Los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) despedidos en enero por el Grupo Clarín denunciaron “una nueva intentona represiva” por parte del multimedia conducido por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, para desalojarlos en connivencia con el Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida, advirtieron, la realizarían con «gendarmes y barrabravas» para sacarlos de la planta que mantienen tomada hace cincuenta y tres días.
“Nos llegó un audio de una persona hablando con otra en la que dicen reclutar gente para permanecer dentro de la planta mientras reprima la Gendarmería, para que nosotros no podamos entrar”, dijo a Contexto Diego Miranda, miembro de la comisión interna AGR-Clarín.
“Gendarmería hace el desalojo y nosotros aguantamos la bronca adentro”, se escucha en el audio. Y sigue: “Vamos a hacer más o menos ochenta pintas, setenta míos, diez tuyos. Se le paga novecientos pesos a cada uno por día pero tienen que ir al frente, aguantar la bronca adentro, puede ser una semana o un mes. Los primeros días capaz se ponga picante así que les vamos a dejar gas pimientas, una escopeta que tira balas de goma y unos cascos para aguantar la bronca”.
AGR es la gráfica más grande del país. Produce la totalidad de las revistas de Clarín y cuenta con 780 trabajadores. En enero, el Grupo echó a 380 de ellos, de su planta del barrio porteño de Pompeya, con la excusa de “preservar la salud financiera y la fuente laboral del resto del complejo industrial de AGR”. Los obreros sostienen que había trabajo y denuncian un vaciamiento: Clarín imprime las revistas en otros talleres precarizando.
El Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, se negó a dictar la conciliación obligatoria para reincorporarlos, con el argumento de que la empresa cerró y por lo tanto lo que legalmente corresponde es pagar las indemnizaciones.
Desde que tomaron la planta resistiendo el vaciamiento, los trabajadores fueron reprimidos al momento del cierre de la imprenta por la Policía, con un saldo de varios heridos de bala. También denunciaron trabajos de espionaje ilegal a través de aparatos de captación de llamados y filmación alrededor de la planta manejados por integrantes de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia. La denuncia recayó en el Juzgado del juez federal Ariel Lijo, sin que hasta ayer tuvieran novedades.
En un comunicado vía Facebook, los obreros manifestaron:“El gobierno viene dándole la espalda al reclamo de los trabajadores y en lugar de sentar a las partes en una mesa de diálogo y de intimar a Clarín a abandonar sus atropellos ilegales, reincorporando a los trabajadores y pagando los salarios atrasados, profundiza su orientación de responder con aprestos represivos y servicios de inteligencia”.
Ante las amenazas, los gráficos se declararon en estado de alerta y movilización, y convocaron a una conferencia de prensa para esta mañana para explicarle a la comunidad precisiones sobre la información que recibieron.
“Llamamos a todas las organizaciones solidarias a reforzar el acampe frente a la planta y sumarse a la conferencia, y hacemos responsable a Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el Directorio del Grupo Clarín de cualquier tipo de provocación armada por los servicios de inteligencia, la Gendarmería y los barrabravas que responden al poder político”, concluyeron.
