Por Fernando López
En su voz se advierte mucho dolor, pero también la fuerza y la dignidad de los que luchan sin descanso contra de la impunidad. Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán y referente del Colectivo contra el Gatillo Fácil, le pide a los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni y Germán Alegre que “no se hagan los ciegos ni lo sordos” y condenen al policía que fusiló a su hijo de diecisiete años.
El Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata sentará en el banquillo de los acusados al agente Diego Walter Flores, quien llega al juicio por el homicidio del joven en libertad y en funciones dentro de la Policía bonaerense. En un primer momento, la fecha de inicio estaba prevista para el 8 de marzo con quince audiencias, pero, como los magistrados se encontraban de licencia y no había reemplazantes, se postergó hasta este lunes con tan sólo tres días de debate (20, 21 y 22 de marzo) para escuchar a los testigos. Aún quedan por fijar las fechas de alegatos y sentencia.
“Queremos justicia y que la Policía deje de matar pibes como si fueran pájaros en un campo”, dice Gómez a Contexto, y agrega: “Los pibes no son la inseguridad, sino los policías que andan en la calle persiguiendo, matando y armando causas”.
“Omar venía siendo perseguido desde 2012 por los efectivos de la Comisaría 2ª de La Plata. El servicio de calle era el que más lo hostigaba y lo terminaron asesinando. Querían que robara para ellos y él les manifestó que si era chorro no lo iba a ser para la cana. Presentamos varias denuncias, pero nadie hizo nada”, recuerda la mujer.
Un día antes del crimen, personal de la misma seccional allanó la casa de Omar con el aval de la fiscal Ana Medina, pese a que la Justicia había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo en favor del joven. “Si no entregás al guacho, mañana lo tenés muerto”, le dijeron los policías a Sandra, luego de destrozar todo lo que encontraron a su paso.
Y así fue. El 15 de febrero de 2013 Flores desenfundó su pistola Bersa reglamentaria y le disparó un tiro por la espada en la esquina de 122 y 43 del barrio Hipódromo. El agente alega haber actuado en “legítima defensa” cuando, en un presunto hecho de robo, Omar le habría apuntado con un arma. Sin embargo, ningún testigo presencial del hecho vio que el chico estuviera armado. Las actas iniciales de procedimiento tampoco coinciden con la versión del imputado. El arma apareció horas después en la morgue policial.
“El médico de la Policía avisa que entre los genitales del chico había encontrado un arma. Omar estaba vestido nada más que con un calzoncillo y una bermuda. La remera quedó tirada en el piso. No la tenía puesta porque era un día de mucho calor y la llevaba en la mano. Es imposible suponer que un joven que era flaquito como un fideo pudiera tener un arma dentro del calzoncillo y que no la detectaran al mover el cuerpo de la escena del crimen. Es una locura total”, remarca a este diario María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y abogada de la familia de la víctima.
A lo largo del juicio, junto a sus colegas Pedro Auzmendi y Sofia Ballesteros, Verdú presentará una serie de pruebas y testigos para “acreditar que Omar fue fusilado cuando no estaba generando ninguna situación de peligro para nadie, ni para el policía que lo mató ni para ninguna otra de las personas presentes en el lugar”.
“Como en casi todos los casos de gatillo fácil, desde el primer instante se generó un escenario modificado para justificar la acción policial y convertir el fusilamiento en enfrentamiento”, añade la letrada, y cuestiona a medios como El Día de La Plata o El Sol de Quilmes, que legitiman las versiones oficiales: “Lo único que hacen es transcribir los partes de la Policía, es sintomático, y utilizan titulares al estilo de ‘Pirañas abatidas por un justiciero’, o expresiones atravesadas por imposición del discurso hegemónico, como ‘en un confuso episodio’”.
También reconoce que no será sencillo lograr la condena de Flores: “A diferencia de otras causas, en esta no tenemos una acusación fiscal. La única acusación es la de los papás de Omar con nuestro patrocinio”.
La fiscal Medina, que estuvo a cargo de la investigación del hecho durante un año junto a la misma Policía involucrada, concluyó que el imputado disparó “al intentar impedir un robo”, cerró la causa y pidió su sobreseimiento. Entonces, a la familia no le quedó otro camino que constituirse en particular damnificada. Gracias a su propio esfuerzo, en abril de 2014 consiguió la nulidad del sobreseimiento de Flores y que la causa fuera elevada a juicio oral.
Una vez que se conozca el veredicto del tribunal, la familia espera poder avanzar con la causa por “encubrimiento”, que no sólo pone bajo la lupa la actuación de la fiscal, sino también de policías, peritos y personal de la morgue. Uno de los principales sospechosos es el titular de la Comisaría 2ª, Carlos Gandolfi, quien tras la muerte de Omar fue ascendido a jefe del Distrito La Plata.
Gandolfi está implicado, además, en el caso de Juan Martín Yalet, asesinado de un tiro en la cabeza dentro de un patrullero en agosto de 2015; en la represión de los trabajadores municipales de enero del año pasado, a pedido del intendente Julio Garro; y en la causa de los sobres con 153.700 pesos de recaudación ilegal de la Bonaerense, que se secuestraron en la Departamental La Plata.
