Por Fernando M. López
Quisieron amedrentarlos con balas de goma, palazos y gases lacrimógenos, pero los trabajadores jujeños de Ledesma SAAI están dispuestos a llevar la lucha hasta el final. “No nos van a torcer el brazo con represión”, aseguraban anoche en una asamblea sobre la Ruta 34, cortada a la altura de Libertador General San Martín en reclamo de un aumento salarial del 39%, mejores condiciones laborales y derecho a huelga sin criminalización.
Tras la nueva reunión paritaria de este lunes, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) anunció que, “a pesar de algún atisbo de avance en materia de condiciones de trabajo”, no hubo acuerdo con la empresa de los Blaquier porque sus propuestas salariales fueron “manifiestamente insuficientes”.
Rafael Vargas, secretario general del gremio, también confirmó que se mantienen las medidas de fuerza y que mañana habrá otra instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo provincial, donde volverán a pedir un acuerdo salarial como el que firmó la empresa de capitales peruanos Gloria S.A. con el Sindicato del Ingenio San Isidro, en Salta: 11.665 pesos de básico y 16.363 pesos de tira final en un solo pago.
En el marco de las paritarias, el SOEAIL flexibilizó en varias oportunidades su demanda original, que era de 12.900 pesos de básico y 17.000 pesos de tira final. Sin embargo, la intransigencia de la empresa llevó a los trabajadores a resolver un paro por tiempo indeterminado, que se inició el jueves último con una movilización a las puertas de la planta de Libertador. Fue entonces cuando el gobernador radical-macrista Gerardo Morales envió a la Guardia de Infantería y desató una brutal represión que terminó con ochenta manifestantes heridos.
«El gobernador salió a defender los intereses de la empresa, en lugar de mediar para acercar posiciones. Lo que hicieron fue una verdadera provocación, a días de cumplirse cuarenta años de ‘la noche del Apagón’.»
“El gobernador salió a defender los intereses de la empresa, en lugar de mediar para acercar posiciones. Lo que hicieron fue una verdadera provocación, a días de cumplirse cuarenta años de ‘La Noche del Apagón’. La situación es grave porque nos quieren retrotraer a épocas de la dictadura. Y acá no hay diferencia entre el ajuste del Gobierno nacional, los tarifazos y la represión en la provincia de Jujuy”, dijo a Contexto Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA Autónoma, en la que están nucleados los azucareros.
Jorajuría y otros representantes de la central obrera mantuvieron ayer un encuentro con el viceministro de Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor, para pedir la intervención de la cartera tanto en el conflicto de Ledesma, como en el del ingenio El Tabacal de Salta, cuyos empleados están de paro hace ya 38 días.
“A Sabor le dijimos que o nos ayudan a resolver estos conflictos o los nacionalizamos”, contó el gremialista, y advirtió que “si no hay una solución, se van a fortalecer las medidas de fuerza”.
En el caso de El Tabacal, además de reclamar un salario igual al del Ingenio San Isidro, el sindicato azucarero (STA) rechaza el intento de la corporación estadounidense Seaboard de imponer un cuarto turno que recorta los jornales que se les paga a los trabajadores.
“La empresa quiere reducir los jornales de 35 a 25 por mes y contratar empleados temporarios para sustituir a los permanentes, pero no vamos a aceptar ese tipo de imposiciones”, confirmó Jorajuría luego de brindar una conferencia de prensa junto a Martin Olivera, secretario general del STA, y dirigentes de la CTA como Ricardo Peidró (adjunto), Horacio Meguira (Asuntos Jurídicos) y Hugo Godoy (ATE).
El secretario gremial señaló, por último, que estas firmas se niegan a aceptar las demandas de los trabajadores a pesar de haber obtenido “enormes beneficios con la devaluación y la quita de retenciones” que decretó Mauricio Macri al asumir como presidente.
Cárcel a Blaquier y repudio a Morales
Los organismos de derechos humanos de Jujuy convocaron a marchar este jueves en un nuevo aniversario de «La Noche del Apagón», que recuerda el secuestro de cuatrocientas personas en las localidades Libertador, Calilegua y El Talar, de las cuales 33 continúan desaparecidas.
Las fuerzas de la dictadura llevaron adelante el operativo genocida entre el 20 y el 27 de julio de 1976 con los camiones y las listas negras que les aportó el dueño de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. El empresario fue imputado en 2012 por su complicidad con esos crímenes de lesa humanidad, pero tres años más tarde la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó “la falta de mérito”.
Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, explicó que volverán a movilizarse de Calilegua a Libertador para que se termine la impunidad y “continúe el juicio a Blaquier, que aún sigue procesado” junto al administrador de Ledesma, Alberto Lemos.
Además de exigir cárcel para los responsables civiles de la dictadura, las organizaciones repudiarán la represión de Cambiemos contra los azucareros de Ledesma y la persecución política a los dirigentes de la Tupac Amaru.
“No es menor la vinculación que existe entre el pasado y el presente, teniendo en cuenta que es el mismo responsable, que goza de impunidad, el que define el accionar policial con el aval, obviamente, del Gobierno actual de Gerardo Morales y Carlos Haquim”, sostuvo la ex candidata a gobernadora por el FIT, Natalia Morales, quien además exigió la libertad inmediata de Milagro Sala y su marido, Raúl Noro.
