Por Gabriela Calotti
“Venimos a exigirle a Vidal que cumpla de forma urgente con la aplicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal de un embarazo y que respete el dictamen de la Corte Suprema” de Justicia de la Nación, afirmó el lunes a Contexto María Julia Constant, una de las impulsoras en la capital bonaerense de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Por segunda vez en menos de una semana, diversos colectivos en defensa del aborto legal le reclamaron a María Eugenia Vidal que aplique de forma “inmediata” el referido Protocolo actualizado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación.
“Hasta ahora se aplicaba solamente en algunos distritos amigables, pero exigimos su aplicación en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Constant, mientras integrantes de la Campaña y del colectivo Las Azucenas colgaban en las rejas de la Gobernación una enorme pancarta con la inscripción “Gob. Vidal exigimos la implementación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”.
La Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la Campaña contra la violencia hacia las mujeres emitieron un comunicado en el cual le recuerdan a Vidal que “en Argentina somos 500 mil las mujeres que abortamos por año y el hacerlo en condiciones de clandestinidad lo convierte en la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes”, y le aclaran que el hecho de que el aborto “sea ilegal no evita que suceda”.
“A pesar de las imposiciones sobre nuestros cuerpos, nosotras seguiremos abortando, pero, ¿cuál es el rol del Estado? Vidal y el gobierno de Cambiemos no pueden darle la espalda a una realidad que se cobra más de trescientas vidas al año.”
“A pesar de las imposiciones sobre nuestros cuerpos nosotras seguiremos abortando, pero, ¿cuál es el rol del Estado? Vidal y el Gobierno de Cambiemos no pueden darle la espalda a una realidad que se cobra más de trescientas vidas al año”, advirtieron esas dos organizaciones.
Vidal dio marcha atrás hace unos días a la resolución del Ministerio de Salud de la provincia, firmada por su titular, Zulma Ortiz, adhiriendo al Protocolo nacional sobre interrupción legal de un embarazo (ILE) avalado por la Corte Suprema de la Nación, cediendo a presiones de la Iglesia católica local y en particular de su ala ultraderechista, el Opus Dei, a la que pertenecen varios integrantes del gabinete provincial.
Ocho provincias adhirieron al referido Protocolo que autoriza el aborto en casos de violación o serio riesgo para la salud de la madre, entre otras causas, y que recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia. Buenos Aires, donde viven una de cada tres mujeres del país, iba camino a convertirse en la novena provincia.
“El pueblo eligió a Vidal para gestionar la provincia, pero en vez de garantizar los derechos y cumplir con Tratados Internacionales y Regionales decide manejarse desde la moral católica.”
“El pueblo eligió a Vidal para gestionar la provincia, pero en vez de garantizar los derechos y cumplir con Tratados Internacionales y Regionales decide manejarse desde la moral católica”, advirtieron en el mismo comunicado.
“Las políticas públicas no pueden ser desarrolladas por sectores religiosos, sino que es el Estado laico el garante de nuestros derechos como mujeres, y de ningún modo la moral religiosa puede intervenir en la conformación de las políticas de Estado”, afirmaron las dos Campañas el mismo día en que varias ONG argentinas se presentaron ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que este martes examinará en Ginebra la situación de los derechos de las mujeres en Argentina.
Cada cuatro o cinco años, los países que adhirieron a la Convención CEDAW deben presentarse ante dicho Comité que revisa las políticas impulsadas en esta materia, aunque abordará el periodo entre 2010 y 2016, es decir que lo correspondiente al Gobierno de Mauricio Macri sólo contempla diez meses.
El día antes de reunirse con la delegación oficial, el Comité recibe a representantes de ONG argentinas y organismos de derechos humanos que presentaron “contrainformes” sobre el acceso de las mujeres a la justicia, las medidas aconsejadas para evitar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas y los femicidios/feminicidios; y para prevenir los embarazos precoces, garantizar el acceso al aborto seguro y luchar contra la mortalidad de mujeres por gestación.
El Comité, integrado por veintitrés expertas, dará a conocer sus recomendaciones hacia fines de noviembre. Entre sus actuales integrantes, con mandato hasta fines de 2016 o 2018, figuran representantes de Cuba, Brasil y Perú. También forman parte Francia, Finlandia, Italia, Turquía, Egipto, Líbano, Israel, Ghana y Argelia, países que aplican políticas fuertemente dispares en materia de derechos de las mujeres.
