Por Héctor Bernardo
A pocos días de firmarse un nuevo acuerdo entre el Gobierno colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), una serie de asesinatos de dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos volvieron a poner en suspenso la paz en ese país.
En los últimos días, al menos dos líderes campesinos y un referente del movimiento Marcha Patriótica fueron asesinados por paramilitares, mientras que dos miembros de las FARC-EP fueron atacados y asesinados por el Ejército colombiano a pesar que rige el cese al fuego bilateral. A esto se suma una serie de atentados y amenazas a numerosos dirigentes y activistas.
Según el periódico El espectador, durante 2016, en Colombia, se registraron setenta asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Al menos teinta de estos crímenes se realizaron luego de que se declarara el “alto al fuego” entre el Gobierno y las FARC.
El vocero de Marcha Patriótica, David Flórez, denunció que “en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político contra Marcha Patriótica con 124 asesinatos en poco más de cuatro años, lo que muestra que hay un elemento sistemático que busca acabar con nuestro movimiento político”.
Mediante un comunicado, el Equipo de País y la Misión de las Naciones Unidas en Colombia señalaron su “preocupación por acciones violentas, incluyendo recientes asesinatos, dirigidos a líderes sociales en varias zonas del país afectadas por el conflicto armado”.
“es evidente que hay sectores que están contra los acuerdos de paz y pretenden retomar la política de crímenes contra los militantes populares.»
“Las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera, ante la expectativa de la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP”, señala el texto.
Cabe recordar que en la década del ochenta se realizó un proceso de paz en Colombia que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los ex guerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron catorce parlamentarios, diecisiete diputados provinciales y 135 concejales. La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue una masacre. En corto tiempo, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.
En diálogo con Contexto, Jorge Kreyness, analista de política internacional, señaló que “es evidente que hay sectores que están contra los acuerdos de paz y pretenden retomar la política de crímenes contra los militantes populares. No hay que olvidar el genocidio que sufrió la Unión Patriótica. Esto indica un intento de regresión a esa práctica”.
“En este contexto, en el que el nuevo acuerdo de paz ya está listo y va a ser refrendado por el Congreso y la Corte Suprema, se desata esta nueva (y a la vez repetida) forma de terrorismo antipopular. Están asesinando dirigentes de la Marcha Patriótica, dirigentes sindicales, campesinos”, aseguró.
Kreyness, en relación con la figura del ex presidente colombiano y líder de la campaña contra el acuerdo, afirmó: “Uribe es la extrema derecha, es el sector que especula y gana con la guerra. Lamentablemente, está jugando un rol clave en este contexto violento”.
“Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años.»
Por su parte, mediante una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, las FARC-EP aseguraron: “Es muy dramática y preocupante la situación: más de 200 muertos en lo que va corrido del año, con un total manto de impunidad. Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos”.
“Señor Presidente, es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país; son los mismos para quienes no hay ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga, por bueno que este sea, porque lo que quieren es que la guerra continúe, para seguir acrecentando más privilegios y poder”, señala el comunicado.
Por último, el texto interpela al presidente a plantearle que, “si está comprometido con la paz de Colombia, actúe en consecuencia poniendo punto final a este exterminio de inocentes cuyo pecado parece ser su pensamiento crítico y visión de nuevo país, implementando ya el acuerdo sobre garantías de seguridad”.
La paz está cerca y amenazada. El mundo mira a Colombia y espera proteja el sueño de ese pueblo de concretar lo que se le niega hace ya 52 años.
