Por Gabriela Calotti
Con clases de danza y obras de teatro al aire libre, clases de guitarra, de canto y de clown, la actuación de grupos de percusión, murgas y batucadas y una radio abierta, un centenar de espacios culturales de nuestra ciudad le exigieron al intendente de La Plata, Julio Garro, “la urgente firma y publicación del decreto reglamentario de la Ordenanza 11.301” que regulará el funcionamiento de los centros culturales alternativos, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante en 2015.
“Hoy nos encontramos en este Cabildo Abierto todxs lxs trabajadorxs de la cultura de La Plata unidos para tomar el espacio público con expresiones e intervenciones artísticas, para dar forma a nuestro reclamo y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ejecutivo municipal en la audiencia del jueves pasado”, afirmaron en un documento los impulsores de esta movida cultural que se realizó al aire libre en Plaza Moreno, frente a la intendencia platense.
Bajo el lema “La cultura no se clausura”, los espacios culturales nucleados en la Red de Espacios Culturales, en la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos (RECA), en la Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas de La Plata (UCECAA) y los centros independientes, exigieron el “cese de las clausuras arbitrarias e ilegítimas” de los espacios El Jacarandá, Casa de Cultura, Centro Cultural Olga Vázquez y Teatro Práctico.
“Repudiamos enérgicamente las persecuciones a la cultura independiente” que la política municipal puso en marcha en las últimas semanas, aseguraron las organizaciones que convocaron a este segundo Cabildo Abierto de 2016. De esa forma se refirieron a los “recurrentes intentos de desalojo” de la histórica Casa por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, la clausura de Milton Lugar, del Centro de Estudiantes Casa de Tandil, de La Mulata y de Pura Vida.
“EN ESTE CABILDO ABIERTO EXIGIMOS QUE SE REGLAMENTE LA ORDENANZA, PORQUE DESDE ENERO VENIMOS TRABAJANDO EN SU REGLAMENTACIÓN CON GUSTAVO SILVA, SECRETARIO DE CULTURA MUNICIPAL.”
“En este Cabildo abierto exigimos que se reglamente la Ordenanza, porque desde enero venimos trabajando en su reglamentación con Gustavo Silva, secretario de Cultura municipal”, afirmó a Contexto Natalia Rocha, del centro cultural Juana Azurduy, perteneciente a la Red de Espacios Culturales, antes de precisar que hasta que la reglamentación no sea publicada en el Boletín Oficial “no está amparada legalmente”.
La mujer aseguró que la reglamentación “va mucho más allá de la Secretaría de Cultura”, pues también involucra a la subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la aplicación del Código de Nocturnidad. En ese sentido, aseguró que las autoridades municipales que los recibieron el pasado jueves, tras una protesta y “clausura simbólica” de Control Urbano, ubicado en las calles 20 y 50, “se comprometieron a reglamentar la Ordenanza a partir del primero de septiembre, es decir, de mañana”.
Rocha consideró que la ausencia de la reglamentación puso en evidencia las “falencias” y la “falta de comunicación” en el seno del municipio entre las diferentes reparticiones que intervienen en la aplicación de la Ordenanza, que debe promover e impulsar los espacios culturales alternativos y no ser un obstáculo para su libre funcionamiento, en la construcción del patrimonio cultural de la ciudad.
En el marco de esa normativa municipal, que crea un registro de espacios culturales, estos deben presentar una serie de requisitos para obtener la habilitación correspondiente, que en un segundo paso les permitirá obtener subsidios municipales en función de las actividades y talleres que desarrollen. La normativa establece igualmente el derecho de esos centros a celebrar cuatro fechas de actividades nocturnas, es decir, hasta las dos de la madrugada.
Justamente a principios de esta semana, la concejal del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Florencia Saintout, participó junto a sus compañeros de bloque Guillermo Cara y Gastón Castagneto de una reunión con representantes de diversos espacios culturales alternativos que expresaron su preocupación por la demora en la reglamentación de la norma en cuestión.
“EN VEZ DE REGLAMENTAR LA ORDENANZA QUE ESTABLECE CRITERIOS CLAROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS LUGARES, EL GOBIERNO APELA A LAS CLAUSURAS CONSTRUYENDO UN IMAGINARIO NEGATIVO SOBRE ELLOS.»
“En vez de reglamentar la ordenanza que establece criterios claros para el funcionamiento de estos lugares, el Gobierno apela a las clausuras construyendo un imaginario negativo sobre ellos. Así, van generando una valoración negativa de la sociedad sobre esos espacios culturales que son tan importantes para nuestra ciudad», afirmó la edil, una de las impulsoras de la Ordenanza sancionada el 23 de septiembre del año pasado.
En principio, los espacios culturales tienen plazo hasta agosto de 2017 para inscribirse en el citado registro y obtener así la habilitación y los subsidios, aunque antes de llegar a esa etapa tienen que atravesar un complejo recorrido.
Entre las exigencias para la preinscripción e inscripción posterior figuran: DNI de los integrantes de la Asociación Civil (presidente, secretario y tesorero), aunque esta no esté ni siquiera iniciada legalmente; un contrato de alquiler o de comodato que certifique que pueden utilizar ese espacio, que puede ser una casa particular y no necesariamente un local comercial; un proyecto de planificación anual; una planilla con la declaración de bienes o inventario; certificación de la antigüedad del espacio previo a la Ordenanza; un seguro de responsabilidad civil y un servicio de ambulancia.
Tras la protesta de la semana pasada, Garro se comprometió en rueda de prensa a firmar la reglamentación de la Ordenanza que otorga una habilitación provisional de un año para que los centros culturales adecúen sus espacios, en particular en materia de seguridad.
“Somos los principales interesados en funcionar en ámbitos seguros y aptos tanto para nosotros como para todos aquellos que transitan los talleres y las diversas actividades”, afirmó el documento leído el miércoles en Plaza Moreno.
Ahora bien, mientras el Gobierno platense de Cambiemos sigue sin reglamentar la normativa pese a las declamaciones públicas, clausurando espacios culturales sin ninguna demora, hace la vista gorda a las fiestas clandestinas y a la actividad en boliches y discotecas donde acuden miles de jóvenes y adolescentes.
“Nosotros cumplimos un rol en la sociedad que va en contra de los boliches que están en manos de los mismos dirigentes”, afirmó Rocha.
En ese sentido, el bloque del FpV Nacional y Popular elevó al Ejecutivo municipal un pedido de informe sobre el procedimiento para la inspección de bares, discotecas, confiterías bailables y bares con manifestaciones artísticas en la ciudad. En dicho informe solicita que se precisen los “requisitos básicos para la apertura de los locales comerciales” y los “criterios de clausura”.
El objetivo de este pedido es “contar con información clara y precisa sobre los procedimientos para la inspección” de dichos establecimientos en el marco de los “constantes conflictos” que existen con las habilitaciones. Pide al Ejecutivo que “explicite las normativas internas” con las cuales las distintas dependencias municipales llevan adelante las tareas de inspección y control.
Los espacios culturales alternativos de La Plata reivindicaron el valor de la Ordenanza 11.301. “Necesitamos urgentemente que se lleve adelante el fomento que plantea la Ordenanza y que el municipio cumpla lo acordado”, afirmaron en su documento, en el que se definieron como “articuladores políticos y sociales, nucleadores productivos de valores tangibles e intangibles”.
“Promovemos la cultura libre, popular, alternativa y generamos trabajo, entendiéndonos quienes militamos, transitamos y hacemos los espacios culturales como trabajadores de la cultura y el arte”, subrayaron en el mismo texto.
En palabras de la representante del centro Juana Azurduy, la Ordenanza es lisa y llanamente “una conquista, un quiebre en la vida cultura de La Plata y un ejemplo para todo el país”, porque no es una Ordenanza que imponga controles, sino que es el Estado el que brinda herramientas” para promover y desarrollar la actividad cultural alternativa.
