Por Alejandro Palladino
En julio, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció la creación de un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (Ley 11.922), para que la Justicia brinde apoyo a las víctimas de hechos delictivos. “Para poner a la víctima en el centro del proceso penal”, expresa el proyecto.
La repercusión que produjeron los tres casos de justicia por mano propia en las últimas semanas y el apoyo del propio presidente a estos accionares ubicaron el tema en la cima de la agenda mediática. Desde el Ejecutivo dijeron que entre jueves y viernes presentarán el proyecto en la Legislatura, junto con otro que busca modificar la Ley de Ejecución de las penas privativas de la libertad, con el mismo fin de darle mayor injerencia a la víctima.
Tras el asesinato que cometió el carnicero de Zárate, que atropelló con su auto al ladrón que previamente le había robado en su local, al ser consultado por los medios, Macri dijo: «Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia, la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué pasó la muerte que hemos tenido».
También Vidal fortaleció en los medios este posicionamiento de construir un escenario dicotómico en el que hay un “ciudadano sano” y un otro desechable.
En el proyecto de la gobernadora de reforma del Código Penal se puede leer que “profundiza los derechos y atribuciones de la víctima a lo largo del proceso penal. En particular, se habilita a la víctima a intervenir en la etapa de ejecución, encontrándose, en la redacción actual de la norma, expresamente excluida”. Y agrega: “se da a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena. También se la incluye para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición”.
En ningún momento el proyecto refiere a la prevención de los hechos delictivos, al cuadro social que en muchos casos lleva a situaciones de este tipo.
Qué opinan los especialistas
En diálogo con Contexto, Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, afirmó: “La mejor asistencia a víctimas es prevenir, evitar que las haya. Para eso es bueno que el Estado no fabrique más víctimas creando desempleo, fundiendo pymes y empeorando las condiciones sociales que, como sabe cualquiera por experiencia mundial, aumenta la tasa de delitos contra la propiedad y también los intrafamiliares”, sostuvo el jurista.
“Una ley de asistencia a víctimas es innecesaria: el Estado debe asistir a toda persona que tenga una necesidad, víctima y no víctima. Para eso está; si no lo hace, está de más el propio Estado.”
Zaffaroni se expresó sobre el caso del carnicero: “La legítima defensa cesa cuando ha cesado la agresión, o sea que matar a un delincuente reducido no es legítima defensa. El único bien que no se puede defender legítimamente es el orden jurídico, porque para eso está la Policía y los jueces. De lo contrario se autorizarían las bandas de ‘justicieros’, como la ‘mano negra’ nazista».
En referencia a los dichos de Mauricio Macri sobre quiénes son ciudadanos y quiénes no, el jurista sostuvo que “son imprudentes y, como siempre, apunta a una fea fragmentación de la sociedad. Que el carnicero no debe estar preso lo comparto, pero tampoco deberían estarlo la mitad de los presos no condenados que tenemos, de lo que parece que nadie se preocupa”.
Por su parte, Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea y director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, se mostró a favor de la reforma penal que amplía los derechos de las víctimas, aunque no cree que este Gobierno en particular, al presentar el proyecto, tenga la intención de fortalecer los lazos sociales.
“Si desde aquellos que cultivamos los derechos y las garantías no tendemos un puente de diálogo y comprensión a las víctimas y afectados, víctimas y damnificados salen disparados para los peores lugares, hacia los sectores más fascistas de la sociedad.”
Juliano explicó que “la regla general de este tipo de casos no es como lo que pasó con el carnicero”. Agregó que existe una figura “estereotipada” sobre las víctimas que salen en busca de venganza por mano propia. “Hay otras personas afectadas por episodios delictivos que están en condiciones de entender que hay mejores soluciones que la prisión, por lo menos para los conflictos menos graves”.
Juliano dudó que, más allá del proyecto que beneficia a las víctimas de los hechos delictivos, la alianza Cambiemos tenga un propósito de conciliar las complejas consecuencias que generan estos hechos: ”El bonaerense y el nacional son Gobiernos que en términos generales justamente no son los más identificados con los derechos y las garantías”.
Por último, Mercedes Calzado, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del CONICET y autora del libro Inseguros, dijo a Contexto que el proyecto de Vidal “es una medida efectista que busca fortalecer la dicotomía entre un nosotros y un ellos”.
