Por Miguel Croceri
Mauricio Macri ha sorprendido en sus fulminantes primeros meses de gobierno con una metodología jurídicamente violenta que no estuvo prevista, al menos públicamente, en ninguno de los escenarios que se elaboraban respecto de cuál podría ser el perfil de su gestión en caso de ganar la elección presidencial.
Esa metodología, ocultada por el discurso dominante y también prácticamente ausente de los discursos alternativos, consiste en eliminar parcialmente, por su sola voluntad y mediante decretos, diversas leyes que son contrarias a su ideología, a los intereses que defiende, y al modelo de país que intenta imponer.
Esas leyes fueron impulsadas en su momento por la ex presidenta Cristina Fernández, quien las propuso como proyectos ante el Congreso, y se sancionaron mediante los procedimientos parlamentarios previstos en la Constitución Nacional y todo el sistema normativo de la República. Algunos de los decretazos más alevosos son los siguientes:
* La abolición de cláusulas fundamentales de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) y de Telecomunicaciones (ley “Argentina Digital”, que legislaba sobre telefonía celular e Internet), con lo cual Macri otorgó al Grupo Clarín las herramientas legales para consolidar su posición dominante en el mercado audiovisual, y además expandirse a otros negocios habilitados por la convergencia tecnológica.
* La abolición de artículos esenciales de la Ley de Inteligencia (Ley 27.126, sancionada en marzo de 2015), donde se disponía que las escuchas telefónicas dispuestas por jueces o fiscales para investigar delitos estuvieran a cargo de la Procuración General de la Nación, y en cambio los decretos otorgaron de facto esa atribución a la Corte Suprema, que a su vez la derivó en jueces susceptibles de entablar negocios turbios con los servicios de espionaje.
* Recientemente, la abolición de hecho de la Ley de tierras (Ley 26.737, de diciembre de 2011), una norma de carácter nacionalista que ponía límites a la riesgosa extranjerización del territorio argentino mediante requisitos para la compra de tierras en nuestro país por parte de capitalistas foráneos.
(Este link remite a una nota publicada por diario Contexto el pasado lunes 5).
Hasta la etapa iniciada el 10 de diciembre de 2015, con la asunción del primer presidente de derecha votado por una mayoría ciudadana en elecciones libres en toda la historia argentina, la derogación de facto de leyes que fueron sancionadas “con todas las de la ley” –valga el juego de palabras– había sido perpetrada únicamente por dictaduras, o sea, por Gobiernos surgidos del uso de la violencia opresora. Violencia donde el instrumento militar no era el único pero sí el más importante factor para la formación de Gobiernos contrarios a la democracia y a los intereses del pueblo.
En ese sentido, el Gobierno macrista es innovador, y esta es una marca –un rasgo propio, típico, específico, diferenciador– de su gestión. No hay una utilización explícita de las Fuerzas Armadas como instrumento de dominación de la sociedad, al menos por ahora (aunque sí una tendencia a la restitución de poderes y atribuciones al estamento militar, como el decreto de Macri que derogó uno de Raúl Alfonsín del año 84, como informaba La Nación el 2 de junio, y también los pactos con Estados Unidos que implican un avance de las corporaciones armadas, tema ocultado a la sociedad y revelado por Horacio Verbitsky en Página/12 el pasado 27 de marzo).
En concreto, lo que hoy ejecuta el actual Poder Ejecutivo es una estrategia basada en otro tipo de violencia: la jurídica. Contraria al Estado de derecho, pero convalidada por un Poder Judicial cuya fracción hegemónica está ejercida por la corporación que encabeza el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Además, gracias a la reciente incorporación de los dos nuevos jueces supremos impulsados por el macrismo, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el oficialismo contará en el futuro prácticamente con la unanimidad de una Corte ideológicamente conservadora (aun por sus miembros provenientes del peronismo, como el propio Rosatti y Carlos Maqueda), ligada a las corporaciones, en total sintonía con los intereses de dominación de Estados Unidos, negadora de derechos ciudadanos, militante de las causas antipopulares, y en consecuencia peligrosa para el desarrollo democrático de la sociedad (en los próximos días o semanas, el tribunal deberá pasar una difícil prueba cuando deba expedirse sobre los tarifazos, y probablemente emita fallos híbridos, salomónicos, para respaldar al Gobierno del que forma parte pero no quedar mal parado frente a la opinión pública).
En definitiva, la clave está ahí. Macri no podría haber derogado ni una coma de ninguna ley si no fuera por la complicidad de la corporación judicial. Una sola expresión pública –supongamos– de Lorenzetti o un solo gesto visible para el Gobierno y la sociedad hubieran bastado para que avanzaran recursos de amparo, o medidas cautelares, o declaraciones de inconstitucionalidad, o cualquier otro instrumento legal que impidiera la derogación de leyes de la Nación por la sola voluntad del presidente de la República.
De todos modos, en el reparto de roles para violar la Constitución y las leyes hay otros actores que son fundamentales. El más importante es el Congreso de la Nación, donde la minoritaria presencia de la alianza Cambiemos en la Cámara de Diputados y su ínfima representación en el Senado son compensadas por legisladores de distintas corrientes del justicialismo que fueron elegidos como parte del Frente para la Victoria, pero que, derrotada su candidatura presidencial, claudicaron rápidamente del proyecto político que los llevó a sus bancas y participan con su voto de las políticas del oficialismo.
Incluso, si se quisiera argumentar en defensa de la judicatura, podría afirmarse que, si la oposición cumpliera su rol en el Parlamento, los actos ilegales del macrismo no serían posibles. Esto es cierto, pero sólo hasta cierto punto. La arquitectura jurídica del país otorga el rol de “última palabra” al Poder Judicial, gracias a un sistema normativo que recoge los principios fundantes del liberalismo para la organización del Estado, y que por ello mismo le pone límites rotundos a la voluntad popular, a la fuerza de las mayorías ciudadanas y al ejercicio democrático en general, ya que un juez tiene, en los hechos, más poder que el conjunto de la sociedad. Una degeneración del espíritu de la democracia como gobierno del pueblo, que quizás en algún momento pueda ser –o no– motivo de debate público y de eventual acumulación de la fuerza social y política necesarias para transformar las estructuras del poder.
En definitiva, y por decirlo de manera simplificada, si Lorenzetti y la corporación judicial no quisieran, los atropellos de Macri no pasarían, aun cuando el Congreso tenga el comportamiento cómplice que hoy tiene con las principales decisiones presidenciales.
También puede ser útil observar no sólo el rol por acción u omisión de los poderes institucionales del Estado, sino de los poderes fácticos, o sea las corporaciones: las mediáticas en primer lugar, por la influencia determinante que ejercen sobre la opinión pública, y luego corporaciones de otro tipo, como las empresariales –que son las grandes beneficiadas de las medidas del Gobierno, incluida esta derogación de facto de ciertas leyes–, u otras que su autoadjudican detentar los valores de la República y el Estado de derecho –tal es el caso de las entidades que representan a los abogados–.
Cualquiera de esas u otras expresiones de los poderes fácticos podrían ejercer una tarea fundamental para oponerse a la derogación de facto de leyes de la Nación. Baste suponer, a modo de ejemplo, que los colegios de abogados de todo el país reclamaran contra esa aberración jurídica y exigieran el cumplimiento de los procedimientos legalmente obligatorios para reformar y/o sancionar leyes.
O bien imaginar (un absurdo que se menciona al solo efecto de graficar lo que podrían hacer ante esta situación sectores que tienen poder real) que el Grupo Clarín informara del escándalo, las veinticuatro horas, a través de los títulos cada media hora, en el canal TN, y a lo largo de la programación de esa emisora y en sus espacios de periodismo político, y en los shows de Jorge Lanata y de Mirtha Legrand, y en la tapa y las notas principales del diario cabecera del cártel, y en sus radios y agencias de noticias, y en los canales locales que tiene en los más de 240 sistemas de televisión por cable en las principales ciudades del país… Y así hasta el infinito.
Si alguna de esas utopías se hiciera realidad, la sociedad estaría consciente de cómo se viola la Constitución y tal vez los Poderes públicos actuarían de otro modo.
Pero volviendo de lo utópico a lo concreto: esperar que las corporaciones actúen en beneficio del pueblo es, sencillamente, ridículo. No están para eso, sino todo lo contrario. Por tomar los ejemplos anteriores, el Grupo Clarín y el resto de la maquinaria mediática dominante son parte del bloque de poder que gobierna el país desde que Macri es presidente, y los colegios de abogados existen para defender los derechos y/o privilegios de sus representados, para lo cual puede serles perfectamente funcional articular las mejores relaciones con las estructuras de poder en su conjunto y adoptar las políticas corporativas más convenientes a sus intereses.
Lo grave es lo que hacen los Poderes institucionales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo peligroso es que el conjunto de la ciudadanía está completamente desguarnecida frente a los abusos de los poderosos. Lo más dañino es que los derechos del pueblo y los intereses de la Nación sean atacados con tanta virulencia sin que haya siquiera una toma de conocimiento en la sociedad respecto de la agresión que está sufriendo.
Y el perjuicio más grande para el país es el regreso a una democracia donde hay elecciones periódicamente pero donde, como ocurrió desde el golpe hiperinflacionario de 1989 contra Raúl Alfonsín hasta la asunción de Néstor Kirchner en 2003 –la década “larga” de los noventa, que políticamente duró en realidad casi una década y media–, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se dedican a defender los intereses de las clases sociales dominantes y de las minorías privilegiadas, en contra del bien común y de una mejor calidad de vida para todos los argentinos y argentinas.
