Por Gabriela Calotti
“Hay una criminalización muy específica ligada a este movimiento de mujeres que está poniendo en tela de juicio al machismo, a las fuerzas policiales y al Poder Judicial, que son dos instituciones muy atravesadas por el patriarcado y que en gran parte son muy misóginas”, afirmó la periodista feminista Lucía García en diálogo con Contexto poco después de que las mujeres detenidas la noche del miércoles recuperaran su libertad el jueves por la mañana tras la intervención de organizaciones feministas y organismos defensores de los derechos humanos y la presentación de un habeas corpus.
Cuatro de las chicas resultaron heridas “porque recibieron gas pimienta cerca de los ojos. Fueron por sus medios al hospital Argerich para hacerse atender y después se retiraron”, explicó García.
María Rachid, ex legisladora porteña y activista de derechos humanos y del movimiento LGTB, estuvo toda la noche en la Alcaldía de la comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires donde había ocho mujeres detenidas. En la Comisaría 30ª había cinco mujeres detenidas y dos varones, en la Comisaría 4ª había dos varones detenidos, y un adolescente en el Instituto de Menores Inchausti, precisó.
“Ellas nos relatan que claramente fueron detenidas al azar. Salían de una pizzería con compañeras y amigas con las que habían marchado. Fueron detenidas de manera muy violenta”, contó Rachid a Contexto tras pasar la noche en vela. Y agregó: “Pudimos acceder a ellas y algunas estaban con la ropa toda rota, golpeadas y todas muy angustiadas y shoqueadas por lo que había pasado”.
Las chicas ni siquiera sabían de los incidentes que se habían registrado frente a la Catedral metropolitana. “Les tuvimos que explicar y les dijimos que les estaban adjudicando esos hechos a ellas que se habían retirado de la marcha y habían ido a cenar”, aseguró la ex legisladora porteña.
Si bien un grupo de manifestantes se encontraba protestando frente a la Catedral, las mujeres detenidas salían de cenar “a varias cuadras de donde ocurrieron los incidentes”, afirmaban el miércoles varios medios de prensa.
Desde el colectivo #NiUnaMenos denunciaron una “cacería insólita de manifestantes con el único objetivo de disciplinar al movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis”.
Estas detenciones pusieron en evidencia la “criminalización” de la protesta social y de las reivindicaciones del movimiento de mujeres teniendo en cuenta que tan sólo el día antes al Paro Internacional de Mujeres y de las marchas convocadas por el colectivo #NiUnaMenos, seis chicas que acababan de hacer unas pintadas convocando a la movilización en la Ciudad de Buenos Aires fueron detenidas en un impresionante y desmedido despliegue policial (diez policías en tres patrulleros y una moto policial). Estas seis chicas fueron llevadas a la Comisaría 9ª y acusadas de “daños”.
Según testigos, quienes llamaron a la Policía y presentaron una denuncia contra las jóvenes en la comisaría fueron tres varones que gritaban “Cristo Vive”.
“En dos días, el día anterior y tras la marcha, detuvieron a mujeres”, recordó García, que es además integrante de la organización H.I.J.O.S. La Plata, que sugirió pensar en estos hechos como un “fenómeno” que no es aislado.
Estos episodios brutales, según las imágenes que circularon desde la noche del miércoles por las redes sociales, parecen ser el resultado de una decisión política y un accionar policíaco-judicial concertado o al menos en la misma sintonía.
En ese sentido, Laurana Malacalza, responsable del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires afirmó a Contexto que “estas actuaciones policiales son producto de definiciones de política de seguridad que se han dado en los últimos tiempos en la Argentina, sobre todo, a partir del cambio de gobierno a nivel nacional y en la provincia”.
“Me preocupa muchísimo que haya ocurrido después de la movilización del 8 de marzo porque es claramente un mensaje de que las fuerzas de seguridad no respetan a los jóvenes, a las personas trans y tampoco a las mujeres cuando ocupan los espacios públicos”, sostuvo Malacalza.
La responsable del OVG coincidió en que esto forma parte de la “criminalización” y la “exclusión” de determinados sectores de la sociedad del espacio público a partir de “actuaciones policiales desmedidas, violentas” que no siguen los protocolos de procedimiento de las fuerzas de seguridad.
“Además del disciplinamiento, lo que hacen es excluir”, insistió.
En la detención de las veinte mujeres el miércoles por la noche intervino el juez de Menores Alejandro Cilleruelo, que “dirimió todo el procedimiento desde su casa. Nunca estuvo presente en los tribunales”, aseguró García. “La jueza de Garantías Brunear, después de la presentación del habeas corpus, tampoco se hizo presente en las comisarías para constatar las condiciones de detención de las mujeres”, agregó. Las detenidas fueron sorprendentemente imputadas por “resistencia a la autoridad, daños y lesiones”, afirmaron García y Rachid.
La persecución “macri-machista”
Antes de ir a sus casas, las mujeres que habían sido detenidas y las que fueron al Argerich presentaron una denuncia contra la Policía por violencia de género, acompañadas por la Unidad Fiscal de Derechos de la Mujer (UFEM) “para tomar acciones en respuesta a esta persecución macri-machista”, sostuvo García.
En declaraciones a diversos medios, la periodista y activista feminista Marta Dillon, también referente del colectivo #NiUnaMenos, aseguró lisa y llanamente que “salieron a cazarlas” porque para “sostener el relato de la ‘mujer violenta’ necesitaban que haya detenidas”.
“Son detenciones de chicas que no estaban haciendo nada, no distinguieron a quienes se llevaban”, afirmó Dillon, para quien “buscan disciplinar nuestras manifestaciones y amedrentar a quienes se acercan por primera vez para reclamar por sus derechos”.
Con estos actos represivos que intentan frenar la actividad del movimiento de mujeres puede que al Gobierno de Macri le salga el tiro por la culata, y sus funcionarias prefieren guardar silencio. Consultados por este medio, en el área de Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer que dirige Fabiana Tuñez tomaron telefónicamente la consulta pero nunca devolvieron el llamado.
“Nada va a detener al movimiento de mujeres que se puso en marcha”, sostuvo García.
Antes de pedir que quienes vieron lo ocurrido presenten su testimonio ante la UFEM y ante la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), el #NiUnaMenos respondió en un breve pero firme comunicado: “Frente al miedo que nos quieren imponer, nosotras nos organizamos”.
