Por Alejandro Palladino
A ocho meses de la detención de Milagro Sala, el hostigamiento llevado a cabo entre el Gobierno radical de Gerardo Morales y el Poder Judicial contra la organización social Tupac Amaru sumó ayer un nuevo capítulo.
A pocas horas del encuentro del lunes entre el Comité por la Libertad de Milagro Sala, el ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, en el que exigieron por la libertad de Sala, la Tupac denunció que el Gobierno de Morales impulsó el arresto de Graciela López, dirigente muy cercana a Milagro Sala e integrante de la Red de Organizaciones Sociales, una entidad que funciona de manera estrecha a la Tupac Amaru. Con el apresamiento de López, son doce los casos de referentes de la organización que preside Milagro Sala detenidos en los últimos meses.
Para la Tupac, la nueva detención es un “revanchismo” luego del encuentro del lunes con el ministro de Justicia. “Funcionan desde la lógica de acción-reacción, vía aparato represivo y vía Poder Judicial. Después de la Marcha Federal hubo allanamientos. Lo mismo pasó luego del reclamo popular que hicimos en febrero cortando la ruta, cuando detuvieron a seis dirigentes y hubo múltiples allanamientos”, dijo a Contexto Ariel Duarte, abogado de la Tupac Amaru.
El operativo ejecutado por el fiscal Alejandro Bossatti por orden del juez de Control N° 4 Isidoro Cruz tuvo como motivo una causa contra Graciela López por presunto “fraude a la administración pública y extorsión». Desde la Tupac sostuvieron que no hay pruebas concretas y que la detención se funda en acusaciones.
El arresto se produjo luego de que el lunes un operativo allanara violentamente la casa de Graciela López. A su vez, la Tupac Amaru acusó que ese accionar represivo fue una respuesta a la denuncia que López hizo el viernes pasado a una comitiva sobre la situación de hostigamiento y persecución policial que atraviesa la provincia de Morales. Esa comitiva acudió a Jujuy para juntar denuncias y evaluar el cuadro social, político y de derechos humanos de la provincia, y estaba compuesta por referentes del FpV, del PTS, del CELS y de organismos de derechos humanos locales.
“Como abogados defensores, pedimos una copia del expediente cuando la detuvieron, pero no tuvimos respuesta. Es una causa más que se arma con denuncias. no tiene un anclaje en pruebas verosímiles”, dijo Ruarte.
Por su parte, Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, afirmó que «no nos sorprende que unas horas después de haber difundido que mantuvimos una reunión productiva con el Ministerio de Justicia de la Nación tomen esta decisión que no hace más que aumentar el nivel de persecución que se vive en el feudo de Morales».
Juan Manuel Esquivel, legislador provincial, también asoció la detención de López con las exigencias que presentó el lunes el Comité por la Libertad de Sala: «Fuimos muy claros en la reunión que mantuvimos con el ministro respecto a los niveles de persecución en Jujuy y a la suspensión del Estado de derecho en la provincia”. Y añadió, en referencia a las detenciones de los dirigentes sociales de la Tupac Amaru: “Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con jueces imparciales y en el que se cumplan todos los procedimientos legales. En Jujuy hoy detienen por detener. Todas las investigaciones se deberían realizar con las personas en libertad en tanto no hay ni riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación».
Además de Graciela López, los detenidos ilegales de la Tupac Amaru son: Milagro Sala, su esposo Raúl Noro (a quien se le otorgó la prisión domiciliaria), Patricia Cabana, Gladis Díaz, Mirta Aizama, Miguel Ángel Sivila, Iván Dante Altamirano, Alberto Cardozo, Elba Jesús Galarza, María Molina y Mirta Rosa Guerrero.
En el encuentro con Garavano, además de exigir la libertad de Sala, el Comité le presentó un documento en que denuncian que los detenidos se encuentran en condiciones precarias, son hostigados y reciben sanciones sin causa y sin derecho a ejercer defensa. Además, precisan que los reiterados allanamientos en los domicilios de los dirigentes fueron violentos, con destrozos de muebles y sustracción de bienes personales.
