Por Fernando M. López
Antes de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuatro de cada diez personas en edad de jubilarse estaban excluidas del sistema de seguridad social. Los que contaban con una prestación tenían sus haberes congelados desde el menemismo y hasta sufrieron un recorte del 13% por obra y gracia del ex presidente Fernando de la Rúa y su ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, reciclada ahora en el gabinete de Cambiemos como titular de la cartera de Seguridad.
Luego de la inclusión previsional alcanzada durante la última década, la cobertura llegó al 95% de los abuelos, la más alta de América Latina. Pero con Mauricio Macri y el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, el sistema vuelve a estar en riesgo. En los últimos meses, a través de la farsa de la “reparación histórica” y el blanqueo de capitales, el Gobierno sentó las bases para la reforma neoliberal que exige el organismo de crédito sobre las jubilaciones y pensiones.
Juan Carlos Díaz Roig, quien integra la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo a Contexto que lo que pide el FMI “es criminal y absolutamente inhumano”.
Para el legislador por Formosa del Frente para la Victoria (FpV), la cuestión “central” es el cambio que se propone en la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad, para ajustarla por la variación del índice de costo de vida, y en la determinación del haber inicial.
“La fórmula de movilidad argentina es única en el mundo. Fue una idea nuestra y funcionó muy bien desde su sanción en 2009. Es un mix entre el aumento de recaudación previsional y el aumento proveniente de las paritarias. Esto hizo que el haber de los jubilados todos los años fuera superior a la inflación, con lo cual se achicó el índice de Gini (medida de la desigualdad) y se agrandó la participación del sector asalariado en la torta, el famoso fifty-fifty”, explicó.
Descartar esos dos parámetros para reemplazarlos por la variación de precios que refleja la evolución de una canasta de consumo promedio sería un claro retroceso que impactaría negativamente sobre los haberes del sector pasivo.
“En momentos en que la política nacional es enfriar la economía, bajo una concepción neoliberal, evidentemente la inflación se dispara por encima de la fórmula movilidad. Lo que vengo planteando es que se mantenga la fórmula pero se le agregue un tercer coeficiente, a través de una cláusula gatillo, que sería el de la inflación”, sostuvo Díaz Roig, y agregó que “esto permitiría garantizar que, cuando la inflación sea superior a la fórmula de movilidad, el Estado se haga cargo de la diferencia sin utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.
Las preocupaciones son aun mayores en torno a la determinación de lo que cobrarán aquellos que recién se jubilan, ya que el FMI le recomienda al Gobierno de Macri que reduzca la tasa de reemplazo, referida a la relación entre el haber previsional y el salario que se percibía durante la etapa activa. El organismo plantea pasar del 72% promedio actual a un 60%, bajando de 1,5 a 1,1 el coeficiente de la determinación que multiplica cada año de aportes.
“Plantear el 1,1 es una barbaridad porque, con treinta años de aportes, sería sólo el 33%. Ahora, con treinta años de aportes se tiene el 45%, a lo que se suma la Prestación Básica Universal (PBU). Hoy estamos próximos a un 70% en promedio y hemos llegado al 81% del salario mínimo vital y móvil. Pero si el Gobierno decide acatar lo que dice el FMI nos encontraremos con una pauta sustitutiva que no va a llegar ni al 50% del haber en actividad”, advirtió el legislador del FpV.
Según Díaz Roig, lo que se necesita es “una reforma integral” que mejore el sistema y garantice un nivel más alto de consumo: “La ley de movilidad jubilatoria ha permitido que la tasa sustitutiva esté cerca del 70%, aunque debe considerarse la posibilidad de llegar al 82%”.
En este marco, el diputado también se opuso a la “recomendación” de modificar la edad de jubilación de las mujeres, para aumentarla de 60 a 65 años, y aseguró que “manteniendo las moratorias podríamos llegar a la cobertura integral”.
“El tema de la edad depende estrictamente de que sigamos con la moratoria previsional o no; esa es la cuestión de fondo que ellos quieren atacar. Yo soy un defensor de la moratoria porque en la historia argentina es una falencia del Estado no haber tomado los recaudos previsionales necesarios para garantizar el pago de los aportes y las contribuciones, sobre todo en los sectores con mayor evasión empresarial, como son el campo y el sector gastronómico”, indicó.
Asimismo, rechazó la idea de sacar la Asignación Universal por Hijo, el PROG.R.ES.AR. y PRO.CRE.AR. de la ANSES para enviarlos a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, así como el Conectar Igualdad al Ministerio de Educación y Deporte.
“Cuando alguien utiliza la AUH para comprar leche, pasajes de transporte público, útiles, o lo que sea, cotiza a la seguridad social. Un porcentaje de ese gasto colectivo va al fondo de la ANSES. Por eso defendemos que estos programas estén en el sistema de previsión social”, remarcó, y consideró “tendencioso” que el FMI mencione el PROG.R.ES.AR. y el Conectar Igualdad.
“Esos planes no estaban financiados por la ANSES, al menos durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así que no sé por qué lo menciona el Fondo Monetario, que habitualmente está mal informado. Parece que quiere dar a entender que las notebooks se están pagando con plata de los jubilados, cuando eso no es así”, completó.
El FGS
En enero próximo asumirá la nueva conducción directiva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En ese cargo estuvo Luis María Blaquier, sobrino del genocida dueño del ingenio Ledesma, aunque debió renunciar tras el escándalo del Memorándum de Entendimiento que firmó con Qatar Investment Authority (QIA), que contemplaba la creación de una estructura offshore para administrar los 1.300 millones de dólares del acuerdo. En su lugar, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, pondrá a su amigo Juan Martín Monge, quien se desempeñó como CEO de la AFJP MetLife y el Banco Galicia.
“La política del macrismo hacia los jubilados es realmente calamitosa. Si fuera por ellos, irían al régimen de las AFJP, pero a lo único que apuntan por el momento es a liquidar el FGS”, afirmó Díaz Roig.
Al respecto, el legislador apuntó que el Gobierno hizo “una trampa muy grande” luego de la devaluación: “Calcularon los 800 mil millones de pesos del FGS al dólar contado con liqui en lugar de calcularlo al dólar oficial de diciembre y ahora dicen que hay U$S 55 mil millones. La forma en que mienten, amparados por la protección mediática y judicial, es algo que genera impotencia”.
Más tarde, y pese a estar prohibido por ley, Blaquier puso a la venta el 12% de las acciones que tenía la ANSES de Petrobrás Argentina. Las adquirió Pampa Energía, una de las empresas de Joe Lewis, el magnate inglés amigo de Macri, a quien unas semanas antes se le había perdonado la multimillonaria deuda que Edenor mantenía con el Estado.
“Lo que quieren hacer es crear un fideicomiso y quedarse con los 55 mil millones de dólares del FGS para hacer negocios afuera, algo que habían empezado con el emir de Qatar (Tamim bin Hamad Al-Thani). Quieren manejar esto como un fondo de inversión, no como un fondo de pensión”, denunció Díaz Roig, y llamó a estar atentos porque, “si no paran la mano”, el país “va camino a 2001”.
