Por Alejandro Palladino
Continúa la sangría en las fuentes de trabajo por las políticas de desindustrialización de la alianza Cambiemos. A los anuncios del martes de 450 despidos por parte de la empresa informática Banghó en Vicente López, ayer se le sumó la de 180 trabajadores de la compañía química Atanor, que cerró dos plantas: la de Munro (también Vicente López), con 80 despidos; y la de la localidad bonaerense de Baradero, con 100 más. Además, en Pacheco (Tigre), trabajadores de la Volkswagen denunciaron 600 suspensiones que regirán a partir del 1° de marzo por año y medio y percibiendo la mitad de sus sueldos.
Este cuadro de situación provincial se da mientras la gobernadora María Eugenia Vidal mantiene acéfalo desde el 1º de diciembre de 2016 el Ministerio de Producción, tras no destinar reemplazante de Joaquín de la Torre, y frente a la mirada pasiva de los jefes comunales de Cambiemos.
Y mientras el presidente Mauricio Macri se encuentra en España rogando inversiones, y viendo cómo se cae el empleo en el sector privado, tras prometer en campaña y desde que asumió que allí se concentrarían las lluvias de inversiones.
Los 80 nuevos desempleados que dejó Atanor en Munro se suman a los 183 de la planta de Banghó de la misma localidad, que gobierna el intendente Jorge Macri de Cambiemos, quien hasta el momento se mantuvo ajeno a la problemática que se desarrolla en su ciudad.
Atanor es una de las principales empresas químicas del país. Justificó su decisión en la necesidad de “concentrar” su producción en sus plantas de las ciudades de San Nicolás, Río Tercero y Pilar.
En Munro y Baradero, el modus operandi que la empresa eligió para transmitir la noticia a sus empleados, muchos de los cuales tienen más de treinta años de antigüedad, fue mediante un comunicado que entregó un vigilador privado a las 4:30 de la mañana, cuando los trabajadores se disponían a ingresar, en el que decía: «Lamentamos informar que la Planta cesará su actividad productiva. Entendemos el impacto que esta decisión tendrá”. Y prosiguió, anunciando las indemnizaciones: “No obstante, en el marco de dicha decisión, Atanor respetará y cumplirá con la legislación vigente».
En diálogo con Contexto, Facundo Aveiro, secretario general del sindicato del personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de C.A.B.A. y zonas adyacentes, afirmó que desde la semana pasada la empresa viene desarrollando un vaciamiento en sus actividades. Además responsabilizó al Gobierno nacional por sus políticas económicas que atentan contra la industria nacional: “Están llegando productos de China, Brasil y Alemania. Vemos con preocupación este plan neoliberal”.
“Como somos una ‘industria madre’ nos golpean mucho las importaciones y también la situación actual de las demás empresas”, explicó el gremialista, quien dijo que desde Atanor se producen materias primas para otras ramas: automotriz, textil, electromecánica, construcción, metalúrgica y cuero. “Todo lo que pasa en las otras industriasbtarde o temprano nos alcanza a nosotros”, explicó.
En Baradero, gobernado por la intendenta de Cambiemos Fernanda Antonijevic, quien se comprometió a gestionar posibles soluciones con el Ministerio de Trabajo bonaerense, Antor envió los telegramas de despido al mediodía. “Las empresas dicen que tienen problemas de rentabilidad por la apertura de las importaciones”, señaló Néstor Carrizo, secretario general del sindicato de petroquímicos de esa localidad.
Desde el arco político, Guillermo Olivieri, concejal del Frente para la Victoria en Baradero, también apuntó a las medidas económicas del macrismo. “Hay una política liberal que no mide ningún tipo de impacto de ninguna naturaleza y que sólo se guía por el costo-beneficio, y si implica importar elementos de otros países y cerrar la planta, lo van a hacer”, remarcó.
Por su parte, los trabajadores de la empresa Volkswagen, ubicada en Pacheco, partido de Tigre, denunciaron 600 suspensiones. Uno de los operarios, Juan Carlos Amado, afirmó que la empresa apura las gestiones para que cobren las indemnizaciones. Hasta 2016, Volkswagen daba trabajo a 4.700 trabajadores; hoy esa cifra descendió a 1.700.
La semana arrancó con la eliminación del 35% de los impuestos para el ingreso de productos informáticos, que el Gobierno nacional anunció en noviembre y oficializó el lunes en el Boletín Oficial. Como efecto, ayer la empresa informática Banghó confirmó que esa medida afectará 450 fuentes de trabajo. “La producción industrial ya no tiene sentido”, sintetizó Carlos Suaya, titular de la empresa PC-Arts, ensambladora de la marca Banghó. Por el contrario, para el Ministerio de Producción de la Nación la liberalización de las notebooks, netbooks y tablets fue “fantástica” porque reduce el 27% de los precios.
Emiliano Gayo, secretario general la UOM de la planta Banghó de Vicente López, dijo a Contexto que a pesar de que todavía no se efectivizaron los despidos, las actividades están detenidas.
El diputado del FpV bonaerense, Miguel Funes, presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial, en el que le solicita que comunique “todo lo relativo al conflicto colectivo de trabajo que se suscitó entre los trabajadores y la empresa PC Arts Argentina S.A.”.
Entre algunos de los puntos, solicita que informe la fecha y forma en que los trabajadores recibieron el despido, si el Ministerio de Trabajo de la Nación tomó intervención en el conflicto tal cual lo habilita en Art. 3 Inc. b de la Ley 10.149, y si la cartera laboral de Jorge Triaca realizó alguna inspección en las condiciones de trabajo y cantidad de empleados registrados.
Por último, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma la tendencia de sostenimiento de la pérdida de trabajos en la industria en lo que va de 2017. Según el estudio, en enero la destrucción de puestos de trabajo y suspensiones alcanzó a 3.617 personas y el sector industrial fue el más afectado con casi el 70% del total. La cifra de ese mes elevó a 241.774 los despidos desde la asunción de Mauricio Macri.
