Por Leandro Gianello
La Justicia rechazó la solicitud del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al considerar que existe contradicción, ya que, entre las principales sospechas sobre la desaparición del testigo, hay indicios que apuntan a fuerzas de seguridad a cargo del Poder Ejecutivo.
El pedido efectuado por el titular de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue desestimado por el fiscal Marcelo Molina, coordinador de la Unidad Fiscal de La Plata con competencia en delitos de lesa humanidad, y la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), quienes evaluaron como contradictoria la presentación al considerar que, entre las hipótesis sobre los responsables de la desaparición de Julio López, figuran las fuerzas de seguridad.
Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata que subroga el Juzgado Federal N° 1 que tiene a cargo la causa por la desaparición del testigo, estimó que el dictamen del Ministerio Público Fiscal “se encuentra debidamente motivada en una posible incompatibilidad entre la condición de imputados que podrían revestir funcionarios del Estado y la de parte acusadora que intenta asumir este último”, por lo que corresponde “rechazar su solicitud”.
“La pretensión del Gobierno es de un profundo desconocimiento del rol que como Estado le compete en una causa de estas características”. Guadalupe Godoy, abogada LADH.
“La pretensión del Gobierno es de un profundo desconocimiento del rol que como Estado le compete en una causa de estas características, y nos alegra que la Fiscalía haya hecho suyos nuestros argumentos y que el juez le haga lugar”, dijo a Contexto Guadalupe Godoy, abogada patrocinante de la LADH.
En este sentido, “esperamos ahora que el Gobierno haga lo que ya le han ordenado hacer hace meses respecto de los recursos humanos y materiales que tiene que poner a disposición de quienes están a cargo de la investigación”, sostuvo Godoy.
“En nuestro país, después de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final, el Poder Ejecutivo nacional se presentó como querellante en numerosos expedientes”, ya que en ese momento hubo un “pasaje de un Estado terrorista a un nuevo Estado democrático”, condición que lo habilitó sin mayores cuestionamientos para esa tarea.
«la hipótesis más firme en este expediente apunta a la participación o al encubrimiento por parte de funcionarios en actividad de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.”
Sin embargo, “en la actual solicitud del Ejecutivo nacional no se verifica aquel presupuesto y, muy por el contrario, la hipótesis más firme desde el inicio de este expediente apunta a la participación o al encubrimiento por parte de funcionarios en actividad de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”, destacó la abogada.
El Gobierno había anunciado públicamente su pretensión de ser querellante días antes del último aniversario de la desaparición del albañil, ocurrida en Los Hornos el 18 de septiembre de 2006, cuyo testimonio fundamental sirvió para encarcelar al torturador y genocida Miguel Etchecolatz.
En la presentación formal, Claudio Avruj había declarado que era “imposible que tengamos personas desaparecidas en democracia y, como Estado querellante, queremos averiguar bien en qué estado está la causa y qué medidas se pueden impartir para ayudar a la familia y saber qué pasó».
