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«En La Plata hay 10 mil trabajadores municipales y solo tres son trans”

Por Roberto Álvarez Mur

En un contexto de criminalización de las zonas rojas de la Ciudad y un perfil de gestión municipal encarnado en los dichos del intendente Julio Garro respecto del colectivo trans durante el año pasado, ayer se presentó en La Plata la Campaña por el Cupo Laboral Trans, que contó con la presencia de la referente local Valentina Pereyra junto a diversas organizaciones de Derechos Humanos y activistas de diversos espacios. Si bien el eje central de este encuentro desarrollado en la sede platense de ATE fue el cupo de trabajo, también se abordaron temáticas como salud y violencia machista.

“En la ciudad de La Plata hay 10.500 trabajadores municipales, de las cuales sólo 3 son personas trans. Una de ellas es Valentina”, dijo la abogada del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CeProDH) y vinculada con la lucha de Valentina Pereyra por su reincorporación al trabajo municipal, luego de haber sido apartada de su puesto. La cifra fue extraída de un informe requerido por parte de la organización de la Campaña hacia el Ejecutivo municipal. “Esto demuestra la falta de voluntad política de avanzar en este sentido. Consideramos que solo la ley no basta, por eso lanzamos esta campaña donde planteamos también la lucha contra los travesticidios; el cumplimiento del artículo 11 de la ley de Identidad de Género, que tiene que ver con la salud integral de las personas trans”, agregó.

Según lo estipula, la Ley obliga a la Provincia y a los municipios a ocupar en un 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transgenero y transexuales ya que el estado es el responsable de garantizar el derecho a la igualdad, a la identidad de género y al trabajo formal para mejorar la calidad de vida de las personas trans.

En tanto, la propia Valentina Pereyra tomó la palabra en la presentación para manifestar el estado de condición de los reclamos en el actual escenario. “Vamos a acompañar y aunar las luchas entre todos y todas quienes impulsen esta causa. Nosotros pensamos que hay temáticas que tienen que ser transversales a las ideologías políticas”, dijo Pereyra, en diálogo con Contexto. “Al no estar reglamentada quiere decir que no hay presupuesto para los Municipales. La Ley está vigente, hay que impulsarla y si no hay una voluntad política no va a funcionar”, explicó la referente y agregó: “Esto se da estratégicamente en CTA-ATE para tener el compromiso de los gremios y los sindicatos, y poder reforzar el pedido al ejecutivo provincial y municipal”

Más allá de priorizar la discusión dentro de todos los ámbitos laborales posibles, Pereyra no descartó la idea de llevar la campaña a espacios educativos, universitarios o escolares.

“Sabemos que es difícil dialogar con este gobierno, más cuando tiene que ver en términos de presupuesto y voluntad política. Por eso estamos acá exigiendo justicia e igualdad para las personas trans”, dijo a Contexto Francisco Sfeir, activista trans presente en la conferencia. “Al no aplicarse la ley no se están abriendo espacios de capacitación ni se está llamando a las personas trans a cubrir lugares que ya hay en el Estado, y que deberíamos tomarlos. Ya estamos en julio y todavía no se efectivizó una ley que se sancionó el año pasado”, agregó.

“Las personas trans vivimos en una situación crítica, donde el sistema nos expulsa contantemente, y necesitamos una política seria con respecto a nuestras existencias y nuestro derecho a desarrollarnos como personas”, dijo Francisco Sfeir, y agregó: “La policía sigue reprimiendo, las razzias siguen vigentes. Por eso una ley de cupo laboral trans le permita a quienes están en situación de prostitución poder pensar otros espacios. En ese sentido, denunciamos la criminalización de las zonas rojas, como también en todos los lugares donde no nos permiten trabajar, que también es una forma de perseguir y criminalizar”.

Según relevamientos a través de medios y prensa, la campaña pudo cuantificar unas 20 personas trans muertas a causa de violencia machista.

“Nosotras tenemos una expectativa de 35 años a 40, y eso se debe a la ausencia del Estado. Recién hace 4 años pudimos lograr que un gobierno y el Estado nos reconozca y legitime nuestra identidad. La lucha sigue”.