Por Agepeba
El abogado Héctor Pedro Robledo trabajaba en la Embajada argentina en México desde el año 2007, como jefe de RR.HH. Hace un par de años, contrajo fibrosis pulmonar, una enfermedad degenerativa de consecuencias fatales, y se le advirtió que en breve sería inevitable recurrir a un doble trasplante pulmonar, con todos los riesgos que eso implica para un paciente de 65 años.
Ante este cuadro, Robledo aceptó comenzar en el Distrito Federal un tratamiento con una droga experimental llamada Pirferidona, mientras que se comisionó al Dr. Aguirre, miembro de la Dirección de Salud de Cancillería, para que viajara y constatara el caso.
Al ver su estado con favorable respuesta a la droga, que le permitía desarrollar tareas normales con asistencia de oxígeno, determinó la conveniencia de que el funcionario argentino permaneciera en México, continuara con ese tratamiento y siguiera al frente de su trabajo.
Sin embargo, las autoridades de la Cancillería ordenaron que Robledo regrese a Buenos Aires y ahí comenzó una batalla legal, porque el tratamiento que podría recibir en Argentina es con otras drogas que lo ponen en riesgo de intoxicación hepática.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 le otorgó una medida de amparo, confirmada en segunda instancia y disponiendo que el Palacio San Martín se abstuviera de trasladar a Robledo al país; pero de todos modos, la canciller Susana Malcorra y su director general de Recursos Humanos, Jorge Luis Molina Arambarri, decidieron el 6 de agosto darlo de baja y privarlo de su sueldo.
Robledo siguió trabajando normalmente, aún sin percibir sueldo, hasta que la semana pasada llegó una instrucción al embajador argentino en México para que le retirara toda documentación que lo acreditaba como miembro de la sede, el pasaporte diplomático argentino y todas sus credenciales, se le prohibiera el ingreso a la Embajada y se le dieran cinco días de plazo para salir del país.
De esta forma, se lo dejó sin sueldo, sin cobertura médica –pese a su estado de salud–, indocumentado, ilegal en territorio mexicano, en un limbo migratorio e impedido de hacer uso de su propio vehículo sin chapas patentes. Tampoco puede operar sus cuentas corrientes, porque para extraer fondos se requiere presentar documentos, ni sacar sus efectos personales en franquicia ni transportar su vehículo para discapacitado.
Según explicaron sus allegados, en estas circunstancias, Robledo se ve imposibilitado de asistir a realizarse los estudios y controles para lograr que su médico pueda autorizar su viaje.
“Se trata de caso serio de abandono de persona, que puede hasta acabar con su vida. Es una clara violación de los derechos humanos esenciales, a la salud y a la vida”, agregaron.
En un comunicado, también denunciaron que Malcorra se ensaña con el funcionario por ser “hijo del histórico dirigente peronista Ángel Federico Robledo, quien fuera ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, ministro de Relaciones Internacionales y Culto durante el tercer gobierno del General Perón, y ministro del Interior durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón”.
