Por Florencia Abelleira
Marcelo Colombo es el fiscal a cargo de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex) que está a cargo de la Procuración General de la Nación. La finalidad es prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en los casos de trata de persona por explotación tanto sexual como laboral.
Especializado en Derecho Penal, Colombo se ocupó de desarrollar planes de acción y manuales para perseguir delitos de corrupción. Trabajó para las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo y fue coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según él, está en continuo aprendizaje sobre la problemática y se empeña en desbaratar las redes de trata. El mayor problema con el que se enfrenta es “intentar llegar a los grandes peces de las organizaciones criminales”.
¿Cómo trabajan desde la Procuraduría para poder tener alcance nacional y federal?
Es uno de los desafíos más importantes que tenemos sobre cómo mejorar y optimizar las políticas que nosotros queremos generar en cada rincón del país. Desde la Procuraduría tenemos distintas líneas de acción. Hacemos un seguimiento y control de todos los casos que se abren en el país y un control de seguimiento de los procesamientos y las sentencias dictadas, para no sólo nutrir nuestras estadísticas, sino también para ir conociendo las características del fenómeno. Sobre todo cómo va variando y cómo se va mostrando en cada una de las provincias.
Hay otras dos líneas de acción fuerte. Por un lado, intentar que los fiscales federales de todo el territorio sigan los lineamientos que en política criminal dicta la procuración con un asesoramiento técnico por parte de la Procuraduría. El otro punto es la creación de los denominados fiscales de distrito. Nosotros, en cada jurisdicción, tenemos un fiscal con el cual coordinamos, y eso nos permite que la mirada que nosotros queremos proponer en las investigaciones de trata sea una mirada presente en cada una de las investigaciones a partir de un seguimiento que nos hace este fiscal de distrito.
¿Cuál es esa mirada que tienen sobre la trata?
Trabajar muy fuerte en lo que es la detección del caso de trata. El proceso judicial sobre una víctima de trata no se abre solo, y la víctima es muy improbable que acuda a una fiscalía a tocar el timbre para hacer una denuncia penal; por lo tanto, uno de los planteos fuertes es tener una actividad proactiva por parte de los fiscales federales para que generen relaciones lo más fluidas posibles con organismos públicos y organismos del sector civil dedicados precisamente a esa primera asistencia de la víctima.
También tenemos dos o tres líneas de acción fuerte que, por un lado, es intentar que en los casos de trata se investigue precisamente la posible existencia de una asociación delictiva de trata. La trata de personas es calificada internacionalmente como delito de crimen organizado, compuesto por más de tres personas con estructuras permanentes de funcionamiento, con lo cual tratamos de generar una cultura de investigación que no se quede en la punta del iceberg de un caso, sino que intente analizar si hay funcionarios públicos involucrados en el delito, de modo tal de poder destrabar esa red de impunidad. Y por el otro, que haya una buena investigación patrimonial de los imputados de ese caso para poder afectar precisamente el nervio patrimonial de la estructura delictiva, que es una de las mejores maneras de acabar con ellas.
¿Con qué se encuentran cuando van más allá de la punta del iceberg?
Las líneas de investigación que propone un caso a veces están a la vista y deben ser advertidas a tiempo por los investigadores. Por ejemplo, si existe un prostíbulo cuya titularidad está a nombre de una sociedad o esa sociedad es parte de un fideicomiso, eso está dando muestra, es una primera luz de atención para el investigador, porque seguramente detrás de esas estructuras societarias puede haber una forma de esconder al verdadero titular de ese bien, que seguramente puede tener otras sociedades y otros prostíbulos que están conectados.
Esto, con total sinceridad, es un aprendizaje que uno va haciendo a medida que pasan los años, respecto de las estructuras delictivas con las que se va encontrando, y me parece que aprender a investigar casos desde el ángulo patrimonial es un gran desafío de una buena investigación del crimen organizado.
«las características que tienen tanto las víctimas de trata sexual como laboral es la vulnerabilidad, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas.»
¿Qué características tienen en común las víctimas de trata?
Una de las características que tienen tanto las víctimas de trata sexual como laboral es la vulnerabilidad, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. Es casi una constante de los dos mundos que muestran características en general muy distintas, pero si hay un rasgo que los une es la vulnerabilidad.
¿Son conscientes de su situación de explotación?
Muchas no y algunas sí, es quizás una diferencia eso. Por ejemplo, respecto a la trata con fin de explotación sexual, el 99% de los casos son mujeres (es una cosa que se diferencia de la trata laboral); de ese porcentaje, muchas de las mujeres vienen de historias de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Muchas vienen de haber sido iniciadas por proxenetas o por familiares en la explotación sexual en edades muy tempranas, de los 13 a los 17 años, por lo cual ya vienen con una historia de supervivencia y de adaptación a esa situación. En general, es frecuente encontrarse con una primera reacción de rechazo a reconocerse como víctimas porque precisamente es lo que han podido generar para poder sobrevivir o permanecer con vida en esa dinámica de explotación.
En cuanto a la explotación laboral, las causas son otras, pero las consecuencias son parecidas. Muchas personas que son explotadas en los talleres textiles son ciudadanos bolivianos que vienen de una situación social muy pobre y entonces el hecho de trasladarse a Argentina, tener un techo nomás y algo para comer, para ellos significa una situación mejor de lo que tenían en Bolivia. Por eso, en ese punto a veces es frecuente encontrarse con víctimas que no se reconocen como tales porque están acostumbrados a una vida entera de explotación.
Nos pasa con bolivianos que van al consulado y que dicen que se quieren volver a su país porque la situación que están viviendo en un taller textil es que hace mucho que no les pagan y no les devuelven los documentos, y además el dueño les pega o abusa. O sea, empiezan a notar las características de esa opresión cuando ya toca fibras más extremas.
¿Hay focos precisos de trata en el país?
No hay ninguna provincia que esté exenta del fenómeno de la trata y la explotación, y hay, en general, explotación sexual en cualquier lugar donde subsistan prostíbulos, porque el sistema prostibulario en definitiva se alimenta siempre de mujeres pobres y vulnerables.
Las estadísticas que tenemos respecto de las sentencias y procesamientos muestran que no hay ninguna provincia que al menos no haya tenido un caso, incluso hay muchas con bastantes casos. En aquellas provincias donde hay más casos no necesariamente quiere decir que haya más explotación que en otras, simplemente quizás las autoridades encargadas de detectar casos y llevarlos a juicios han funcionado más eficazmente. Un caso muy claro de esto es el sur de nuestro país, donde la explotación sexual está muy naturalizada y en general la cantidad de casos que han llevado a condena nos parecen insuficientes respecto de lo que representa la explotación sexual en esos lugares.
«En las investigaciones penales de trata el problema es llegar a los grandes peces de las organizaciones criminales.»
Comparando a la Argentina con países limítrofes, ¿cómo es su situación en materia de prevención de la trata de personas?
Hay un informe del año 2014 de Naciones Unidas que es un informe general sobre cómo está el planeta en la temática de combate y prevención en la trata de personas. En lo que tiene que ver con la parte que nos toca más a nosotros como agentes de la justicia, el informe muestra la preocupación respecto de que las agencias judiciales en el mundo están siendo poco eficaces para combatir el fenómeno. Hay una torta informativa en donde muestra los distintos porcentajes de casos a los que se ha arribado a condena en un año. Hay un 16% de países que tienen por año más de cincuenta condenados. Sólo un 16%, y Argentina está dentro de ese porcentaje.
Nosotros en 2014 tuvimos 58 condenados por delitos de trata, con lo cual en lo que tiene que ver con respuestas judiciales, en lo que es la comparación con los países del mundo, no sólo limítrofes, podríamos decir que la Argentina está bien posicionada o al menos dentro del bloque de países que más condenas han conseguido.
Por ejemplo, Chile tiene una ley de trata de hace sólo un año y medio y, hasta donde pude conocer, tiene sólo tres sentencias. Brasil no tiene una ley de trata pero sí una de reducción a servidumbre, donde ha podido administrar algunos casos de trata laboral. Y Paraguay tiene algunas condenas dictadas por trata sexual pero no tanto de trata laboral.
¿Qué opinión tenés sobre la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas sancionada en abril de 2008 y ampliada y mejorada a fines de 2012?
La reforma de 2012 para mí es una buena reforma, que elimina la falta de consentimiento de la víctima para que haya delito. Hoy en día, para que tengas un caso de explotación de personas, ya sea sexual o laboral, no es necesario que el fiscal pruebe que esa explotación se ha dado por violencia, por engaño o por abuso de una situación de vulnerabilidad, sino que lo que debe probar es que esa explotación se está concretando. Esto ha sido un avance, porque en términos legales nos permite estar mejor parados para enfrentar discusiones acerca de si una persona mayor de 18 años puede o no consentir su propia explotación.
¿En qué estado está la reglamentación del Consejo Federal y cuál es su importancia?
La reglamentación del Consejo es muy importante. En febrero salió una reglamentación parcial de esta ley que crea dos estructuras: una es el Comité Federal Contra la Trata, que está en funcionamiento, y otra es el Consejo Federal, que aún no está en funcionamiento. Es importante porque tiene varias tareas asignadas por ley. Una de ellas es el diseño de un programa de actuación nacional, y ese diseño lo estaría definiendo el órgano con mayor representación, porque no tiene sólo representación del Poder Ejecutivo nacional, sino también de todas las provincias, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, y algo que es muy importante: representación del sector civil. Tiene que estar integrado por tres organizaciones civiles, por lo tanto sería una mesa de discusión que hoy no existe y es muy necesaria.
¿Cuál es el mayor problema con el que se encuentran en el fenómeno de la trata?
En el ámbito de lo que son las investigaciones penales, en general el problema que se presenta recurrentemente es intentar llegar a los grandes peces de las organizaciones criminales. Cuando uno intenta avanzar en las estructuras, o intenta imputar a funcionarios públicos o empresarios poderosos, se encuentra frecuentemente con problemas y dilaciones en las causas. Un ejemplo de eso es un caso en el que todavía no hemos podido, con el fiscal de distrito de Salta, el doctor Villalba, sentar a prestar declaración indagatoria a un intendente que ha sido encontrado en el momento en el que se hizo un allanamiento en Salta en un prostíbulo y que ese prostíbulo tenía vinculación con otro en donde las víctimas eran rotadas. Tuvimos dos años de apelaciones y dilaciones hasta que hace poco la Cámara dispuso que tenía que ser indagado, y todavía no se ha presentado. Esto es una buena muestra de lo que cuesta enfrentar a sujetos imputados más poderosos.
El otro obstáculo tiene que ver con preconceptos que tienen operadores judiciales para ver adecuadamente una situación de explotación. Les cuesta ver la figura de trata. Para probar la trata uno tiene que probar la explotación, no tiene que probar que además a la persona le pegaban, que estaba encerrada, que estaba imposibilitada de salir al exterior, sino la explotación. A veces los jueces le piden al caso que presente características de privación de libertad para avanzar, y eso tiene mucho que ver con los prejuicios y la falta de registro real de lo que significa la trata.
