Por Gabriela Calotti
Organizaciones defensoras de los derechos de gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero y bisexuales, respaldados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), exigieron al intendente de La Plata, Julio Garro, y a la gobernadora, María Eugenia Vidal, que implementen sin más dilación la Ley Provincial de Cupo Laboral Trans 14.783 que establece que el 1% de los trabajadores estatales y municipales debe pertenecer a ese colectivo, tal como anunció que ocurriría en julio pasado el secretario de Derechos Humanos de la provincia.
“El municipio debe apurarse con la implementación de la Ley de Cupo Laboral, porque las personas trans no tenemos mucho tiempo, nuestra expectativa de vida ronda los 35 años y en el camino van quedando muchos.”
“El municipio debe apurarse con la implementación de la Ley de Cupo Laboral, porque las personas trans no tenemos mucho tiempo, nuestra expectativa de vida ronda los 35 años y en el camino van quedando muchos”, por razones de salud y por la exposición a la violencia que enfrentan al tener que prostituirse para ganarse la vida y no tener acceso a una obra social y atención médica adecuada, afirmó el miércoles Valentina Pereyra, empleada del municipio, durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de ATE en La Plata.
El caso de Valentina se convirtió en punta de lanza para reclamar la aplicación de la normativa aprobada el 15 de septiembre de 2015 por diputados y senadores bonaerenses. En mayo pasado, la jueza María Ventura Martínez hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el CeProDH para que Valentina fuera reincorporada a su puesto de trabajo, pero recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo falló a favor del Municipio y ahora está en la cuerda floja.
“En cualquier momento me pueden echar”, sostuvo Valentina, antes de subrayar que el 90% de las personas trans tienen como única salida la prostitución, donde están expuestas a la violencia policial de manera permanente”.
Según Luz Santos, abogada del CeProDH, “la Ley es operativa hoy mismo. Es muy clarita: el Estado provincial y los municipios deben implementarla ya”.
Según el artículo 1 de esa normativa, “el Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.
A raíz del fallo de la Cámara de Apelaciones, Santos indicó que “ahora pedimos a la Suprema Corte que falle al respecto y se pronuncie”.
Desde la sanción de la ley provincial, diversas organizaciones impulsaron un proyecto de Ordenanza ante el Concejo Deliberante platense para que se cumpla La Ley de Cupo Laboral Trans. Más de una decena de Concejos Deliberantes de la provincia pidieron a Vidal que aplique la Ley en cuestión en virtud del artículo 2 de la normativa, según el cual el “alcance de aplicación” comprende al “Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.
Las contradicciones en el macrismo bonaerense
La aplicación de la Ley debería beneficiar a unas 6.000 personas trans, si consideramos que los empleados públicos bonaerenses son unos 600.000.
En julio pasado, el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, que se reunió con ocho organizaciones LGTB para avanzar en la reglamentación de la Ley, dijo que esperaba poder implementarla “en los próximos meses”. Sin embargo, la aplicación de esa ley choca de frente con decisiones adoptadas por Vidal desde su llegada al cargo, como dictar la Ley de Emergencia Administrativa y el Decreto 618 que suspendieron por un año las designaciones de personal de planta permanente y de planta transitoria en la Administración pública bonaerense.
Y esto sin olvidar las polémicas declaraciones de Garro durante la campaña electoral en 2015, cuando aseguró: «No se me ocurriría darle trabajo a un travesti, porque sería como dárselo a alguien que está fuera de la ley. Pensaría en darle apoyo psicológico y desde lo médico».
Las presentes reclamaron además el acceso integral a la salud de las personas trans y criticaron un editorial del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, publicado el martes en un diario local, en el cual el prelado ultraortodoxo cuestiona el decreto que reglamenta un artículo de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género aprobada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner referido a las intervenciones quirúrgicas parciales o totales y los tratamientos hormonales a los que pueden acceder las personas trans.
Con el mayor desdén, Aguer afirma que ello se hace “en la Argentina de hoy a coste y costas de todos los ciudadanos”, y agrega con soberano desprecio hacia el colectivo trans: “A usted, amigo lector, le meterán la mano en el bolsillo para pagar las mencionadas operaciones, tan necesarias, al parecer, para asegurar la identidad de género de una ínfima minoría de la población”.
“Me parece patético lo de Aguer, sobre todo que se queje de los subsidios del Estado cuando la Iglesia está subsidiada por el Estado desde siempre”, sostuvo Valentina. Vanesa Cuello, activista independiente, se declaró “sumamente preocupada por la situación de transfobia y profunda homofobia” que se está generando en la sociedad y que “está imponiendo este modelo”.
De allí que “necesitamos un plan de lucha nacional para que se cumpla la Ley de Cupo”, coincidieron las representantes de las diversas organizaciones que el próximo fin de semana participarán en Rosario del 31º Encuentro Nacional de Mujeres.
Pilar Martín, delegada de ATE de la junta interna de la Municipalidad, consideró que “esta lucha tiene que ver con el desafío de que esto se debata en los lugares de trabajo. La lucha debe ir acompañada con una perspectiva de género”, sostuvo. “Tenemos que seguir peleándola día a día para que se implemente esta Ley”, reafirmó.
