A catorce meses de la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí en una fiesta clandestina en La Plata, y ante la pasividad judicial en la causa en la que están implicados funcionarios del municipio de Julio Garro, sus familiares y amigos volvieron a reclamar avances en la investigación a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
Con una radio abierta, la comisión Justicia por Emilia se hizo presente el mediodía de ayer en las puertas de la Fiscalía platense de 7 entre 56 y 57. Allí expresaron su repudio por los frenos en el desarrollo de la causa; pidieron respuestas por parte del Gobierno de Julio Garro, teniendo en cuenta “la negligencia y la complicidad” de agentes de Control Urbano a cargo de Roberto Di Grazia y de la Secretaría de Seguridad de Daniel Piqué, quienes no suspendieron la fiesta a pesar de las irregularidades en la quinta y las denuncias de vecinos; también exigieron el cambio de carátula de “homicidio culposo”, que implica que la muerte ha sido por accidente, a “homicidio con dolo eventual” para condenar a los imputados.
Hasta el momento, después de un año y dos meses, en la causa hay cinco imputados: los cuatro empresarios organizadores de la fiesta y el ex comisario Daniel Piqué, considerado “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sólo uno de los cinco está detenido, Gastón Haramboure, y por otros motivos: fue condenado a diez años de prisión por el asesinato del joven Juan Andrés Maldonado en un boliche de Berisso en 2009. Así y todo, el 1º de enero organizó la fiesta ilegal.
A los otros tres organizadores la Justicia de La Plata les concedió la eximición de prisión. Son los casos de Carlos Bellone, propietario de la casa quinta, Raúl “Peque” García, empresario de turismo vinculado a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, y Santiago Piedrabuena, dueño de un boliche y quien contaba con una causa por portación de armas y es amigo de Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad.
El abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodríguez, dijo a Contexto que la causa, después de las declaraciones a la Justicia de Daniel Piqué en septiembre del año pasado, “está paralizada”. “Ni siquiera estamos en desacuerdo con una teoría del fiscal, porque no tiene teoría; directamente no está investigando”, afirmó. “Seguimos pidiendo que se produzcan pruebas y el reclamo de hoy tiene que ver con eso”, agregó el abogado.
Los funcionarios de Julio Garro llamados a declarar fueron tres: Roberto Di Grazia, titular del aquel entonces Control Urbano, Daniel Piqué, a cargo de la Secretaría de Seguridad de La Plata, y Martínez Pass, comisario de la Policía Local. Mientras Roberto Di Grazia no se presentó a declarar y sólo envió un escrito mediante su abogada, Daniel Piqué desligó responsabilidades en los otros dos diciendo que correspondía a Di Grazia la suspensión de la fiesta. Por su parte, Sebastián Martínez Pass, quien ya se presentó dos veces a la Fiscalía pero sin abogado y se negó a declarar, cierra el círculo de impunidad de los funcionarios municipales.
Adrián Rodríguez consideró que el balance de las tres declaraciones “fue lamentable”, por lo que recurrirán a las “pruebas objetivas” para que la investigación en manos de Álvaro Garganta salga de su estancamiento.
Esas pruebas apuntan a echar luz sobre las demoras de dos horas en el arribo de la ambulancia y los patrulleros a la quinta San Cayetano donde se hizo la fiesta, en un recorrido que en auto se hace en cinco minutos desde la comisaría y hospital público más cercano. Otras pruebas son los cruces telefónicos antes y después de la fiesta entre los organizadores de la fiesta y funcionarios de Julio Garro; y la complicidad de los agentes de Control Urbano, quienes labraron actas pero se negaron a cancelar una fiesta desbordada por sus irregularidades más básicas de seguridad para los concurrentes.
Como paso a seguir por parte de los abogados de la familia de la joven estudiante de la Facultad de Periodismo de UNLP, Adrián Rodríguez dijo que evalúan la posibilidad de “presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque sentimos que se está vulnerando el derecho humano, que es el acceso a la justicia; no nos pueden denegar justicia”.
Emilia murió a los veintiséis años en una fiesta ilegal en una quinta de la localidad de Melchor Romero, en La Plata, en la avenida 520 entre 159 y 160. Fue el 1º de enero de 2016, cuando concurrió con su hermano para pasar el año nuevo. La autopsia indicó que murió por “inmersión en el agua” de la pileta del lugar. En las inmediaciones de la quinta no había rastros del Estado: ausencia de patrulleros y de Control Urbano.
“Si no encontramos respuestas en la Justicia, seguiremos saliendo a la calle y buscaremos el modo de que la causa no quede impunemente en el olvido”, aseguraron desde la comisión Justicia por Emilia.
