Por Nicolás Forlani*
Las palabras amenazantes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en torno a perseguir y denunciar a quienes desde las redes sociales convoquen a manifestaciones pacíficas en rechazo a las políticas implementadas en estos doce meses constituyen el corolario anunciado de una política económica veloz para satisfacer los intereses del Capital y tenaz para los sectores medios y populares. El carácter predecible de una disposición que recuerda hechos trágicos de nuestra historia reciente, como el estado de sitio decretado por el entonces presidente De la Rúa, reviste de una importancia crucial para el proyecto neoliberal del Gobierno presidido por el empresario Mauricio Macri.
En la tesitura del equipo económico de la alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC), la fenomenal (y deliberada) transferencia de recursos de los sectores trabajadores y pymes hacia las grandes corporaciones bancarias, mineras y agropecuarias debería haber redundado en un salto cuantitativo de las inversiones privadas. Tal hecho no ocurrió, y su explicación ya es histórica –algo así como una perogrullada en los países periféricos como el nuestro–: la transferencia de recursos de la clase trabajadora al Gran Capital, lograda mediante (entre otras medidas) la quita de las retenciones, la devaluación y las abultadas tasas de interés, no garantiza en nuestro país una traslación directa hacia inversiones en el sector productivo, más bien redunda –habitualmente– en una profundización de la fuga de divisas (estimado en 9 mil millones de dólares de enero a septiembre del año en curso).
Ya en el juego, el Capital impone y el Gobierno (convencido) obedece. Dos pruebas de fuego ha de superar el Gobierno nacional para este fin de año y el comienzo de 2017: la de garantizar los dólares suficientes para respaldar una bicicleta financiera que fuga miles de millones de dólares hacia el exterior, y la de asegurar la “paz social”. A la primera de ellas la ha resuelto sin mayores sobresaltos gracias a la buena voluntad de una oposición que hace las veces de peronista en el ámbito mediático pero actúa con pilcha amarilla en el Congreso. En efecto, el presupuesto aprobado para el próximo año, al tiempo que recorta en áreas sensibles (sólo para graficar este hecho baste con advertir un recorte del 60% en el ingreso a CONICET), amplía los márgenes de ganancia de los operadores financieros (45 mil millones es lo estimado para toma de deuda en dólares durante el año próximo).
El segundo reto es aquel sobre el que el gran empresariado concentrado tiene más dudas que certezas, esto es, la capacidad del Gobierno para lograr contener a la militancia popular. El Capital, al que (insistimos) ya se le cumplió con la tan “ansiada” caída del costo laboral, demanda seguridad –aduce que sin señales de orden y efectivo disciplinamiento de los sectores populares no garantizará la tan proclamada lluvia de dólares sobre el aparato productivo–.
Desde este marco es entonces que se debe analizar el acuerdo de la emergencia social recientemente consagrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ciertos movimientos sociales. Las promesas de secos y austeros confites para los próximos años parecen haber resultado efectivas para desmovilizar a cierta clase de dirigentes sociales cuyas bases ya comienzan a desconfiar.
Sin embargo, diciembre resulta un mes de tensa calma, no es de extrañar que allí donde nos quieren pacientes bases sociales conscientes de la inviabilidad de un proyecto político y económico que ya se experimentó en la Argentina salgan al cruce por las verdades que ocultan. Semejante cruzada popular, no obstante, requerirá del temple y la experiencia de sus dirigentes para motorizar manifestaciones populares y democráticas lo suficientemente inteligentes para evitar que las mismas sean blanco de gatillos en manos de verdaderos fatales, fríos y despiadados pasamontañas con hocico rastreador.
* Lic. en Ciencia Política. Becario Doctoral CONICET.
