Por Leandro Gianello
El proyecto de ley busca establecer pautas precisas para que la Secretaría de Derechos Humanos provincial, a través del Ejecutivo y los municipios, se haga cargo de los Espacios de Memoria de la provincia y gestione en forma conjunta los sitios con los diversos organismos de derechos humanos y sectores sociales.
La normativa fue presentada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV) y tratada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Sólo falta que Cambiemos dé el visto bueno en un plazo de dos días para obtener el dictamen favorable para su tratamiento en el recinto. En ese lapso, el secretario provincial de Derechos Humanos, Santiago Cantón, se comprometió a dar una respuesta.
“Este proyecto de Ley provincial de Espacios ha sido trabajada con todas las Comisiones por la Memoria del territorio bonaerense” junto a otros actores fundamentales como las asociaciones de víctimas, señaló a Contexto Matías Moreno, referente de H.I.J.O.S. Regional La Plata.
“Este proyecto de Ley provincial de Espacios ha sido trabajada con todas las comisiones por la Memoria del territorio bonaerense”, dijo Matías Moreno, de H.I.J.O.S.
En la misma sesión «se trataron dos proyectos más en la Comisión: la cesión del espacio del Centro Clandestino de Detención ‘Pozo de Quilmes’ para que sea transformado en Espacio para la Memoria y un pedido de informe sobre el estado general del sitio conocido como Comisaría 5ta, en La Plata”, explicó Moreno.
Respecto a la ley, “se busca cubrir un vacío legal que la provincia de Buenos Aires tiene en cuanto al mantenimiento y la gestión de los espacios, algunos de los cuales están muy deteriorados”, dijo el integrante de H.I.J.O.S.
Si bien la propuesta es apoyada por todos los sectores interesados, “el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, pidió 48 horas para estudiarla dentro de su arco político, tras lo cual tendría una respuesta que esperamos sea positiva”.
“el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón, pidió 48 horas para estudiarla dentro de su arco político, tras lo cual tendría una respuesta que esperamos sea positiva”, dijo Moreno.
De cualquier manera, y a pesar de la supuesta buena voluntad exhibida por el funcionario durante la reunión, hubo una serie de cuestionamientos a los diez meses de gestión del frente Cambiemos, reflejados en “la ausencia del Estado en los Espacios, la carencia de señalamientos desde diciembre pasado, el poco diálogo y la falta de una política clara sobre derechos humanos”, manifestó Moreno.
Todo este conjunto de falencias (por acción u omisión) “está generando un clima de cuestionamiento a las políticas de derechos humanos que abren las puertas a planteos” desde la extrema derecha, advirtió quien fue director de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Hasta diciembre de 2015, el Estado provincial había señalizado 53 ex centros clandestinos de detención de los doscientos que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar.
Al asumir María Eugenia Vidal, el proceso quedó suspendido y sin avances significativos, lo que movilizó al bloque del FpV provincial, particularmente mediante el diputado Miguel Funes, a presentar el citado proyecto de ley.
Funes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, impulsó la normativa junto a Herenia Sánchez de Viamonte, Matías Moreno, Claudia Favero, María Revoredo, Walter Docters y Silvia Fontana.
“Ante el vacío que existe por parte del Estado nacional y provincial en materia de derechos humanos, el cual considero en franco repliegue, proponemos un proyecto de ley que garantice el funcionamiento de los lugares constituidos como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”, explicó el diputado Funes en una nota publicada en el diario Tiempo Argentino en septiembre.
La falta de inversión provincial en este aspecto es notable, tal cual lo demuestra la Comisaría 5ta de La Plata, un lugar “completamente inundado, que no tiene luz ni baño y con un auto secuestrado por la Policía de esa seccional dentro del espacio de memoria”, señaló Funes por ese entonces.
El proyecto
Según el primer artículo, la iniciativa obliga al Ejecutivo bonaerense, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, a garantizar “el funcionamiento y desarrollo de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar y que hoy se encuentran constituidos como ‘Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos’, arbitrando los recursos económicos, técnicos y humanos para su desarrollo pleno y gestión”.
