Por Alejandro Palladino
Hacia las 20 hs de ayer, mientras los camiones retiraban las últimas pertenencias de las familias y las transportaban a depósitos del Gobierno porteño, los vecinos desalojados del edificio del ex Patronato de la Infancia (Padelai) no tenían garantías por parte de los funcionarios sobre el cobro de los subsidios o el crédito hipotecario que el Gobierno les había prometido, según los casos de cada familia.
El desalojo comenzó el miércoles a las 4 de la madrugada, llevado a cabo por un amplio operativo de la Policía Federal con decenas de efectivos, que vallaron el perímetro del lugar ubicado en la calle Balcarce y San Juan, en el barrio de San Telmo. La orden de desalojo fue firmada por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N° 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, luego de una denuncia del Gobierno porteño por usurpación.
En total son sesenta familias –con cien chicos– que viven en el antiguo edificio desde 2012. Tienen condiciones diversas de acuerdo con cuán apremiantes sean sus necesidades. Por la mañana, alrededor de cuarenta de ellas acordaron con las autoridades presentes de los Ministerios de Desarrollo Humano y Hábitat y Espacio Público el pago de un subsidio para paliar su situación. Allí estuvo presente Sergio Constantino, secretario de Descentralización. Otras cuarenta fueron desalojadas durante la tarde, con la promesa de obtener un crédito hipotecario del Instituto de la Vivienda (IVC).
En una reunión previa al desalojo, los vecinos nucleados en la cooperativa de consumo limitada de San Telmo habían pactado con los funcionarios la firma de un acuerdo, con la Defensoría del Pueblo como garante de las familias, para tener la seguridad de que las cuarenta familias restantes obtengan el crédito que les permita mudarse, a cambio de desalojar pacíficamente. Sin embargo, con el edificio ya vacío, el Gobierno no cumplió su parte.
“El Gobierno no quiso firmar y está manejando la cosa a su manera”, dijo a Contexto Tito Vargas, referente de la cooperativa integrada por los vecinos. “Nos encontramos en una situación sin garantías por los créditos, con incertidumbre y preocupación. No sabemos dónde van a dormir esta noche las familias”, afirmó Vargas, quien agregó que esa preocupación tiene sus antecedentes en otras promesas incumplidas del Gobierno PRO a la hora de garantizar el acceso a la vivienda.
Desde el sitio de Facebook de la cooperativa, los vecinos relataron que “el Gobierno de la Ciudad nos sacó las cosas y las subió a camiones y no sabemos a dónde las llevan. Tapiaron nuestras viviendas y no tenemos ningún acuerdo firmado con una solución habitacional”.
“Por la experiencia de 2003, tratamos de que el desalojo no sea igual. Hemos tratado de mantener el diálogo con los jefes del operativo. Pero nos molestó que el Gobierno no cumpla lo que habíamos acordado en una reunión”, dijo Vargas, en alusión a la represión que sufrieron los vecinos del Padalai en 2003, cuando también fueron desalojados.
El abogado que representa a las familias, Sebastián Alanís, dijo que la propiedad desalojada pertenece en un 70% a las familias. «El edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es. Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo”, dijo el abogado en declaraciones a Radio 10.
Luego de la represión de 2003, que dejó un saldo de cincuenta heridos y dieciséis detenidos de las veinticuatro familias que allí vivían, en 2009 fue cedido en comodato por parte de la gestión de Mauricio Macri a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de transformarlo en un centro cultural español, cosa que nunca ocurrió y en 2012 volvió a ser ocupado por las familias desalojadas ayer.
