Por Fernando M. López
El macrismo no sólo reivindica el terrorismo de Estado con un discurso que minimiza la cifra de 30.000 desaparecidos, resucita la teoría de los dos demonios y habla de “guerra sucia”, sino que también lo hace nombrando como funcionarios a familiares de represores y defensores del genocidio.
Guillermo Von Wernich mantuvo todos estos meses un perfil bajo que le permitió pasar desapercibido, pero ayer finalmente trascendió que se encuentra al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cargo que logró conservar a pesar del reciente desplazamiento de su jefe, Fernando Díaz, acusado de corrupción y torturas.
Quien actualmente debe promover y garantizar los derechos humanos en las cárceles de la gobernadora María Eugenia Vidal es nada menos que sobrino del cura Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía bonaerense condenado a perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
El sacerdote, actualmente preso en el penal de Marcos Paz, en 2007 fue hallado culpable de siete homicidios calificados, tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad en centros clandestinos de detención del denominado Circuito Camps. Durante el juicio en su contra, llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, se dio por probado que hacía uso del secreto de confesión para obtener información de las víctimas, presenciaba sesiones de tortura y participaba de operativos que culminaban en ejecuciones.
Unos años más tarde, a principios de 2012, su sobrino Guillermo, junto a otros abogados defensores, conseguía que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata absolviera a tres agentes penitenciarios de la Unidad 29 de Melchor Romero, José Pedrozo, Sergio Chaile y Carlos Martino, acusados de violar, torturar y asesinar a Luis Ángel Gorosito Monterrosa.
La muerte de Gorosito Monterrosa ocurrió el 26 de abril de 2004. Estaba alojado en la U29 como medida de resguardo, ya que había denunciado hechos de corrupción en la U24 de Florencio Varela. Dos días antes de declarar fue atacado en su celda, lo rociaron con combustible y lo prendieron fuego. La defensa alegó que sufrió las quemaduras que le provocaron la muerte luego de haber incendiado su colchón, argumento que recogió el tribunal para dictar su sentencia.
Tras calificar el fallo como “vergonzoso” y presentar varias apelaciones por las graves irregularidades cometidas durante el juicio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) llegó este año a la Suprema Corte bonaerense, que ahora debe decidir si revisa o confirma la absolución de los penitenciarios.
Al ser consultada por Contexto, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, repudió enérgicamente que Vidal haya designado “al sobrino de un genocida en el SPB”, y consideró que la decisión “tiene que ver con el cuño ideológico de un Gobierno represor de derecha, que reivindica el terrorismo de Estado”.
La Correpi, que desde 1996 presenta anualmente sus informes sobre la situación represiva en el país, sostiene que con el macrismo “hubo un salto cualitativo” en materia de “gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, muertes en comisarías y otros lugares de encierro, y represión de la protesta social”.
“El Estado mata una persona cada 24 horas a través de sus fuerzas represivas. Entre 1983 y 2015 contabilizábamos 4.600 casos. Hoy la cifra supera los 4.900”, dijo Verdú al adelantar a este medio algunos de los puntos del informe que será dado a conocer el próximo 2 de diciembre en Plaza de Mayo.
Por su parte, el ex director provincial de Población Carcelaria, Juan Scatolini, afirmó que “estamos lejos de tener garantías de quienes están ejerciendo en las áreas específicas de Derechos Humanos”.
“A mí me parece que es una falta de respeto tener en el SPB a un Von Wernich, pero también lo es el hecho de armar una estructura de Derechos Humanos dentro del sistema carcelario. Se trata de un disparate porque este tipo de áreas siempre tienen que estar fuera de donde se violan los derechos humanos”, explicó a Contexto.
Otros funcionarios PROdictadura
El primer ministro de Justicia de Vidal fue Carlos Mahiques, un ultracatólico, antiabortista y defensor de jueces de la última dictadura. La gobernadora lo sacó del cargo luego de seis meses, no por su oscuro pasado, sino porque necesitaba en la cartera a un hombre de la embajada de Estados Unidos que pudiera articular con el titular de Seguridad, Cristian Ritondo, y con el jefe de la Bonaerense que puso la DEA, Pablo Bressi. De esta forma, llegó Gustavo Ferrari.
Vidal también militarizó el servicio de Ferrobaires y dejó el traspaso de la empresa de la órbita provincial a la nacional en manos de Rodolfo Antonio Kirby, ex socio comercial de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981.
Otro empresario de aquella época nefasta que se convirtió en funcionario provincial es Ernesto Rona, quien desde agosto controla el presentismo docente a través del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública. Desde 1978 se desempeñaba como CEO de Techint.
A nivel nacional, los PROdictadura son aun más numerosos, comenzando por Nicolás Massot, jefe del bloque macrista en Diputados y accionista de La Nueva Provincia, un emblema propagandístico del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Su tío, Vicente Massot, fue acusado de encubrimiento y complicidad en el homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, pero en más de una oportunidad salió a defenderlo sosteniendo que la causa había sido “manipulada con fines de persecución mediática”.
Nicolás se codea con el ex directivo de Clarín y actual titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Luis María Blaquier, sobrino del dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien estuvo imputado por crímenes de lesa humanidad.
A ellos hay que sumar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, hijo del sindicalista del mismo nombre que colaboró con la dictadura y ocupó la cartera laboral en los albores del menemismo. No sólo defiende la actuación de su padre en esos años, sino que además se lo vio en una misa por el fallecimiento de Miguel Ángel Egea, socio de los represores de la ESMA y titular de sociedades offshore aún activas vinculadas con integrantes del Grupo de Tareas que comandaba el genocida Eduardo Massera.
En la larga nómina de funcionarios PROdictadura no deben pasarse por alto a otros dos que ostentan cargos de primera línea. Uno de ellos es el ministro de Justicia, Germán Garavano, ex director académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), una institución creada en 1976 para legitimar el genocidio que aún continúa activa. El segundo es el ministro de Comunicaciones, Oscar “El Milico” Aguad, vinculado a represores de la talla de Luciano Benjamín Menéndez.
