El Tribunal Oral Federal de Jujuy daría a conocer hoy, según estaba previsto, la sentencia del juicio oral contra Milagro Sala y otros dirigentes sociales acusados de promover una agresión, en 2009, al actual gobernador Gerardo Morales, sin que medien pruebas hasta el momento. Sin embargo, sobre el cierre de la tercera y última audiencia, realizada ayer por la tarde, los jueces no confirmaron si leerán el veredicto.
El motivo por el cual el Tribunal aún no afirmó si el juicio culminará en la fecha prevista es que, según entienden los magistrados, no se ha concluido con la etapa probatoria. Entre otros motivos, falta la certificación solicitada por la defensa al Poder Ejecutivo provincial para saber si René “Cochinillo” Arellano (el único testigo que vincula a la parlamentaria del Mercosur con la protesta) fue empleado este año en la contaduría provincial. La prueba depende de que el Ejecutivo presente un oficio solicitado por pedido de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta en la audiencia del lunes pasado.
“Arellano es el único testigo de cargo que sostiene que Milagro sería instigadora de los hechos que tuvieron lugar en el Consejo de Ciencias Económicas. Nosotros hemos planteado la poca credibilidad que tiene y hemos ofrecido un informe del cual surge que este año ha sido empleado de la Contaduría de la provincia. Cuando él declaró le preguntamos si durante este año mantuvo algún trabajo en el Estado y dijo que no. Por ese motivo, el Tribunal ordenó un oficio que todavía no ha sido contestado, lo cual para nosotros es una vergüenza y otro dato más que evidencia que no se quiere terminar con este juicio”, dijo a la prensa Paula Álvarez Carrera, abogada de Sala.
Álvarez Carrera, indicó también que “Morales, que es el querellante en esta causa, como gobernador y como titular del Poder Ejecutivo es quien puede agilizar el trámite y contestar en tiempo y forma este oficio”.
Otro detalle llamativo es que durante la audiencia de ayer, en la que declararon nueve personas para brindar su testimonio (Albertina Ríos, Silvia Graciela Castells, Óscar Gustavo Fernández, Cecilia Mariela Del Rosario Flores, Analía Melián, Josefina Agustoni, José René Yapura, Juan Fernández y Julio Óscar Basualdo), a partir de los cuestionamientos de la defensa se pudo constatar que la mayoría de los testigos de cargo casualmente son miembros del partido radical, militantes, trabajadores o ex trabajadores del Instituto de Políticas Públicas de la provincia.
De tal modo, los jueces supieron que, por ejemplo, Analía Melián es hija de una prima hermana del contador Morales y Óscar Gustavo Fernández es su ex cuñado. Entre los testigos abundaron también las empleadas del entonces presidente del Concejo Deliberante de la capital jujeña, Juan Carlos Abud Robles (hoy ministro de Producción provincial).
Todos los que prestaron declaración señalaron que Milagro Sala no estuvo en el lugar de los hechos, que no había nadie de la Tupac Amaru y que no escucharon a nadie mencionarla, tal como había sucedido en los debates del 15 y 19 de diciembre.
Con la idea de que el juicio terminaría mañana, estaban previstas las presencias del secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz y nieto restituido, Horacio Pietragalla Corti, los diputados nacionales Wado de Pedro, Juan Cabandié, Andrés Larroque y Mayra Mendoza, entre otros; el secretario general de la ATE capital, Daniel Catalano; el legislador de C.A.B.A., Carlos Tomada; y el Padre Paco, de los Curas en Opción por los Pobres, entre otros dirigentes.
Dos detenidos en las afueras del juzgado
«Lo raro es que detienen a los compañeros en la manifestación, sacaron fotos, se fijaron quiénes eran y de los ochenta manifestantes que había dos tenían causas y los detuvieron», así detalló el diputado provincial Ariel Ruarte lo sucedido ayer a la tarde en la puerta del juzgado en donde se realizaba el juicio contra Milagro Sala.
Los militantes, como en cada audiencia durante el primer juicio oral a Milagro Sala, se concentraron en la puerta del juzgado desde las 16:30 hs. Pasadas las 19 fueron detenidos Gustavo Flores y Enrique Cruz, quienes contaban con antecedentes penales por delitos menores.
Según indicó Ruarte, en las afueras del juzgado hay una numerosa cantidad de policías de la provincia en la primera barrera, luego está la Policía Federal adentro y entre ambas fuerzas ejercen un minucioso control de los ingresos y de quienes están afuera. «Para dejarme pasar a presenciar la audiencia estuvieron un tiempo considerable examinando mi matrícula. No me impedían pasar pero tampoco me lo permitían. No me dijeron nada pero me demoraban», expresó el diputado, dando cuenta de las claras actuaciones de la Policía para incomodar a los asistentes.
Lo llamativo es que entre todos los manifestantes hayan sido identificados puntualmente dos militantes que tienen causas previas.
Todo parece indicar que la Policía no estaría actuando como indica la ley –esto es, a raíz de un delito, se investiga y se busca al implicado–, sino todo lo contrario: como hay una manifestación que pretenden desarticular, fotografían a los presentes, los investigan y, si encuentran el motivo que buscan, detienen a quienes consideran necesario para lograr su cometido. Un hecho extraño más que se suma a todas las situaciones de persecución política que se viven en Jujuy desde la asunción al poder del contador Morales.
