Por Gabriela Calotti
La puesta en marcha de un compromiso que revise las reformas que intentan llevarse a cabo en las leyes penales de la nación y de la provincia de Buenos Aires, la evaluación de la conmutación de penas para evitar el hacinamiento en las cárceles bonaerenses, la mejora de la calidad sanitaria y alimenticia, la apertura de más espacios de capacitación y enseñanza y la provisión de colchones en todas las unidades, son algunos de los reclamos que el Colectivo de Personas Privadas de Libertad Ambulatoria presentó en una “mesa de diálogo” que esta semana reunió a representantes de cuatro penales bonaerenses, de los tres Poderes del Estado provincial, de organizaciones de derechos humanos y de la Universidad Nacional de La plata (UNLP).
El encuentro tuvo lugar en la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos, de La Plata, en el marco de los reclamos que en las últimas semanas reforzaron mujeres y hombres que están alojados en las unidades penitenciarias bonaerenses N° 1, N° 8 (Los Hornos), N° 9 (La Plata) y N° 31 (Florencio Varela), quienes durante algunos días cumplieron una huelga de hambre para visibilizar su situación.
La protesta buscaba principalmente hacer oír su voz frente a los cuatro proyectos de ley o de reforma de la legislación vigente referidos a la Ejecución Penal o Ejecución de Penas, impulsados por la alianza del PRO y radicales y por sus aliados del Frente Renovador, que ya cuentan con media sanción en la Cámara de Diputados e iban a ser tratados en el Senado en sesiones extraordinarias pero finalmente fueron postergadas para las sesiones ordinarias de 2017.
La “mesa de diálogo” era justamente una de las principales reivindicaciones de la protesta para expresar los reclamos de las y los detenidos de esas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, las personas en situación de encierro pidieron “institucionalizar la mesa de diálogo con referentes en todas las unidades penitenciarias”.
“Luego de hacer una mención general sobre la situación que motorizó particularmente el reclamo por la constitución de esta mesa, se logró hacer formalmente algunas presentaciones solicitando una serie de medidas ante los organismos del Estado”, indicó un comunicado de dicho Colectivo al que tuvo acceso Contexto.
La próxima reunión de la mesa está prevista para febrero. “No obstante, desde el Ministerio de Justicia se comprometieron a comenzar con la instrumentación de las denominadas mesas chicas regionales”, tal como se acordó en el primer encuentro que tuvo lugar el miércoles 28 de diciembre.
Las medidas reclamadas por las personas privadas de libertad, que abarcan obviamente a todas aquellas que están en unidades penitenciarias bonaerenses, donde se encuentra el 46% de la población carcelaria del país, son las siguientes:
-Evaluación de una conmutación general de penas para algunas categorías de condenad@s en vistas de lograr un avance sobre la problemática del hacinamiento.
-Establecer legalmente un cupo máximo por parte del Estado para el alojamiento de personas en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
-Proveer una mayor y mejor calidad en la asistencia sanitaria, el equipamiento de estas áreas intramuros y la posibilidad de contar con ambulancias equipadas en todas las unidades penitenciarias.
-Exigir la provisión de alimentos cuantitativa y cualitativamente suficiente para todas las personas detenidas.
-Revisión urgente de la dinámica de evaluación y dictamen de los grupos de admisión y seguimiento y la junta de selección del Servicio Penitenciario Bonaerense a través de informes criminológicos.
-Existencia real y visible de oficinas de la Procuración (Ministerio Público Fiscal) en todas las unidades carcelarias.
-Adecuación laboral de los trabajadores en contexto de encierro para obtener un salario mínimo, vital y móvil según la legislación vigente.
-Establecer un protocolo por parte de la Suprema Corte de Justicia en materia de actuación de habeas corpus.
-Institucionalizar la mesa de diálogo con referentes en todas las unidades penitenciarias.
-Constitución de mesas regionales para el tratamiento directo e inmediato de cuestiones cotidianas que hacen a la realidad y problemática de cada unidad.
-Poner en marcha un compromiso que revise las reformas que intentan llevarse a cabo en las leyes penales de la nación y de la provincia de Buenos Aires.
-Apertura de más espacios de capacitación y enseñanza en todas las unidades carcelarias.
-Ejecución concreta de la Resolución 4.155 del SPB referida a los estudiantes universitarios y/o terciarios.
-Provisión de colchones en todas las unidades.
-Provisión de vehículos para garantizar los traslados de los detenidos a los diferentes departamentos judiciales, salidas extraordinarias, etcétera.
El Colectivo llamó igualmente a “seguir sumando voluntades a esta Mesa” para “fortalecer un espacio de discusión y propuestas”, y subrayó que “esta situación no se hubiese logrado sin la coherencia, organización y firmeza de tod@s las personas que forman parte de este colectivo y que han venido poniendo el cuerpo no sólo desde adentro de las cárceles, sino también desde afuera”.
Entre las cuatro reformas y/o proyectos de ley figura la modificación de la Ley 24.660, que prevé restricciones a las salidas transitorias (que alcanza a las personas ya condenadas) y que podría afectar directamente su derecho de acceso a la educación fuera de los penales.
La reforma a esa ley elimina las salidas transitorias, la libertad condicional y otros beneficios para quienes fueron condenados por delitos sexuales graves, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y robos con armas de fuego. El objetivo es que estos detenidos cumplan con la totalidad de la pena.
