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Diez meses sin avances en la causa Emilia

Bajo una lluvia persistente, con velas, carteles y pintadas en la calle, familiares, amigos y vecinos conmemoraron ayer el décimo aniversario de la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí, fallecida durante una fiesta clandestina el 1º de enero de 2016.

Casi un centenar de personas se congregaron frente a la quinta de 520 entre 159 y 160, reclamando el fin de la impunidad, de la corrupción, y que el fiscal a cargo de la causa que investiga la muerte por ahogamiento de Emilia, Álvaro Garganta, profundice la investigación que lleva meses estancada.

Además, los asistentes solicitaron que el intendente Julio Garro remueva a Daniel Piqué, secretario de Seguridad municipal, “hasta que se resuelva su vinculación con el asesinato de Emilia”.

Juan Uscamayta, su padre, explicó a Contexto que “han pasado diez meses y la causa no avanzó nada”, y es por eso que se eligió homenajear y, a su vez, reclamar frente a la quinta de Melchor Romero la misma fecha en la que los pueblos originarios celebran el Día de las Almas.

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Según la tradición, difundida sobre todo en el norte de nuestro país, el 1º de noviembre las almas de los difuntos “regresan” entre los vivos, para lo cual se colocan ofrendas en los hogares, especialmente comidas y bebidas, que permanecen hasta el día siguiente, cuando las almas “retornan”. Los restos que estas dejan se comparten entre familia, amigos y vecinos con misas, oraciones y visitas al cementerio.

Por su parte, Eugenia Curí, madre de Emilia, indicó que “vinimos hasta acá en un día muy especial, pidiendo justicia, justicia que no avanza y que vamos a seguir exigiendo” hasta que los responsables, encubridores y el poder político den una respuesta sobre lo que pasó esa noche.

“Seguimos luchando, esperando, y estamos preparados para dar batalla”, agregó la madre de la joven, que aseguró que, a pesar de todo el tiempo que pasó y la falta de compromiso del Ejecutivo municipal y la fiscalía, “Emilia está presente”.

Edgar, hermano de la estudiante de periodismo, manifestó que el reclamo de justicia incluye “el apartamiento del actual secretario de Seguridad Daniel Piqué”, funcionario sospechado de connivencia con los organizadores de la fiesta y ya imputado en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Piqué no debería estar ocupando el cargo, pero sabemos que, al ser parte importante del Gobierno municipal, va a ser complicado su desplazamiento”, aseguró Edgar.

“El municipio tiene una gran responsabilidad en lo que pasó”, y ese nexo tiene que seguir siendo investigado, pero aun así “nos sentimos desamparados por la Justicia”, que no avanza con la velocidad que debería.

“Creemos que el fiscal Garganta es parte de toda esta mafia” por acción u omisión, no obstante, “seguiremos dando pelea y no nos van a tirar abajo”, recalcó Edgar.


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