Por Andrea X. Holgado
Inicialmente podríamos decir que lo que la Causa Papel Prensa S.A. pone en discusión es el proyecto político del poder económico concentrado que tiene su origen y gestación a partir de la dictadura civico militar 1976-1983. Proyecto de los históricos sectores de poder, que desde 1955 no habían podido lograr ese cambio, que modificara el patrón de acumulación en lo económico, y en lo político redefiniera a la Argentina rompiendo lo que Laclau denomina las bases de la alianza populista que se gesta a partir de 1945 con la emergencia del Peronismo.
La Dictadura Civico-Militar en tanto proyecto político/económico/represivo, desarrolló una práctica genocida -en términos de Feierstein- efectivizada sobre algunos sectores y actores sociales en particular, pero el objetivo fue la sociedad en su conjunto. La intensidad y el poder político con el que se implementó la reestructuración, la naturaleza de las transformaciones y fundamentalmente, sus connotaciones, trascienden el marco de lo económico hasta convertirlo en un programa de reestructuración integral de la propia organización social. Esto implicaba, que los cambios a producir a partir del nuevo patrón de acumulación debían volverse irreversibles, remover las propias bases económicas y sociales de aquel modelo.
Por eso, a partir de los juicios por Delitos de Lesa Humanidad, que fueron posibles luego de la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, y derogadas por el presidente Néstor Kirchner en 2003, se comienza a avanzar en el eje central del genocidio perpetrado durante el período 1976-1983: la implementación de un modelo económico y la reestructuración de la Argentina.
Los denominados delitos económicos -dentro de los que se encuadra Papel Prensa S.A.- y su sistematicidad demuestran que fueron parte de una misma matriz que realizaba negociados con algunos sectores del poder económico y secuestraba y desapoderaba a empresarios que disputaban con las grandes corporaciones o que eran un obstáculo para la implementación de un modelo que no era coyuntural.
Todos estos crímenes y negociados confluyen en la transferencia de enormes cuotas de poder a favor del bloque socioeconómico que hegemonizó la vida política entre 1975 y 2003 y que a la fecha está dando una batalla sin límites al proceso político económico que se inicia con la llegada de Nestor Kirchner al gobierno.
Por cada empresario enajenado de sus bienes mediante tortura en los centros clandestinos de detención, hubo algún grupo que ocupó su lugar, favoreciendo una política de concentración económica. El desapoderamiento de las acciones de Papel Prensa S.A. -que controlaba la emisión de papel para diarios- fue uno de esos casos. La nueva modalidad represiva que debía ser total para disciplinar, reconfigurar y subordinar de manera absoluta a la sociedad, necesitaba de un fuerte aparato comunicacional para legitimarse e imponer el terror simbólico que paralizara a la sociedad.
La cohesión de estos actores económicos que se beneficiaron, se manifiesta en la prolongación y consolidación de su poder más allá del proceso democrático que se desencadena en 1983 con las elecciones. No es casual que a más de 30 años sólo hayan sido juzgados y condenados los actores militares y resulte dificultoso avanzar sobre los actores económicos y civiles.
Continuidades y rupturas
Que el peronismo sea la fuerza que lleva adelante el proceso de cambio a partir de 2003 le da características particulares, centralmente por la memoria histórica inscrita en la sociedad, tanto en sus seguidores como en sus opositores. Los mismos actores político-sociales que se buscó erradicar mediante la práctica genocida, emergen en la disputa de poder, reabriendo los debates que se intentaron clausurar con las leyes de impunidad. De ahí las resistencias que genera con embates destituyentes sostenidos en las estructuras institucionales y económicas que se conformaron a partir de 1976 (Papel Prensa, estructura judicial, fuerzas policiales y poder económico concentrado, entre otras).
Comienzan entonces a vislumbrarse las huellas y continuidades del proyecto dictatorial, que en el plano de las comunicaciones había dejado sentadas las bases en el negocio de traspaso ilegal de las acciones de Papel Prensa S.A. a los diarios La Nación y Clarín y La Razón, quienes a partir de 1977, con La Razón ya fuera del negocio, comenzaron a controlar la emisión del papel para publicación de diarios y revistas.
Hacia el año 1989, Clarín ya comenzaba a mostrar su acumulación de poder con anexión de otros medios de comunicación (Canales, radios, medios del interior del país, etc.) por fuera del marco de la Ley de Medios vigente. Y a partir de 1990 con la Ley de Reforma del Estado, encuentra la herramienta para legalizar la acumulación de medios de comunicación por fuera de las reglamentaciones.
El control de la circulación de los discursos
Dice Pilar Calveiro –ex detenida desaparecida durante la dictadura 1976-1983- que la existencia de los campos de concentración como práctica social genocida, cambian, reformatean a la sociedad misma y que resulta impensable que ese poder desaparecedor iba a “desaparecer” por arte de magia o de “democracia”.
La práctica de la corporación de medios Clarín y su aliado La Nación, de permanente violación a cualquier marco regulatorio; el no respeto a distintas leyes referidas a tratamientos de temas policiales, derechos de la infancia, etc., es una demostración del poder y la impunidad que construyeron desde 1976 a la fecha: construyen un discurso que instala que están por sobre el Estado, por sobre los gobiernos. Instalan una subjetividad donde se vislumbra que “es imposible actuar contra esos intereses”. La corporación de medios ya no oculta su poder, lo hace ostensible para dar cuenta de esa impunidad construida.
Discurso y espacio público, enunciación y enunciadores
Durante el período neo conservador, la práctica política se caracterizó por un espacio público mediado fundamentalmente por el entramado de medios Clarín junto al diario La Nación. Ese es el escenario en que esta corporación termina de construir su poderío político-económico gestado en la dictadura. Post crisis 2001 se produce una reconstrucción del espacio público. La emergencia del pueblo -en tanto construcción histórica y no categoría sociológica, en términos de Laclau- implicó un espacio participativo, que discute y pone en zona de grises los discursos de las corporaciones mediáticas. Por esto uno de los puntos de tensión entre la corporación Clarín-La Nación con el gobierno es que corre de escena o al menos relativizan su mediación, es decir, le disputan poder. Lo cual implica un deterioro en su capacidad de incidencia y de condicionamiento a los gobiernos y sus políticas.
Si los medios concentrados fueron los dispositivos a través de los cuales el poder logró que los sectores populares aceptaran y sostuvieran la “agenda” del poder económico, aun cuando esas políticas iban contra sus propios intereses, los estallidos de 2001 y el cambio que se produce con la llegada del nuevo gobierno en el año 2003, “estallan” esa práctica. El Estado emerge como quien fija la “agenda” de debate público y se produce un nuevo desplazamiento donde las demandas populares hechas al Estado, nuevamente a través de sus gobernantes, recomponen ese lazo que se había roto con lo político como instancia para mejorar la vida de las mayorías. De este modo se inicia una comunicación directa donde la mediación de las corporaciones entra en tensión, con ese diálogo. La irrupción nuevamente de la participación popular, de lo público, significó en lo comunicacional-mediático, el develamiento de lo político detrás de las consignas de “Periodismo independiente”.
Entonces, se comenzó a ver cada vez más claramente los embates de lo que no puede denominarse de otro modo que terrorismo mediático. Por los intereses que vehiculizan, y por las consecuencias directas e indirectas de sus acciones y sus objetivos: destitución de gobiernos democráticamente electos, para la implementación de una contra reforma neoconservadora, mediante cambios estructurales que impliquen la pérdida de autonomía y el sometimiento de las mayorías mediante una nueva redistribución de la riqueza en favor de las minorías.
¿Cuál es el techo del discurso mediático? el cuerpo social en el espacio público. La sociedad que participa y debate en la práctica cotidiana. La pulseada es quién traza los escenarios de discusión, el gobierno y un proyecto político o las corporaciones de medios con los sectores del poder económico concentrado y sus representantes políticos.
Entonces, si bien hay un poder mediático corporativo muy fuerte no debemos perder nunca de vista que lo que frena los avances o pauta retrocesos, no está centralmente “afuera o enfrente” sino dentro mismo del proceso de cambio, sus prácticas, sus estructuras y lo que consolida o deja de consolidar. Por eso detectar sobre cuáles de esas grietas el poder corporativo construye eficazmente su discurso desestabilizador, es medular.
Dice Jaques Rancier que la política solo existe por la acción de sujetos colectivos, pero la propia consistencia de mundos alternativos que estos construyen depende de la batalla incesante de las interpretaciones -estatales, mediáticas, científicas y otras -que se apropian de ellos.
A partir de los juicios por delitos de Lesa Humanidad se logra volver a discutir y abrir la causa por el traspaso de las acciones de Papel Prensa S.A. La importancia de este hecho, es que hecha luz sobre como pautó la configuración posterior del sector de los medios de comunicación en la Argentina. Y sobre todo porqué más allá de la apertura del proceso democrático en 1983, el delito siguió presente y se profundizó, ya que a la fecha, los actores involucrados, mantienen una formidable concentración de poder político, económico y mediático, como ningún actor central de ese proceso dictatorial ha logrado mantener e incrementar en el tiempo.
El poder económico que opera desde el monopolio Clarín, necesita una restauración neo conservadora y necesitan hacerla –nuevamente- a través de un shock como en otro momento histórico de nuestro país. Por eso lo que hoy está en discusión, y es el gran desafío para la Argentina, es si logra superar y producir nuevamente un cambio estructural que deje atrás definitivamente el modelo que implementó la dictadura cívico militar 1976/83. Avanzar con las causas que involucran al poder económico y en particular la causa Papel Prensa S.A es estratégico para consolidar los avances logrados.
