Por Miguel Croceri
Numerosas decisiones políticas del Gobierno de Mauricio Macri, del Poder Judicial, del Congreso, de Gobiernos y Poderes Judiciales provinciales, así como de las Policías y otras fuerzas denominadas “de seguridad” que de ellos dependen, indicaron en el último año, y con creciente gravedad en las últimas semanas y días, que Argentina avanza peligrosamente hacia el fin del Estado de derecho instaurado tras el fin de la dictadura genocida en 1983.
Si eso llegara a concretarse, lo cual sólo podrá ser impedido si se organiza desde las bases sociales y desde las conducciones políticas la acumulación de fuerzas necesarias para neutralizarlo, significará que con el resultado electoral y el cambio de Gobierno de fines de 2015 no sólo se habrá producido el cambio del modelo de país que propuso y en gran medida logró el kirchnerismo.
También se habrá terminado la vigencia de las libertades políticas, derechos ciudadanos, garantías constitucionales, posibilidades de defensa en juicio y condiciones para la acción cívica que se incorporaron a la vida de los argentinos y argentinas desde que empezó la actual etapa democrática, con el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Todo lo que mucha gente considera “democracia”, en el sentido más liberal del término, aceptado por una mayoría ciudadana como un modo de cierto “contrato social”: como vigencia de las libertades públicas.
Los hechos contrarios a la Constitución y las leyes han sido de tal magnitud, frecuencia e impunidad desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia, y de ese modo el bloque de poder dominante recuperó el manejo del Estado, que precisamente son esas características las que advierten sobre su gravedad presente y futura.
Un señalamiento, sólo a modo de ejemplos, incluye las siguientes situaciones:
* Milagro Sala y otras integrantes de la organización barrial Tupac Amaru están privadas ilegalmente de la libertad desde hace un año, y todos los recursos judiciales en cualquier instancia son resueltos en su contra. Además, el Gobierno jujeño ejecuta un plan sistemático de persecución, amenazas y terror contra militantes de la Tupac.
* En la semana que termina, pobladores mapuches fueron atacados violentamente repetidas veces y muchos de ellos encarcelados en la provincia de Chubut. Actuaron la Policía provincial que responde al gobernador, el justicialista antikirchnerista Mario Das Neves, y la Gendarmería Nacional que depende del presidente de la Nación. Todo con la participación de jueces. El ministro de Gobierno chubutense, Pablo Durán, dijo que las víctimas son “terroristas” y “delincuentes”.
* Los ataques de fuerzas represivas contra protestas populares son una constante en todo momento y en cualquier lugar del país. Los derechos a manifestarse y a “peticionar a las autoridades” (Art. 14 de la Constitución Nacional) conllevan hoy graves riesgos para la seguridad física de las personas. Muchas veces ocurrió antes, pero actualmente el riesgo está agravado y es altísima la posibilidad de que un/a ciudadano/a que protesta sea atacado/a por policías u otros agentes armados por el Estado.
* En 2016 y en lo que va del presente año, repetidamente fueron perpetrados ataques políticos en los domicilios particulares de ciudadanos identificados como opositores al régimen actual. La modalidad consiste en entrar a las viviendas, revolver todo, ultrajar y destruir bienes íntimos de las familias víctimas, y sólo llevarse documentación política o información contenidas en computadoras o en papel. Así le ocurrió, entre otros, a la periodista Cynthia García, al dirigente de ATE-Capital Daniel Catalano, y en estos días al delegado de ATE en el Ministerio de Educación de la Nación, Rodrigo Recalde.
* A Hebe de Bonafini, en noviembre pasado, le cortaron los teléfonos, y durante una madrugada un grupo de atacantes la insultó desde la puerta de su casa como forma de terrorismo psicológico y emocional.
* Macri ha perpetrado, desde las primeras semanas de gobierno, la derogación de facto de leyes de la nación, a través de decretos. Anteriormente, las únicas que derogaban de facto leyes de la nación eran las dictaduras militares. En cambio, hoy lo hace el Gobierno con complicidad del Congreso y del Poder Judicial.
* La alianza que encabeza Macri copó ilegalmente, violando las normas vigentes, la conducción del Banco Central (algo que es razonable para dirigir la economía, pero que es contrario a la legislación que siempre impulsó la derecha y que le da cierta autarquía a la institución); el Consejo de la Magistratura (órgano que selecciona a los jueces); la Unidad de Información Financiera (que debe prevenir el lavado de dinero de origen clandestino y otros delitos económicos), y Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (que administra los medios de comunicación públicos del Estado nacional).
* También Macri eliminó de facto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Comunicación y la Información (AFTIC), y en ambos casos desplazó mediante la violencia a sus autoridades legítimas. Así, reemplazó a los dos organismos por otro, de facto, denominado “Ente Nacional de Comunicación” (ENACOM), manejado por funcionarios igualmente de facto.
* El Gobierno y los jueces persiguen con amenazas de cárcel a la ex presidenta Cristina Kirchner, a ex ministros de su gabinete y a ex directivos del Banco Central por medidas de gobierno adoptadas durante sus respectivas gestiones (la causa judicial por el “dólar futuro” fue iniciada por legisladores de la alianza gobernante, luego los jueces actúan coordinadamente con el oficialismo).
* El Gobierno y los jueces amenazan con juzgar por “traición a la Patria” a la ex presidenta y a su canciller, entre otros, por haber firmado un acuerdo de cooperación judicial con la República Islámica de Irán para avanzar en la investigación del impune ataque terrorista contra la mutual israelita AMIA.
* La corporación judicial, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha dispuesto fallos humillantes y ultrajantes, como impedir que sean investigadas las torturas de los militares de la dictadura genocida argentina contra los propios soldados de nuestra patria en la Guerra de Malvinas.
* La misma Corte Suprema falló contra Víctor Hugo Morales y le hace pagar una indemnización millonaria al Grupo Clarín por emitir imágenes de un partido de fútbol en el año 2000, cuando esa empresa tenía el monopolio de la trasmisión. Además, abogados de Clarín, junto a martilleros e inspectores judiciales, allanan cuando quieren la casa del periodista para verificar si están los bienes que garantizan el pago de la indemnización. Un caso de alevoso ultraje judicial a un ciudadano.
* Periodistas identificados con el kirchnerismo han sido expulsados de los medios de comunicación públicos. Se atacaron así sus derechos laborales. Pero, además, si se tiene en cuenta que la casi totalidad de las corporaciones privadas mediáticas tienen afinidad ideológica con el Gobierno y que integran, con un rol central o secundario, el bloque de poder dominante, la censura y persecución a esos periodistas implica abolir voces disidentes, impedir el pluralismo y cerrar espacios de libertad de expresión.
Antes, con otros gobiernos
Los hechos enumerados son una parte –arbitraria– de una lista interminable. Sin embargo, aun tratándose de situaciones violatorias de las garantías que otorgan la Constitución y las leyes, no son los primeros desde que el país tiene un sistema político regido por elecciones y con un marco legal socialmente aceptado como “democracia”. Incluso, los casos enumerados están a años luz de ser los peores que hayan ocurrido.
Hechos terribles se produjeron en otros momentos de la actual etapa democrática, que significaron igualmente que no existía el Estado de derecho de la forma debida, y que su vigencia había sido eliminada.
Entre los más graves, los crímenes políticos perpetrados por fuerzas policiales durante protestas populares en la etapa menemista, como los asesinatos de Víctor Choque en Ushuaia (Tierra del Fuego) en 1995, y de Teresa Rodríguez en Cutral Co (Neuquén) en 1997.
También los asesinatos de Francisco Escobar y Mauro Ojeda, en diciembre de 1999, por parte Gendarmería Nacional en el puente que une las provincias de Corrientes y Chaco, una semana después de que asumiera el Gobierno de Fernando de la Rúa. Ese sería sólo el comienzo de una estrategia criminal del Gobierno que se agravaría con el asesinato de Aníbal Verón, en el año 2000 en Tartagal (Salta), y llegaría al extremo durante el estallido de fines de 2001, con el asesinato de 39 personas en todo el país (esta cifra surge de la investigación periodística realizada para la producción audiovisual 39, El Documental, dirigido por Ayelén Velázquez y aún no estrenado).
En el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, policías de la provincia de Buenos Aires asesinaron a los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda.
Durante el kirchnerismo ocurrieron crímenes políticos a manos de policías federales o provinciales, o de bandas criminales con complicidad de los Gobiernos provinciales. Entre ellos, los asesinatos del docente Carlos Fuentealba durante una protesta en una ruta de la provincia de Neuquén, en 2007; del cacique diaguita Javier Chocobar en la localidad de El Chorro, Trancas (Tucumán) en 2009; del joven militante Mariano Ferreyra, del Partido Obrero, en 2010, cuando participaba de una movilización cerca de la estación Constitución; del también joven militante Cristian Ferreyra, pero indígena y olvidado como víctima de un crimen político, asesinado en el paraje San Antonio (Santiago del Estero) en 2011.
En consecuencia, los hechos de la etapa macrista son de una gravedad infinitamente menor si se los compara con asesinatos de personas como los señalados –sólo a modo de ejemplos recordatorios– en los párrafos anteriores.
No obstante ello, lo que otorga una enorme potencialidad y proyección futura a los atropellos actuales contra las libertades y derechos básicos es que su ejecución y encubrimiento involucra a la totalidad de los factores de poder estatales y corporativos: Gobiernos nacional y provinciales, Poderes Judiciales de todos los niveles, Congreso nacional y legislaturas provinciales, y medios de comunicación más poderosos (el Grupo Clarín, en primer lugar).
No hay escapatoria. Nadie protege a la sociedad civil. Hay un cerco que se va construyendo contra quienes no tienen ningún poder, excepto construir fuerza popular organizada. Se produce así una “naturalización” de los hechos. Hay resistencias desde sectores politizados y combativos de la sociedad y de la política, pero ninguna reacción desde los Poderes públicos. Ni de los Ejecutivos, Legislativos o Judiciales de la nación o de las provincias. Ellos son, en cambio, ejecutores, o bien encubridores junto con el aparato mediático hegemónico.
La alianza de corporaciones que gobierna el país conduce hacia la destrucción del Estado de derecho iniciado a fines de 1983 y que, habiendo atravesado periodos de descomposición criminal, el más grave de ellos durante el estallido del país en 2001, logró después rearmarse y mantenerse en pie con importantes niveles de legalidad y legitimidad. Es posible que eso haya llegado a su fin.
Quizás, en la reconstrucción del país después de la etapa macrista actual –etapa que es expresión de una hegemonía derechista cuya duración nadie puede prever con certeza–, habrá que proponerse recuperar el ejercicio de principios tales como libertades públicas, libre expresión, derechos políticos y posibilidades de defensa en juicio. Todas ellas condiciones que, según el contrato social vigente en Argentina desde el fin de la última dictadura, constituyen los pilares del sistema político democrático.
