Por Fernando M. López
El terrateniente Ricardo Buryaile, actual ministro de Agroindustria, viajó a Europa para dejar en claro que, en tiempos de Mauricio Macri, la Argentina consolida su rol exportador de materias primas agropecuarias e importador de bienes manufacturados.
“El camino que trazó el Presidente ha sido el correcto. Recuperar una Argentina en el mundo, establecer prioridades, y esas son la generación de empleo en el país”, dijo muy cínicamente durante su paso por París, donde participó del Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) junto a un centenar de grandes empresarios del sector.
Las más de 500 mil personas que se quedaron sin trabajo en los últimos diez meses pueden dar cuenta de que el empleo no es una prioridad para el Gobierno de Cambiemos, pero los grupos concentrados quedaron más que contentos con las gestiones de Buryaile en busca de nuevos mercados internacionales y con su anuncio de que vuelven los reintegros a las exportaciones. Si bien por ahora sólo lo confirmó para las ventas de carne al exterior, no se descarta que la medida incluya a todos los sectores que ya se vieron enormemente beneficiados por la devaluación y la quita de retenciones decretadas en diciembre.
En Roma, un día antes, el ministro hizo declaraciones que fueron directamente una burla para los millones de argentinos que padecen la pobreza, la indigencia y el hambre: “Nuestro país produce alimentos para 400 millones de habitantes en el mundo. Hacia el año 2020 nos hemos planteado alimentar a 600 millones. Sabemos que podemos hacerlo, el presidente Macri ha iniciado una extensa agenda en producción y estamos seguros de nuestra fortaleza”.
El secretario general de la FAO, José Graziano da Silva, celebró las palabras de Buryaile y le agradeció “por abrir el sendero de la tecnología”.
“Cada argentino alimenta a diez personas en el mundo y la siembra directa es una de las tecnologías más importantes que nos aporta Argentina”, fundamentó el brasileño, sin dar cuenta de todo lo que rodea a esa técnica en el marco del actual modelo agroexportador extractivista: deforestación, desempleo rural, expulsión de pequeños productores, uso de cultivos transgénicos y agrotóxicos, destrucción de los suelos e inundaciones.
Graziano da Silva fue ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria durante los primeros años del Gobierno de Inácio Lula da Silva, y se encargó de aplicar en Brasil el programa “Hambre Cero”, que en una década sacó a 28 millones de personas de la pobreza, redujo la desnutrición infantil en un 60% y multiplicó por ocho el crédito para los pequeños agricultores, que estaban excluidos del sistema financiero.
En 2009, Da Silva llamaba a articular “un New Deal agropecuario” que reconstruyera “la institucionalidad del sector agrícola desarticulada por las reformas neoliberales” y pusiera “la agricultura familiar en el centro de su estrategia”. Ya como secretario general de la FAO, sus posiciones más cercanas a los agronegocios le valieron fuertes críticas por parte de diversas organizaciones campesinas.
Por eso no son causales sus elogios a Buryaile, pese a que se trata de un ministro que avanza de manera salvaje contra la agricultura familiar en medio del proceso que inició Macri para transferir recursos desde los sectores populares hacia los grupos más concentrados de la economía.
“Atravesamos una situación crítica por el conjunto de políticas neoliberales que ha aplicado este Gobierno”, dijo a Contexto Diego Montón, representante en Mendoza del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).
Montón subrayó que uno de los golpes más fuertes para el sector fue “el desguace de la Secretaria de Agricultura Familiar, que no sólo fue desfinanciada sino que echaron a muchos técnicos que asistían a los campesinos y se paralizaron prácticamente todos los programas”.
“Y a esto hay que sumarle la importación de hortalizas, frutas y cerdos, que hace más difícil la comercialización; las dificultades para acceder a la tierra; y el avance de los especuladores inmobiliarios”, agregó.
El referente del MNCI cuestionó además el freno a la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, mientras el Gobierno avanza con un paquete de medidas “en función de favorecer la ofensiva del capital financiero”.
En este sentido, enumeró “el intento de modificar la Ley de Bosques, la presión por modificar el inventario de glaciares, la reforma por decreto de la Ley de Tierras que flexibilizó la extranjerización, y la Ley de Semillas que entró ahora a la Cámara de Diputados”.
Según adelantó Montón, el MNCI ya debate “un plan de lucha” para enfrentar estas políticas del macrismo que demuestran un “absoluto desprecio” hacia un sector integrado por “unas 400.000 familias”, de acuerdo con relevamientos propios de la organización.
En tanto, ATE llevó a cabo ayer una jornada nacional de protesta, con un acto frente a la sede del Ministerio de Agroindustria junto a productores rurales, por los trabajadores precarizados de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).
El gremio denunció que unos doscientos empleados de esa dependencia, la mayoría bajo el régimen ArgenINTA, tienen sus contratos vencidos desde el 30 de septiembre y no cobran sus sueldos desde el mes de julio.
“En el medio renunció el secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, y funcionarios que de él dependían, por lo que no encontramos canales de diálogo en ninguna oficina del Ministerio de Agroindustria”, sostuvo Flavio Sides, miembro de la coordinación de trabajadores nacionales en ATE bonaerense, y añadió que el resto de los empleados de la SAF también vive una profunda “incertidumbre” porque sus contratos vencen el próximo 31 de diciembre.
