Por José Manuel Welschinger Lascano
A menos de una semana de que comiencen las audiencias públicas por el tarifazo de gas, el Gobierno nacional continúa incumpliendo el fallo de la Corte Suprema en el que instó al Poder Ejecutivo a divulgar la información referente a los aumentos en los servicios. Reunidos con el ministro Aranguren, el pasado jueves, los representantes de las asociaciones civiles que velan por los derechos ciudadanos interrogaron al titular de Energía, preocupados ante esta demora. “Hagan juicio, si quieren”, fue la única respuesta del ex CEO de Shell Argentina.
Ante esta postura del Gobierno, que está decidido a encauzar la cuestión exclusivamente por la vía judicial en lugar de cumplir con su responsabilidad política, cabe suponer que la ciudadanía llegará a las audiencias del próximo viernes 16 sin contar con la información suficiente como para comprender los motivos de las subas. Sin embargo, son muchos los profesionales y referentes que ya están en campaña para difundir y explicar al público los datos que se encuentran disponibles.
Entre ellos se destaca Federico Bernal, director general del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC). En diálogo con Contexto, comentó cuál es el trabajo que se encuentra realizando el observatorio, y además explicó los motivos detrás de esta necesidad del Gobierno de ocultar la información.
-¿Cuál es el objetivo que se propuso el OETEC con estas actividades de divulgación?
-Nuestra intención desde el Observatorio es realizar un aporte más a la ciudadanía, para ayurdarla a desentrañar en qué consiste esta nefasta política energética de la Administración macrista. Lo que hacemos es suministrar información, analizando la cuestión energética nacional y poniendo bajo la lupa las decisiones tomadas en los últimos meses por el accionista de Shell y ministro de Energía Juan José Aranguren.
–¿Nos encontramos actualmente en una pulseada por la información? ¿Puede el Gobierno negarse a presentarla antes de las Audiencias Públicas establecidas legalmente?
-La actitud del ministro es lamentable, arengando a las asociaciones civiles a continuar judicializando esta cuestión de los aumentos. Las asociaciones ya fueron a la Justicia, y el pasado 28 de agosto la Corte le ordenó al Poder Ejecutivo de la nación que brindara información adecuada y veraz, como obliga el artículo 42 de la Constitución. Actualmente todavía estamos lejos de lo que la Justicia dictó, y la verdad es que la información provista por el Gobierno es realmente lamentable, porque no habla del tema más importante: la rentabilidad que las empresas pretenden obtener a raíz del tarifazo.
-¿Es importante que se divulgue esa información? ¿Qué sucede si se llega al viernes 16 sin que el Gobierno la haya presentado?
-Esto es algo que no se puede permitir, porque se trata de un servicio público que es pagado por la población; y el precio del gas en boca de pozo, que es lo que va a pagar el Estado, también surge de nuestros impuestos. Ellos no quieren abrir los cuadros de costos porque entonces se sabría cuál va a ser su rentabilidad, y eso viola lo dispuesto por la Corte Suprema; porque sin esa información se vuelve imposible conocer en qué medida los aumentos propuestos desde el Gobierno son racionales, más allá de que todos podemos entender que un aumento súbito del 200% es un golpe brutal para los sectores de menores ingresos.
-¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno insiste en no informar a la ciudadanía?
-El motivo de esta ausencia de información es bastante sencillo: no hay un Ministerio de Energía, sino una cámara de empresas con poder de ministerio. Desde Aranguren hacia abajo, todos los secretarios y subsecretarios provienen del sector privado, y tienen conflictos de intereses porque representan a particulares. Las políticas que esta cámara empresarial está implementando, el marco regulatorio que planea instalar, explica suficientemente por qué quieren impulsar un tarifazo; así como al mismo tiempo explica la negativa, por parte del ministro Aranguren, de entregar la información que la Justicia le ordenó poner a disposición del público.
-Esta información, ¿es de carácter público o confidencial?
-Parte de esa información es confidencial, porque tiene que ver con los números de las empresas privadas; pero si se analiza todo lo que viene sucediendo, especialmente respecto del profundo nivel de judicialización que cobró el tema, lo que deberían hacer es abrir sus cuadros de costos para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando.
-Entonces no sería exagerado decir que hay un enfrentamiento por la información entre el pueblo y sus representantes
-No hay una disyuntiva entre el Gobierno y el pueblo, sino más bien entre las empresas que están al frente del Gobierno y el pueblo. De la misma forma, tampoco se puede hablar de un enfrentamiento contra el Estado, porque lo que está pasando es que el Estado está cooptado por empresas privadas y corporaciones. Digamos que, si ya naturalmente hay una asimetría entre el Estado y el individuo, entonces ni hablemos de lo que sucede cuando un puñado de empresas toma la gestión pública en su propio beneficio.
-¿Cómo funciona esta cooptación del Estado que usted menciona?
-Todos los apellidos de los actuales funcionarios de energía provienen de la industria petrolera, también con profundos vínculos con la distribución y comercialización de la energía eléctrica. Además, el subsecretario de coordinación de políticas tarifarias fue diez veces testigo en representación de empresas que litigaron contra el pueblo argentino; es decir que la cuestión difícilmente podría estar más clara.
-Volviendo al tema de las audiencias, ¿el Gobierno entonces está eligiendo no presentar la información porque los datos no respaldan las medidas que se planea implementar?
-En cierto sentido, lo único que no pueden explicar es que la rentabilidad que ellos pretenden quedaría por fuera de los esquemas de lo que se entiende como un servicio público y un derecho humano. Fundamentalmente, el problema aquí es que sus pretensiones no están acordes a la situación actual de recesión, donde la idea es que todos nos ajustemos cada vez más los bolsillos sólo porque ellos quieren favorecer a sus empresas.
-¿Existe actualmente una política de Estado en materia energética? ¿Cómo es esa política?
-Esta política es una rotunda anarquía de mercado. Quieren forzar el esquema hacia una desregulación absoluta del mercado energético, que sea funcional a sus ganancias mediante el encarecimiento del producto. La energía ya está escaseando, y los efectos de esta política van a producir una bola de nieve que nos va a dejar, como en la década del noventa, en una situación en la que al país le sobra la energía mientras que el pueblo y el aparato productivo quedan desmantelados. La idea parece ser que regresemos a un modelo de exportación, como han anunciado, pero porque se reduce la cantidad de usuarios que acceden al servicio. Lo que deberían hacer, en realidad, es apuntar a la producción para el mercado interno y en todo caso utilizar el sobrante para formar una reserva federal que garantice a futuro el abastecimiento, en función de metas de crecimiento que apunten al fortalecimiento del Producto Bruto Interno.
-¿Existe un plan general de desinversión por parte del Gobierno?
-Totalmente. Siempre la administración neoliberal gira en torno a la reducción de lo que ellos interpretan como gasto público, y que nosotros llamamos inversión productiva. Por supuesto que el sector energético sufrirá también un duro impacto en el plano laboral; y de hecho ya estamos viendo cómo se preparan despidos masivos, cómo caen estrepitosamente las inversiones, y cómo se está afectando la perforación de pozos. Está claro que todo esto va a repercutir especialmente sobre YPF.
-Con todo esto, ¿es real que se pueda llegar al autoabastecimiento energético siguiendo la receta neoliberal?
-Posiblemente, de continuar sobre este camino y especialmente si Macri se sostiene más allá de 2019, se conquiste la tan aclamada meta del autoabastecimiento: pero eso se va a conseguir sobre la exclusión popular, con un aparato industrial y productivo diezmado. Cuando eso suceda, claramente va a sobrar la energía y se volverá a la exportación, como pasó durante el menemismo, que es el período que ellos ponderan. Recordemos, sin embargo, que durante esos años la Argentina terminó con un 50% de la población en situación de pobreza, el 25% de desempleo, y prácticamente todo el sector industrial quebrado. Así resulta muy sencillo para cualquier Gobierno llegar al autoabastecimiento.
