Por Miguel Croceri
Casi con total certeza fue Horacio Verbitsky, desde sus habituales notas en el diario Página/12, quien acuñó el neologismo «opoficialistas».
Alusivo a una oposición oficialista, mezcla de ingenio y de filosa ironía para la crítica, pasó a resultar muy expresivo de la realidad política argentina tal como fue conformándose desde que asumió Mauricio Macri. Es que, en resumidas palabras, el Gobierno macrista ha podido y puede sancionar las leyes y los nombramientos –de jueces de la Corte, por ejemplo– que están dando vuelta por completo el modelo de país forjado durante los doce años y medio de Gobiernos kirchneristas, gracias a que cuenta en las dos Cámaras del Congreso con el apoyo de legisladores que, en lo formal y declamativo, forman parte de la oposición.
Sólo para citar el ejemplo más rotundo, debe resaltarse el respaldo que una abrumadora mayoría de fuerzas políticas ajenas al oficialismo dieron al pacto con los fondos buitre.
(Puede leerse la crónica del diario Ámbito cuando el pacto fue votado por los diputados: http://www.ambito.com/831357-diputados-aprobo-el-acuerdo-con-los-buitres-para-salir-del-default).
Otro caso menos comentado pero de trascendencia estratégica fue la votación ampliamente mayoritaria desde la bancada del Frente para la Victoria en el Senado a favor de los dos nuevos miembros propuestos por Mauricio Macri para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
(Acceso a noticia de la agencia Télam sobre esa votación de los senadores: http://www.telam.com.ar/notas/201606/151549-senado-pliegos-corte-suprema.html).
Esa complicidad de la oposición clausuró por largo tiempo –quizás por décadas, teniendo en cuenta que los jueces son vitalicios– la chance de conformar una Corte con diversidad ideológica y de género, y abierta a los procesos de transformación de las estructuras económicas y sociales. El tribunal con más poder para decidir sobre la vida y los bienes de los argentinos y argentinas quedó, en cambio, con una conformación que se destaca por su matriz ideológica conservadora, sus relaciones funcionales con las corporaciones y su afinidad con los intereses de Estados Unidos en nuestro país y en toda Latinoamérica.
Una Corte perfectamente integrada al bloque de poder dominante, garantía de freno a los avances populares y a la democratización de las estructuras de la sociedad. Es lo que ciertas corrientes del pensamiento jurídico de derecha consideran que así debe ser. Que el Judicial tiene que actuar como un poder “contramayoritario”.
Avenida del medio
Un sustento básico que tiene el macrismo en el Parlamento proviene de los legisladores que fueron elegidos en las listas de Unión por una Nueva Alternativa (UNA), la alianza armada para las elecciones del año pasado por Sergio Massa y José de la Sota. En ese espacio, el sector principal es el Frente Renovador massista, que sin embargo no utiliza tal nombre en el Congreso.
La mencionada UNA carece de representación en el Senado, excepto algunos aliados. En la Cámara de Diputados está dividida formalmente en dos bloques, encabezados respectivamente por Graciela Camaño y Claudia Rucci, pero que a la vez actúan como un interbloque llamado Federal Unidos por una nueva Argentina (FUNA), cuyo presidente es Massa. Con 37 integrantes sobre un total de 256 miembros que tiene la Cámara, dicho interbloque no tiene un peso numérico alto en sí mismo, pero su valor es suficientemente crítico –decisivo, determinante– para que el oficialismo pueda formar mayoría.
La función del massismo en la dinámica política argentina de hoy es su flagrante opoficialismo de dos caras: sólido aliado del Gobierno para votar en el Congreso, pero crítico en los medios de comunicación, las redes sociales y todas las apariciones públicas por fuera de la función legislativa.
Esa dualidad entre una práctica parlamentaria oficialista y un discurso mediático opositor o al menos crítico traduce el posicionamiento de Massa y de todo el sector que él lidera para constituir su identidad política hacia los próximos años, y en primer lugar con vistas al venidero 2017, cuando se realicen elecciones parlamentarias.
El propio jefe del espacio ha apelado reiteradamente a la metáfora de la “ancha avenida del medio” para diferenciarse tanto del kirchnerismo como del macrismo. Se trata de una afinada y meticulosa estrategia basada en estudios de marketing político. Si dentro de un año el propio Massa o su esposa Malena Galmarini ganan los comicios para senador nacional por la provincia de Buenos Aires, el posicionamiento habrá demostrado eficacia, al menos para esa ocasión. Luego, la próxima meta será la elección presidencial de 2019.
Tránsfugas
El otro pilar fundamental de apoyo en el Congreso para la gestión que encabeza Macri proviene de senadores y diputados que llegaron a sus bancas en las listas del Frente para la Victoria. Dentro de ese frente, quienes así actúan pertenecen al peronismo o justicialismo (es indistinto en este caso la denominación que se use), y no a las fuerzas aliadas.
Son legisladores que fueron elegidos para representar a un proyecto político determinado, pero luego pasaron a respaldar a otro que tiene características político-ideológicas en gran medida antagónicas. Son tránsfugas, en el sentido de dos de las acepciones con que el diccionario de la lengua de la Real Academia Española (RAE) define el término: 1) persona que pasa de una ideología o colectividad (política) a otra; 2) persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato.
(Puede consultarse la versión digital del diccionario de la RAE: http://dle.rae.es/?id=aJozdBN)
El grupo que más explícitamente abandonó el espacio por el cual habían ganado sus bancas es el llamado Bloque Justicialista, formado apenas asumió el nuevo Gobierno, y que cuenta con 17 miembros. Su figura más conocida es Diego Bossio, y el presidente de la bancada es el abogado y sindicalista Oscar Romero, dirigente del Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), que es el gremio representativo del personal de fábricas automotrices.
Más determinante todavía ha sido el apoyo opoficialista al macrismo en el Senado de la Nación. Allí la falta de representación de la alianza Cambiemos es patética: sobre 72 miembros de la Cámara, cuenta apenas con 6 senadores del bloque Frente PRO, y 8 de la Unión Cívica Radical.
En cambio, el bloque PJ-Frente para la Victoria (así se llama oficialmente), cuyo presidente es Miguel Pichetto, tiene 38 integrantes: más de la mitad del Senado. Pero una amplísima mayoría de ese grupo parlamentario, exceptuando un número oscilante entre 10 y 16 senadores que mantienen su perfil kirchnerista, no ejerció ninguna acción parlamentaria genuinamente opositora, excepto para aprobar la llamada “ley antidespidos”, que finalmente sería letra muerta porque fue vetada por el Presidente de la Nación.
Provincias dependientes
Una parte difícil de identificar de los legisladores elegidos por el Frente para la Victoria pero que apoyan en las votaciones los proyectos y decisiones del macrismo pertenece a un peronismo conservador que, aun cuando esté personalizado en diversos casos por figuras nuevas, abreva en el contenido que nutrió al Partido Justicialista durante la década y media (1988-2003) en que estuvo hegemonizado por Carlos Menem y/o Eduardo Duhalde (quienes fueron aliados objetivos mientras el primero de los nombrados fue presidente, aunque luego restó apoyo al segundo de ellos cuando este se postuló como candidato en 1999).
Sin embargo, aun sin desdeñar ese motivo, el factor oculto –porque casi nunca se lo dice expresamente– que explica el comportamiento de la mayor parte de los legisladores del FpV tránsfugas es lo que eufemísticamente se denomina “gobernabilidad”. Traducida esa palabra al criollo, y usada en este contexto, alude a los gobernadores que para la subsistencia financiera de sus provincias necesitan de modo imprescindible dinero del Estado nacional.
Significa que si el Gobierno no les aporta fondos no podrían gobernar. En poco tiempo no podrían pagar los sueldos de sus empleados públicos ni las jubilaciones de los trabajadores estatales ya retirados en sus respectivos Estados provinciales.
Desde el macrismo y la derecha en general presentan estas alianzas por conveniencia recíproca como una virtuosa actitud de “diálogo” y búsqueda de “consensos”, pero responden a una razón determinante en cualquier disputa de poder, que son las relaciones de fuerza. Unos y otros se necesitan. Las motivaciones verdaderas se entienden nítidamente si se observa la dependencia financiera que tienen los Gobiernos provinciales –los actuales y los anteriores– respecto del nacional.
En febrero de este año, el periodista Horacio Verbitsky publicó en el diario Página/12 datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Aclaraba que eran cifras de noviembre de 2014 pero consideraba que “sería extraño que en el año y medio transcurrido se hubieran producido alteraciones sustanciales, salvo en los casos especiales de Córdoba, San Luis y Santa Fe, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverles el descuento del 15 por ciento en la coparticipación”. Haciendo la salvedad, lo mismo puede decirse ahora, aun cuando los datos corresponden a casi dos años atrás.
La nota informaba que “el conjunto de las provincias sólo financia con recursos propios el 37,41 por ciento de sus gastos, mientras depende de las transferencias nacionales por coparticipación para el restante 62,59 por ciento. Sólo tres jurisdicciones tienen mayor recaudación propia que las transferencias que reciben del Estado Nacional: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la de mayores recursos propios, con el 81,68 por ciento; la provincia de Buenos Aires, que llega a sufragar el 59,7 por ciento de su presupuesto, y Neuquén, con 55,71 por ciento”.
Agregaba que “hay casos extremos, que explican algunas decisiones políticas que en abstracto serían incomprensibles. Por ejemplo, Formosa, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero reciben de la Nación nueve de cada diez pesos que gastan; Corrientes, Chaco y San Juan obtienen por esa vía en torno al 85 por ciento; Salta, el 79 por ciento; San Luis, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego arañan el 75 por ciento”.
(Acceso a la nota de Página/12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292937-2016-02-21.html).
Clave de la etapa actual
Una interpretación integral de los datos y consideraciones expuestos en todos los párrafos anteriores de este texto concluye en que el macrismo puede llevar adelante sus políticas y avanzar hacia su propio modelo de sociedad porque en el Congreso cuenta con el aval de casi todo el peronismo no kirchnerista.
Esa clave del país político de hoy, que puede y suele enojar –y mucho– a partidarios del espacio fundado por Néstor Kirchner y liderado por Cristina, es esencial para elaborar un diagnóstico político y trazar planes de acciones futuras. Porque en principio Macri encabeza la gestión gubernamental y tiene de su lado a las corporaciones, ya que ambos son parte del mismo bloque de poder. Pero sin apoyo de sectores muy gravitantes del justicialismo no habría gobierno posible de la derecha en Argentina.
Y tampoco, sin acumular fuerzas incluyendo a esas expresiones del peronismo que hoy respaldan a Macri, hubiera sido posible que el kirchnerismo gobernara durante doce años y medio y transformara al país de la manera en que lo hizo.
