Por Fernando M. López
“Sólo falta que me hagan una causa por las Torres Gemelas”, ironizó Oscar Parrilli al referirse a la imputación del fiscal federal Ramiro González por presunto tráfico de influencia sobre el juez Sebastián Casanello.
El fiscal actuó este lunes luego de una denuncia del abogado macrista Santiago Dupuy de Lome, basada en dos escuchas telefónicas al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) difundidas por el canal del Grupo Clarín, Todo Noticias (TN), y el portal Infobae.
En esos audios, Parrilli habla con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ex número dos de la AFI, Juan Martín Mena, sobre la intención de Casanello de procesar a Echegaray en el marco de una causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.
Al ampliar su denuncia por espionaje político, Parrilli señaló que estas nuevas escuchas filtradas a los medios datan de abril y mayo del año pasado, meses antes de las ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en la investigación por un presunto encubrimiento al ex prófugo Ibar Pérez Corradi.
“Podríamos decir que ahora se trata del tramo II de las escuchas, pero este ya no dispone de homologación judicial alguna”, agregó al remarcar la ilegalidad de las intervenciones telefónica y considerar que se trata del “escándalo de espionaje político más espectacular de la historia democrática argentina”.
Para Parrilli, esto empezó con el traspaso del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) desde la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. La transferencia fue dispuesta por decreto presidencial en diciembre de 2015 y poco después, en febrero de 2016, el máximo tribunal creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.
“Hay un espionaje político montado por decisión del presidente Mauricio Macri desde el mes de marzo”, dijo el ex funcionario kirchnerista, y pidió que se investigue la responsabilidad del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, los camaritas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, el director de Captación de Comunicaciones, Tomás Rodríguez Ponte, y los actuales jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Tras ampliar su denuncia, Parrilli solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral el allanamiento de las oficinas del DICOM, que se establezca si las escuchas telefónicas fueron ordenadas por algún juez y si hubo participación de personal de la AFI.
“No me caben dudas de que el servicio de inteligencia es un eslabón clave en toda esta urdida maniobra de escuchas y espionaje político, tal como ocurrió también en el primer tramo de esta historia, las provenientes de la causa 481/16”, indicó en alusión a las investigaciones que tramita Lijo.
La semana pasada, luego de ser procesado por el presunto encubrimiento de Pérez Corradi, Parrilli habló de “una triple alianza o infamia entre sectores de la Justicia, medios de comunicación y servicios de inteligencia operando a fondo como en las viejas épocas”, y aseguró que el espía Antonio “Jaime” Stiuso “está detrás de todo esto”.
Su defensa ya recusó a Lijo, Irurzun y también al juez federal Claudio Bonadio, pero además podría llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según adelantó días atrás a Contexto el abogado Roberto Boico.
“En un Estado de derecho normal, las causas contra Parrilli ya estarían cerradas, pero ahora todo es posible, puede pasar cualquier cosa, y eso es lo grave”, dijo el letrado al sostener que “todos estamos en riesgo cuando un Poder Judicial hace lo que quiere”.
