Por Fernando M. López
Los bloques de concejales platenses del Frente para la Victoria presentaron ayer un pedido de informe al Ejecutivo municipal por diversas irregularidades y hechos delictivos que comprometen al intendente macrista Julio Garro.
El proyecto al que tuvo acceso este medio enumera una serie de casos sobre los cuales Garro no ha dado respuestas ni explicaciones en los últimos nueve meses, como la brutal represión del 8 de enero a trabajadores municipales despedidos que se movilizaron hasta las puertas de la Municipalidad y las denuncias sobre funcionarios acusados de exigir parte de la remuneración de cooperativistas.
Allí también figura la imputación contra el secretario de Seguridad, Daniel Piqué, por la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí en una fiesta ilegal de fin de año. Los testigos de la causa aseguran que él fue quien dio la orden de retirar al personal policial que debía impedir la realización del evento. No obstante, al ser indagado la semana pasada por el fiscal Álvaro Garganta, el secretario descargó todas las responsabilidades sobre el titular de Control Urbano, Roberto Di Grazia.
Si bien aún no están acusados formalmente, como Piqué, en la causa Emilia aparecen otros subordinados de Garro, entre ellos el subsecretario del Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia, y varios directores municipales: Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización) y Gerardo Gioglio (Nocturnidad).
El pedido de informes de los concejales subraya además que Ariel Maydana, prófugo por el doble crimen de Gorina, ocurrido en agosto último, “se desempeñaba como una de las personas más cercanas al actual director de Nocturnidad”.
Gioglio no es el único director bajo sospecha. Los ediles recuerdan que Jorge Butrón, a cargo de Economía Social, fue denunciado por los microemprendedores de las ferias que funcionan en las plazas de la ciudad por el presunto pedido de coimas para habilitaciones; mientras que al director del Cementerio, Jorge Greifenstein, le abrieron una causa por encerrar y amenazar a un joven de diecinueve años cuando realizaba los trámites de reducción y traslado a nicho del cuerpo de su madre.
Otro caso sobre el que Garro nunca dio explicaciones fue el del ex director del Consejo de la Tercera Edad, Eduardo Chávez, histórico dirigente macrista y fundador del PRO platense. Chávez debió renunciar cuando se descubrió que manejaba una agencia de viajes y turismo dentro de la dependencia municipal que tenía a su cargo. A este escándalo se le sumaron acusaciones por maltrato a jubilados y acoso a empleadas.
Antes ya había dimitido el subsecretario de Centros Comunales, Dardo Alejandro Saavedra, un policía exonerado en 2008 por integrar una banda de piratas del asfalto. Los concejales buscan saber si el intendente tenía conocimiento de los múltiples antecedes penales de Saavedra al momento de designarlo como funcionario.
En el pedido de informes del FpV también se mencionan los caso de Daniel Quiroga, ex delegado municipal de Villa Elvira, acusado por abuso sexual a una trabajadora cooperativista; Marcelo Barragán, que cumplió funciones de manera informal como delegado de San Lorenzo hasta ser detenido por el robo millonario al McDonald’s de calle 47; y Federico Braccini, actual delegado de San Carlos, quien enfrenta una denuncia penal por atropellar intencionalmente a dos hermanos, Iván y Damián Pérez.
Asimismo, se señala el caso del empleado municipal que efectuó disparos y agredió a vecinos del Barrio Savoia, cuando querían entregarle un petitorio a Garro en el marco de la feria gastronómica PICURBA de City Bell, el pasado 23 de abril.
“Todos los hechos que se vienen sucediendo desde enero generan una gran preocupación y hasta ahora no se sabe si hubo sumarios o investigaciones administrativas por parte del Ejecutivo. Más allá de lo judicial, que tiene su propia marcha, necesitamos que el intendente nos dé explicaciones políticas”, reclamó Pedro Borghini en diálogo con Contexto.
Para el concejal, la de Garro es “una gestión que no termina de arrancar, con diversos problemas en la recolección de residuos, el transporte público y las cooperativas, a las que no les pagan”, pero sobre todo “con muchas denuncias en su contra y cruces en el propio oficialismo”.
Borghini detalló, finalmente, que desde el FpV quieren indagar al jefe comunal sobre el robo a su casa, en particular sobre la posibilidad de que haya “personas de su entorno” vinculadas al hecho y “la razón por la cual el acusado Masana habla de sumas millonarias”.
En su reciente declaración indagatoria, Patricio Masana, suboficial de la Bonaerense implicado con los asaltantes y único detenido en la causa, dijo a la fiscal Virginia Bravo que lo sustraído de la vivienda fueron 4,5 millones de dólares, y no 25 mil pesos como denunció Garro.
