Por Fernando M. López
“Belén está fuerte, expectante, por momentos angustiada, pero con muchas esperanzas. Siente que finalmente tiene voz, y eso es muy importante para cualquier persona”.
Así lo dijo su abogada, Soledad Deza, quien dialogó con Contexto tras visitar a la joven de veintisiete años en la Unidad Penitenciaria Femenina Nº 4 de Tucumán, en el marco de la marcha nacional que se realizó en reclamo de su libertad y anulación de la arbitraria condena que le impuso la Cámara Penal III de esa provincia.
Se trata de un caso que pone en evidencia el ensañamiento de un Estado patriarcal, expresado en “la tríada Sistema de Salud, Policía y Poder Judicial”, remarca Deza, para criminalizar a una mujer pobre desde los prejuicios de clase, la misoginia y la violencia de género.
El 21 de marzo de 2014, Belén ingresó con dolores abdominales a la guardia del Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán. Eran las 3:50 de la madrugada y le dieron un calmante sin revisarla. Horas después sufrió una hemorragia. Un médico le dijo que se quedara “tranquila”, que tenía “un aborto espontáneo”.
“Cuando me desperté estaba rodeada de policías. Un empleado de la Policía, uniformado, miraba mis partes íntimas. Después vino un enfermero con una cajita que tenía una cosita negra chiquita. Y me dice ‘este es tu hijo’. Yo le dije que estaba equivocado. Tipo 8 me pasan a una sala común con mamás y niñitos recién nacidos”, contó en una entrevista con el diario Página/12.
Los médicos la habían denunciado y el fiscal Washington Dávila dispuso su detención. Una vez que le dieron el alta, fue a parar directo al penal de mujeres. La acusaban de “aborto seguido de presunto homicidio”, una figura inexistente. Más tarde, recaratularon el expediente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.
Belén sostiene que ni siquiera sabía que estaba embarazada, no existen estudios genéticos que determinen un vínculo entre ella y el feto extraviado que le mostraron en el hospital y tampoco se probó el supuesto homicidio. De todos modos, los camaristas Dante Ibáñez, Rafael Macorito y Fabián Fradejas decidieron condenarla a ocho años de prisión el 19 de abril último.
Deza, que integra la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), comenzó a defenderla luego de la sentencia y logró llevar el caso hasta la Corte Suprema provincial, que tiene noventa días hábiles para resolver.
“Su atención médica y su proceso penal estuvieron plagados de irregularidades: violación del secreto profesional, torturas, contradicciones en el cuadro probatorio, una defensa técnica negligente y un Poder Judicial que, sin pruebas y apelando a prejuicios estereotipados de género, la condenó por ‘homicidio agravado por el vínculo’”, explicó la letrada.
El ministro fiscal de Tucumán, Edmundo Jiménez, dictaminó semanas atrás a favor de la anulación de la sentencia, al considerarla “arbitraria”, y observó que hubo irregularidades desde el comienzo de la investigación.
En otro pronunciamiento, dado a conocer hace dos días, Jiménez pidió que excarcelen a la joven porque la condena no está firme y su prisión preventiva carece de fundamentos. “No resulta compatible con los estándares mínimos de derechos humanos para las medidas privativas de la libertad y es contrario al principio de inocencia”, alegó al máximo tribunal.
Para Deza, los dos dictámenes “son muy significativos porque recogen todos los argumentos que hemos planteado en el recurso de Casación”, y, “si bien no son vinculantes, tienen una contundencia muy grande, por lo que creemos que la Corte tendrá poco margen para apartarse de ellos”.
A esto hay que sumarle la posición del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el mes pasado recomendó al Estado argentino la “inmediata liberación” de Belén y, “a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto”.
En este sentido, el organismo internacional instó a “asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.
Este viernes, desde las plazas de distintos puntos del país, se oyó fuerte el reclamo por la joven tucumana injustamente detenida y condenada. Las diversas organizaciones que conforman la Mesa por la Libertad para Belén también realizaron una concentración frente a la Corte provincial y otra frente al máximo tribunal de la Nación, en Capital Federal.
“Estas marchas son fundamentales porque, con el plazo de noventa días hábiles que tiene la Corte, la resolución podría llegar recién a fin de año o principios de 2017. Belén no puede estar presa un día más”, enfatizó la abogada.
