Por Gabriela Calotti
“Es muy grave que una persona de un conservadurismo tal sea procurador […] Lamentamos estos retrocesos que son afines con la visión que tiene el PRO frente a la perspectiva de los derechos humanos”, sostuvo Díaz, luego de participar en la audiencia pública celebrada el martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado bonaerense que hoy, en principio, tratará el pliego de la candidatura de Julio Conte Grand, abogado y hombre del Opus Dei, ala ultraderechista de la Iglesia católica, como futuro procurador general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.
Pese a las impugnaciones presentadas por diversas organizaciones, es muy probable que Conte Grand, uno de los funcionarios más cercanos a María Eugenia Vidal siendo secretario de Legal y Técnica de la Gobernación, considerado un “retrógrado” y un “reaccionario” por numerosos organismos defensores de derechos humanos que luchan contra la violencia de género y la violencia institucional, y que han denunciado sus posiciones misóginas y homofóbicas, se convierta en jefe de los Fiscales de la provincia, el distrito más poblado del país, donde la mitad de sus habitantes son mujeres.
Más de un centenar de representantes de organismos no gubernamentales, dirigentes de diversas formaciones políticas y particulares expusieron sobre la candidatura de Julio Conte Grand en el último paso administrativo para su designación en la Cámara Alta.
La audiencia pública contó con “muchas más exposiciones a favor. Hasta ahora hubo pocas impugnaciones, nueve. Algunas colectivas, que tienen un poco más de organización, pero tenía un número grande de apoyos”, precisó Díaz sin poder ocultar su desazón frente a una designación impulsada por la gobernadora de Cambiemos sin importarle la superposición de Poderes que supone esta designación.
“Escuchamos cosas de algunos que defendían el nombramiento de Conte Grand acerca de que la independencia (NdR: de Poderes) ‘es un Estado de ánimo’, cuando se tocó el punto cuestionable de que sea el secretario Legal y Técnico”, comentó Díaz.
“Nosotras cuestionamos la falta de cumplimiento con requisitos como su lugar de residencia legal, pero también el hecho de que sea una persona cercanísima al Gobierno de turno”, subrayó antes de explicar que durante su planteo en la audiencia, “que no llegué a terminar de plantear porque me cortaron la intervención”, dijo que el nombramiento de Conte Grand será “como si Cristina Fernández hubiera nombrado a Carlos Zannini al frente del Ministerio Público Fiscal”.
La titular de Derechos Humanos de la CTA a nivel nacional aseguró que varios de los expositores “banalizaron los cuestionamientos que hacemos con respecto al debate del aborto, y sobre todo el tema de los derechos humanos” y a las posiciones explicitadas por Conte Grand.
“El problema es que no se trata de la opinión personal de Conte Grand, sino que su opinión personal, que es sesgada, que desconoce el marco normativo nacional e internacional de Argentina, la ha hecho en funciones de gobierno. Lo hizo con el Protocolo de Aborto en la Ciudad de Buenos Aires, lo hizo con las discusiones sobre matrimonio igualitario, y lo hizo con el debate sobre el Protocolo de Aborto en la provincia de Buenos Aires”, enumeró la dirigente.
Conte Grand “impone su visión al conjunto y eso es muy grave”, pues no sólo desconoce normas nacionales como el Código Penal de 1921, sino también tratados de derechos humanos internacionales a los que adhiere el Estado argentino.
“Es muy grave que una persona de un conservadurismo tal sea procurador. Sobre todo pensando en el debate respecto de los tratados de derechos humanos y los organismos que los defienden a nivel internacional, si tienen su incumbencia o no, si pensamos en la resolución de la ONU sobre la libertad de Milagro Sala”, opinó Díaz.
En ese sentido, la dirigencia de Cambiemos sigue ignorando recomendaciones internacionales, como la emitida hace dos meses por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU afirmando que la detención de la dirigente de la Tupac Amaru es “arbitraria” y solicitando su liberación “inmediata”.
Macri hizo caso omiso del reclamo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), que también exigieron la “liberación inmediata” de Milagro Sala, presa desde hace casi un año. El lunes y martes fue juzgada a puertas cerradas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy por un escrache en 2009 contra el actual gobernador jujeño Gerardo Morales, aliado de Macri. Hoy debería conocerse la sentencia.
“Si fuera por Conte Grand, estos derechos tampoco se cumplirán”, concluyó Díaz.
