Por Leandro Gianello
Mientras la incertidumbre cunde entre los usuarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación evitó definirse pero obligó al gobierno a presentar en el plazo de 10 días un informe en el que explique por qué es tan necesario el descomunal aumento y qué impacto económico y social tienen sobre los sectores más vulnerables.
Párrafo aparte merecen las declaraciones del ministro de Energía y ex CEO de Shell Juan José Aranguren, sosteniendo que la presentación de un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de la Plata, que elevó la cautelar de suspensión del tarifazo, retrocedía la decisión de los jueces y ponía automáticamente “en vigencia el incremento tarifario con los nuevos topes” anunciados.
Pero el fallo del juez Luis Arias que anuló las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía sigue en pie, entero y estoico, y ni siquiera lo afecta la iniciativa presentada por el Ejecutivo macrista con el absurdo tope del 400% para hogares y 500 en comercios.
Es por eso que “la resolución publicada hoy es nula de nulidad insanable” explicó a Contexto Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores, ADUCC.
“La Cámara Federal de La Plata es la última instancia de juicio. Aranguren no es abogado y eso queda muy claro” cuando supone que un recurso extraordinario puede retraer la decisión impulsada por Arias, algo reservado únicamente a instancias superiores, agregó Bassano.
Por lo pronto, “las empresas distribuidoras de gas deberían facturar en base a la sentencia, pero aún así, es necesario que el consumidor lea cuidadosamente la boleta para saber qué es lo que está pagando”.
En el gobierno “están muy mal informados y pareciera que se mueven por capricho” y este ensañamiento no tiene en cuenta que hay personas que no pueden afrontar estos gastos sólo porque se les ocurrió multiplicar las ganancias a una empresa.
“A nosotros nos preocupa la gente, seguimos esperando que alguien respete a los consumidores y queremos que la Corte Suprema decida y haga justicia con una sentencia a favor de los usuarios, pero en el caso contrario, habrá consecuencias” porque la situación de un gran sector de la población bordea el colapso, aseguró Bassano.
Parecería que “mejora” un poco la situación anterior respecto a los tarifazos, pero de cualquier manera es un aumento inválido “porque ésta resolución y las anteriores impulsadas por el gobierno, hoy están suspendidas”, agregó Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres ante la consulta de Contexto.
Sin ir más lejos, indicó Polino, “es lo que corresponde porque no se realizó ninguna audiencia pública que explique los aumentos” y el nuevo esquema tarifario se aplicó de forma totalmente arbitraria. Sólo queda esperar que la Corte Suprema actúe con lógica ante el avasallamiento del Estado a sus ciudadanos.
De cualquier manera, el juez Arias ya aseguró públicamente que más allá de lo que resuelva la Corte Suprema sobre los incrementos, el tema podría llegar a tribunales internacionales en el caso de una sentencia desfavorable al pueblo, ya que se trata de «derechos humanos fundamentales» que se pueden defender recurriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otros tribunales internacionales.
