complicidad del Estado”.
Este tipo de acciones que se dan con la venia del Poder Judicial y la fuerza policial paraguaya “ha transformado en extranjeros en su propio país, invasores en sus propias tierras, excluidos de su propio modo de ser”, ya que la zona de Curuguaty eran terrenos públicos y habían sido “destinadas a la reforma agraria por decreto presidencial en 2005”, condición anulada de forma irregular por “un poderoso dirigente político y empresario, amigo del dictador Stroessner”.
“El sentido de la declaración tiene como objeto apoyar la lucha de estos campesinos procesados”, dijo a Contexto Julián Rebón, del Comité Directivo de CLACSO, integrante del Instituto de Investigaciones Gino Germani y doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires.
Rebón advierte que lo que está haciendo el Estado paraguayo con estas acciones es “criminalizar la lucha campesina en el marco de un reclamo justo” que ha tenido resultados trágicos debido a la connivencia entre miembros del Gobierno, la Justicia e intereses económicos espurios.
Yendo más lejos aun, lo que se está viendo últimamente en el país vecino es “una revancha clasista en vez de justicia propiamente dicha”, explicó el representante para la Región Argentina y Uruguay del Comité Directivo de CLACSO.
“Estamos ante una sociedad excluyente que se apoya en la represión y el castigo” para acallar los justos reclamos de una parte importante de la sociedad, agregó Rebón, condición que se repite en muchos Estados latinoamericanos.
Mientras tanto, el desarrollo del juicio oral y público que se le sigue a los campesinos y campesinas se acerca al trecho final, demostrando “las enormes deficiencias en la acusación de la fiscalía”, que actuó “con total falta de elementos probatorios para sustentar las acusaciones”, evidenciando “groseras irregularidades en el proceso de investigación”, denunció el comunicado.
Todas estas deficiencias graves exponen al Estado paraguayo “a severas sanciones en los tribunales internacionales”, ya que, mientras buscaba pruebas para dilucidar la muerte de los policías, omitió de manera flagrante investigar “la muerte de los once campesinos, cinco de ellas denunciadas como ejecuciones extrajudiciales posteriores a la balacera”, advierte la declaración.
Este tipo de acciones en el marco de la lucha por las tierras se ha cobrado la vida de “más de un centenar de dirigentes campesinos”, provocando además el “apresamiento e imputación de miles de hombres y mujeres del campo” y el “abarrotamiento de las cárceles con gente trabajadora”.
“Exhortamos al Estado paraguayo a recuperar las tierras de Marina Kue (Curuguaty), y destinarlas a la reforma agraria y la población campesina, como debió haber sido desde antes de los trágicos sucesos”, expresó el Comité Directivo.
