Por Gabriela Calotti
“Quiero mi libertad. He venido a pedir mi libertad”, repitió en su lengua natal Reina Maraz Bejarano, poco después de llegar a la puerta de los tribunales de La Plata, sobre la calle 7, donde durante horas la esperaron varias decenas de mujeres, muchas de ellas compatriotas, con pancartas de colores con su nombre. La recibieron con besos en las mejillas, cálidos abrazos y un ramo de rosas.
Reina se presentó ante los tres jueces de la Sala 6 del Tribunal de Casación Penal en el marco de una revisión de su condena. Esta vez pudo expresarse en su lengua natal, el quechua, gracias a la presencia de una traductora, la que no tuvo para defenderse y entender de qué era acusada y por qué fue condenada.
“Luchando estamos acá todas juntas una vez más, exigiendo justicia por Reina Maraz”, le cantaron a Reina en castellano y en quechua en cuanto bajó del vehículo en el que la trajo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desde Lomas de Zamora. Debió haber ocurrido a las 10 de la mañana, pero a Reina la trajeron recién a las 14.30 “y sólo fue porque uno de los jueces se tenía que ir, pero no por respetar su derecho a estar a la hora ante el tribunal. Una vez más vulneraron sus derechos”, se quejó a Contexto una militante de la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres.
“Venimos a exigir justicia para Reina. La libertad de Reina. La estamos acompañando desde la Campaña desde que la conocimos. La apoyamos. Es muy importante para nosotros”, comentó a Contexto Elizabeth, una joven menuda que inmediatamente se acercó para abrazarla y sacarse una foto con ella.
Nacida en Avichuca, un pueblo árido de Bolivia, Reina, de veintiocho años, sólo habla su lengua materna, el quechua. Fue condenada en octubre de 2014 a cadena perpetua por el homicidio en concurso con terceros en 2010 de su marido, Limber Santos, con quien había venido de su país natal. Nunca se enterò exactamente de qué y por qué la acusaban. La Policía bonaerense y el sistema judicial, desde los abogados hasta los jueces y juezas que la condenaron, restaron importancia al hecho de que Reina prácticamente no entendía el castellano. Poco les importó que no contara con un traductor.
Después de su detención, Reina fue trasladada a la cárcel de Mujeres Nº 33 de Los Hornos, donde durante una de las visitas de monitoreo que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) llevó adelante hacia fines de 2011, la hallaron en uno de los pabellones porque entendía muy poco el castellano. El martes, con la voz entrecortada, la mirada triste, pero firme, y en algunas ocasiones levantando el brazo derecho, Reina pidió su libertad, y lo hizo en quechua, asistida por una traductora para que muchos de los presentes entendiéramos su palabra.
“Al principio no tenía ningún intérprete y por eso no podía hablar ni decir lo que tenía para decir. Ahora puedo tener un intérprete y además hay muchos otros que hablan como yo”, dijo Reina a los jueces.
“Al principio no tenía ningún intérprete y por eso no podía hablar ni decir lo que tenía para decir. Ahora puedo tener un intérprete y además hay muchos otros que hablan como yo”, sostuvo Reina, interrogada sobre la acusación por la que fue condenada sin derecho a entender de qué se trataba.
“Violaron todos sus derechos”, afirmó Elizabeth, amiga de Reina, también oriunda de Bolivia, una de las tantas mujeres que la esperó frente a la Fiscalía.
“Quisiera que se pongan en nuestro lugar. Que les habláramos en quechua y sentirse en ese lugar. ¿Por qué no se pusieron en el lugar de ella?”, se preguntó Elizabeth, que se acercó a abrazar a su amiga en cuanto la vio llegar.
El tribunal dictará sentencia sobre la revisión de la pena. Según fuentes cercanas de las organizaciones que acompañan a Reina, la decisión judicial podría conocerse en quince días.
Reina pudo llegar a esta instancia gracias al respaldo de la CPM, pero también de la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres y de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacios que cuentan con un fuerte componente migrante y que en los últimos años se han convertido en ámbitos de reencuentro para que muchas mujeres puedan comunicarse públicamente en su lengua materna y no verse obligadas a hacerlo a escondidas.
Durante parte de su encierro en la cárcel, Reina no hablaba con nadie. “Fue muy difícil en la cárcel, pero encontré una compañera con la que podía hablar”, recordó, antes de reiterar, sin nunca levantar la voz “quiero mi libertad. Estoy muy emocionada”.
“Reina fue condenada a cadena perpetua por ser mujer, indígena, boliviana, migrante y víctima de violencia de género”, subrayó el martes la Campaña contra la Violencia hacia las Mujeres.
En noviembre de 2011, la CPM afirmaba a través de la agencia Infojus que “nadie había reparado que Reina no comprende el idioma español de manera cabal, no pudiendo por lo tanto expresarse mediante el mismo. Comenzamos exigiendo al Poder Judicial que se garantice la presencia de intérpretes para todos los actos judiciales y fue mediante intérpretes aportados desde nuestra institución que se le pudo explicar de qué se la acusaba y cuál era el estado de su causa”.
En una de esas visitas a la Unidad 33, “Reina pudo contar por primera vez su versión de los hechos”, agregaba la Comisión en esa nota. Sin embargo, el 28 de octubre de 2014, el Tribunal Oral N° 1 de Quilmes –integrado por Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Gutiérrez–, que avaló la discriminación y la desigualdad, la condenó a cadena perpetua.
“El marido era un borracho. Todos los días le pegaba hasta dejarla inconsciente algunas veces. Ella es cristiana y nunca había visto a un hombre borracho y golpeador. Para ella fue otro mundo», contó Elizabeth.
“El marido era un borracho. Todos los días le pegaba hasta dejarla inconsciente algunas veces. Ella es cristiana y nunca había visto a un hombre borracho y golpeador. Para ella fue otro mundo. Y al no saber hablar castellano, era más difícil para ella. Él en cambio hablaba quechua y castellano”, recordó Elizabeth.
Una vez instalados en Argentina, el maltrato permanente y las borracheras continuas hicieron que Reina “tuviera que pagar con su cuerpo las deudas de él”, explicó Elizabeth, que trabaja en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).
“No se trata solamente de ella. Hay muchos casos iguales que ni siquiera salen a la luz”, comentaron a Contexto dos chicas, también bolivianas, que se acercaron a esperar a Reina sin formar parte de los colectivos convocantes. “Vinimos porque nos enteramos y queríamos apoyar a Reina.”
En la cárcel, Reina tuvo a su hija más pequeña que ya tiene cinco años. Hace un año cumple prisión domiciliaria en la casa de un familiar junto a su hija.
“Somos las inmigrantes, reafirmamos la dignidad”, “Locas, libres y felices, el patriarcado se va a acabar”, cantaban el martes las amigas y compañeras de lucha de Reina frente al edificio de la Fiscalía platense, sobre cuyas rejas habían pegado algunos carteles, uno de los cuales decía “¡Reina, si nadie te escucha, vamos a ser tu voz!”.
