Por Gabriela Calotti
Al subcomisario jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, sus amigos del Ejecutivo municipal que dirige Julio César Garro lo dejaron solo. El policía fue citado a declarar ayer por el fiscal Álvaro Garganta en el marco de las investigaciones por la muerte de la joven universitaria Emilia Uscamayta Curí el 1º de enero pasado, y, como los otros funcionarios convocados por la Instrucción, sigue tratando de ganar tiempo de cara a la feria judicial de verano.
Martínez Pass se presentó nuevamente ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 11 de La Plata, a las 10 de la mañana, hora de la citación, pero sin abogado. No es el único funcionario involucrado en el hecho ocurrido el 1º de enero de 2016 en una fiesta ilegal celebrada en la quinta San Cayetano de la localidad de Melchor Romero, en la que perdió la vida Emilia Uscamayta Curí, de veintiséis años.
“Ahora mismo voy a mirar la causa”, respondió Martínez Pass a Contexto al salir de la oficina de la Fiscalía, mientras bajaba las escaleras siguiendo a una secretaria que llevaba un voluminoso expediente entre sus brazos. «No voy a declarar ahora. Yo pensé que venía a declarar como testigo”, explicó el policía, vestido de civil, con vaqueros, camisa y mocasines.
El policía aclaró que su abogado es su hermano, «pero está de viaje”. Y agregó que volverá a la fiscalía en los próximos días “por voluntad propia”.
Es la segunda vez que Martínez Pass se niega a declarar ante el fiscal. La primera vez fue el pasado 15 de noviembre, cuando también concurrió a la fiscalía sin abogado y pidió un letrado de oficio. En aquella ocasión indicó, según fuentes judiciales, que volvería con un abogado. Pero no ocurrió.
“ESTABA CONVOCADO PARA PRESTAR DECLARACIÓN DE DEFENSA EN CARÁCTER INFORMATIVO, PERO SIN ABOGADO DEFENSOR NO PUDO LLEVARSE A CABO”, DIJO A LA PRENSA ADRIÁN RODRÍGUEZ, EL ABOGADO DE LA FAMILIA DE EMILIA.
“Estaba convocado para prestar declaración de defensa en carácter informativo y, bueno, una vez más concurrió sin abogado defensor, por lo que la audiencia no pudo llevarse a cabo”, dijo a la prensa Adrián Rodríguez, el abogado de la familia de Emilia. “Lo más probable es que quede asentado que se niega a prestar declaración de defensa”, sostuvo.
El letrado opinó que la forma en que se están conduciendo los funcionarios jerárquicos de Garro citados a declarar en esta causa, como Martínez Pass y el subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Adolfo Di Grazia, pone en evidencia “una falta de seriedad” de parte de las autoridades municipales “en uno de los casos más emblemáticos de la ciudad de La Plata”.
“Tratándose de un funcionario público, es una situación que deja bastante que desear”, agregó Rodríguez antes de admitir que todo indica que desde la defensa están tratando de ganar tiempo a la espera del mes de enero y la feria judicial.
“Aparentemente la idea tanto en la instrucción como en los mecanismos de defensa siempre es ganar tiempo para que la causa se vaya postergando en su resolución final”, sostuvo Rodríguez. Y enfatizó: “Todos sabemos que la Justicia que no llega a tiempo no es justicia”.
El mismo 15 de noviembre, Garganta también había citado a declarar al responsable de la repartición conocida como Control Urbano, Roberto Adolfo Di Grazia, quien aquel día ni siquiera se presentó ante la Fiscalía y sólo envió un escrito a través de una abogada.
Durante una entrevista radiofónica por 221 Radio, Di Grazia insistió hasta el cansancio en que él está “a disposición de la Justicia”, pero cuando se le preguntó por qué no se había presentado a la Fiscalía aquel día respondió que “tenía un compromiso laboral en Capital”.
Los dos subsecretarios de la actual gestión municipal macrista habían sido citados a declarar a raíz del testimonio del secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, el comisario Daniel Piqué, que semanas atrás intentó deslindar responsabilidades en Di Grazia y Martínez Pass.
Piqué volvió a afirmar la semana pasada que la responsabilidad de clausurar la fiesta en la que murió Emilia le correspondía a la repartición que dirige Di Grazia. En su declaración ante el fiscal, aseguró que aquel 1º de enero “Control Urbano acudió a la fiesta mientras se llevaba a cabo, labró actas pero sin suspender el evento y nunca solicitó auxilio a su área de seguridad”.
Emilia Uscamayta Curí murió a los veintiséis años en una fiesta ilegal de fin de año en la quinta San Cayetano, en la avenida 520 entre 159 y 160 de Melchor Romero. Según la autopsia, murió por “inmersión en el agua” en la pileta de natación del lugar, de cuyas inmediaciones, a partir de las diez de la noche, desapareció toda presencia policial o de Control Urbano para impedir la fiesta que no tenía autorización municipal.
A casi once meses de la muerte de Emilia, la Justicia platense imputó a cinco personas: a los cuatro organizadores de la fiesta clandestina por “homicidio culposo”, figura que equivale a un accidente, y al comisario Piqué, considerado “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los cuatro organizadores de la fiesta ilegal, cercanos al macrismo y a la noche platense, son: el dueño de la casaquinta, Carlos Bellone; el empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartió actos no sólo con Garro, sino con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal–; el propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido tras violar la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el asesinato de un joven en 2009 a la salida de un boliche en Berisso. Bellone y García están prófugos.
