Por Hector Bernardo
“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, sentenció el filósofo romano Cicerón. Argentina parece no conocer esa frase.
Las continuidades entre la dictadura de 1976 y el Gobierno de Cambiemos se pueden ver en la política económica, el alineamiento con Estados Unidos, los discursos de sus funcionarios, la complicidad de Clarín y La Nación, el vínculo con los represores, el ataque a los organismos de derechos humanos e incluso en los apellidos de quienes compusieron “la pata civil” de entonces y que hoy integran el Gabinete, en otras palabras, en el proyecto de país que plantean. Lo más oscuro de la historia argentina volvió disfrazado de democracia.
Política económica
El 1º de abril de 1976, el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, aseguraba que se había “dado una vuelta de página”, se había “acabado el intervensionismo estatizante y agobiante”. Esa idea y todo su proyecto neoliberal se resumiría en un término que se volvió a oír en los noventa y que hoy vuelve a estar vigente en el Gobierno de Cambiemos: “Achicamiento del Estado”.
El país agroexportador, “el granero del mundo”, aquel concepto que en su momento Eva Perón definió como “la oligarquía con olor a bosta de vaca”, hoy huele a soja y encarna el mismo proyecto. Son las mimas personas que en la Rural hoy aplauden a Macri con la misma pasión que aplaudieron a Videla.
Otro elemento clave de aquella época y de hoy es la apertura de importaciones para bajar los precios internos, que frena la inflación limitando el poder de consumo y destruyendo las pequeñas y medianas industrias (pymes).
Alineamiento colonial
La intención explicita del presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que los militares intervengan en temas de seguridad (algo que está prohibido por ley), hoy utiliza la excusa de “la lucha contra el narcotráfico” como en aquel momento se usaba la de la lucha “contra el comunismo”. En aquel momento, articulada por Estados Unidos mediante el Plan Cóndor y la formación de militares en la Escuela de las Américas, hoy articulada por la DEA y el Comando Sur.
El mismo alineamiento internacional que, frente al “fantasma del comunismo”, hacía asegurar a los militares que en Argentina había que defender la moral “occidental y cristiana”, y que hoy lleva a recibir con loas la visita de Barack Obama y a su secretario de Estado John Kerry y asegurar que Argentina volvió a reinsertarse en el mundo.
Simbólico y concreto
El ataque a los organismos de derechos humanos, que se evidencia principalmente en la persecución judicial a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tiene su contrapartida en la prisión domiciliaria otorgada a uno de los máximos símbolos de la represión genocida, el comisario Miguel Etchecolatz. Beneficio que, en el transcurso de estos meses, ya ha sido otorgado a otros cincuenta represores.
Hebe judicializada y Etchecolatz a su casa, símbolo claro de una época. Algo que también se refleja en muchos de los apellidos de los funcionarios Cambiemos: Martínez de Hoz, Blaquier, Massot y hasta el propio Macri, todos integrantes de “la pata civil”, verdaderos beneficiarios de la dictadura.
Hombres y mujeres que cada día parecen tener menos intención de ocultar su posicionamiento. El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, fue el primero que tiró la piedra al poner en duda la cantidad de desaparecidos durante la dictadura. Recientemente, el propio presidente no sólo puso en duda la cantidad de desaparecidos, sino que, además, llamó “guerra sucia” (mismo termino que utilizaban los militares) a la represión genocida desatada durante el terrorismo de Estado, y ante la consulta de un medio internacional dijo que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo era una “desquiciada”; no son pocos los que recordaron que durante la dictadura, también ante la consulta de medios internacionales, los represores dijeron que las madres que daban vuelta el monumento de la plaza frente a la Casa de Gobierno eran “unas locas”.
En la misma línea, la canciller Susana Malcorra dijo que lo que ocurrió en esa época fue “un enfrentamiento asimétrico”, y este lunes, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que el Gobierno no apelará la prisión domiciliaria dictada a Etchecolatz, porque consideró que “tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa”.
Herederos materiales y simbólicos de la dictadura, la pata civil volvió como en aquel momento con el apoyo del diario La Nación y de Clarín, Héctor Magneto y Ernestina Herrera de Noble, que comenzaron a construir su oligopolio durante aquella larga noche y que hoy vuelven a intentar ensombrecer a la Argentina.
