Por Gabriela Calotti
Aunque las cifras absolutas digan lo contrario, los presupuestos para salud a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires quedaron muy por debajo de los años anteriores por la inflación y la devaluación de la alianza Cambiemos. Como si fuera poco, en 2016 fueron subejecutados, es decir, se gastó menos de lo previsto, recortando, por ejemplo, la entrega de insumos sanitarios estratégicos a los más de 8.000 CAPS de todo el país que recibieron menos leche, botiquines del Programa Remediar con menos medicamentos, menos preservativos y menos anticonceptivos orales. Este ajuste pone además en evidencia la matriz ideológica del Gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, que alcanzó igualmente a varios programas sanitarios claves que funcionaron hasta fines de 2015. Este ajuste en salud empezará a revertir los indicadores positivos de los años anteriores.
Para poner sobre la mesa el ajuste en la salud del actual Gobierno, un informe titulado “Los efectos de la subejecución en el derecho a la salud” presentado esta semana por la Fundación Soberanía Sanitaria y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso Contexto, analizó los recortes presupuestarios del Ministerio de Salud de la Nación (a cargo de Jorge Lemus) y de la provincia de Buenos Aires (a cargo de Zulma Ortiz), y llevó a cabo una encuesta en 166 centros de salud bonaerenses para constatar dicha subejecución.
“La subejecución del presupuesto previsto asociada al aumento inflacionario implica una disminución del gasto real del Ministerio de Salud (nacional) de aproximadamente el 30%. Esto sin tener en cuenta los aumentos de insumos como los medicamentos que, además, sufren el efecto de la devaluación monetaria”, afirma el documento.
“En la provincia de Buenos Aires la situación parecería más preocupante todavía», advierte. «Los datos provistos por la administración de la provincia sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud provincial, hasta el 30 de septiembre de 2016, indican una ejecución de apenas el 67,36% del presupuesto asignado para el año en cuestión”, agrega el informe.
“Muchas veces el incremento del presupuesto puede esconder una pérdida real de recursos” vinculado al aumento de precios por devaluaciones e inflación, indica el documento, y ejemplifica: en el presupuesto presentado por el gobierno nacional la salud recibió un aumento de 4,9% para el año 2017 comparado al año 2016, «pero en la realidad ese aumento es 3,5 veces menor” que la meta inflacionariara para 2017 estipulada por el Banco Central en 17%.
De forma tal que, más allá del discurso de Cambiemos, la realidad es muy diferente y en concreto estas decisiones políticas “están golpeando fuertemente al conjunto de la población y a los sectores más vulnerables, como son los niños y los ancianos”, afirmó a Contexto el ex ministro de Salud de la nación, Daniel Gollan.
Aunque explicó que “los indicadores sanitarios no reaccionan en forma inmediata. Son indicadores que se dan a año vencido” y por lo tanto “tenemos que esperar un año para empezar a tener estadísticas que correspondan al año 2016”, y aseguró que “al día de hoy tenemos una situación que evidencia que los indicadores fueron empeorándose en 2016 y se va a notar con mucha más intensidad en 2017 y en 2018”.
“La sociedad venía con cierto colchón de protección económica que se fue deteriorando a lo largo del año, pero todavía no alcanza como para tener un impacto violento en términos de indicadores”, precisó Gollan interrogado sobre cómo queda en evidencia el deterioro de la salud de la población a raíz de una subejecución presupuestaria.
Encuesta en siete municipios bonaerenses
Para estimar posibles impactos de la subejecución presupuestaria en salud en 2016, el CEPA efectuó una encuesta telefónica en siete municipios de los tres cordones del Conurbano –Lomas de Zamora, Almirante Brown y Moreno–, y en cuatro municipios del interior provincial –Exaltación de la Cruz, Mercedes, Pehuajó y San Antonio de Areco–. En esas siete localidades viven 1,8 millones de habitantes, equivalente al 11% de la población provincial según datos del INDEC. La información se relevó en 166 CAPS, es decir, el 8% de los Centros de Atención Primaria de la provincia, pilares de una política de prevención sanitaria por su presencia territorial cercana a la población.
Allí se hicieron cinco preguntas sobre abastecimiento de insumos sanitarios estratégicos como son la leche, los botiquines con medicamentos del programa Remediar (entrega gratuita de medicamentos), preservativos y anticonceptivos orales que hasta fines de 2015 eran entregados con regularidad por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
“Los insumos elegidos para la realización de la encuesta tienen un carácter fundamental en la jerarquización de los CAPS, ya que los dotan de capacidad para prevenir y resolver gran parte de los problemas de salud de la población”, explicó el documento antes de indicar que “24 CAPS no recibieron leche y 43 no recibieron preservativos; todos recibieron botiquines y anticonceptivos”, pero en los botiquines “las cantidades estuvieron muy por debajo de las entregas históricas y no dieron abasto para atender la demanda”.
Caída del consumo de leche, una hipoteca al desarrollo infantil
El consumo de leche es decisivo en los primeros dos años de vida para garantizar un máximo desarrollo. A la falta de entrega por parte del Estado se sumó la estampida de precios provocada por el ajuste de Macri: el litro de leche subió un 66% y el consumo cayó un 25%, aseguro el informe del CEPA y de la Fundación Soberanía Sanitaria.
“Ninguno de los municipios recibió la leche desde el Estado nacional”, enfatizó el informe. “San Antonio de Areco tampoco recibió la leche de la provincia. Exaltación de la Cruz y Mercedes recibieron una cantidad de leche muy inferior a la de años anteriores, lo que los obligó a disponer de recursos propios para ampliar el stock”, agregó.
Según Gollan, “desde fines del año pasado y comienzos de este se empezó a delinear una situación socioeconómica que impacta sobre la posibilidad de una nutrición conveniente. La falta de leche, que entregábamos en los centros de salud y que actuaba como un complemento […] redundará también en una baja en la calidad y cantidad de alimentación que está consumiendo la población”.
“La carencia nutricional por faltante de aportes, en este caso leche, ya sea porque las familias no la pueden comprar o compran menos de lo que compraban antes, y encima el Estado no les entrega, va a ir deteriorando la condición nutricional de la población, en particular de los niños”, advirtió el ex titular de la cartera sanitaria nacional.
Gollan recordó un estudio del CONICET según el cual entre 2004 y 2013 “aumentó y mejoró la condición nutricional de los niños aumentando su talla”. “Esto es un indicador muy importante”, porque “cuando la nutrición impacta positivamente sobre la talla de los niños es porque realmente se está manifestando cómo esa mejora nutricional a largo plazo mejora la condición nutricional y todas las condiciones físicas, psíquicas y de desarrollo psicosocial y psicofísico de los niños”. “Lamentablemente está cambiando, y va a ir impactando negativamente a lo largo del tiempo por venir”, sostuvo el ex ministro.
Respecto de los otros insumos considerados en la encuesta, los municipios de “Lomas de Zamora y San Antonio de Areco informaron que no recibieron preservativos del Estado nacional ni provincial. San Antonio de Areco adquirió este insumo con recursos propios. Mercedes y Pehuajó también contestaron no haber recibido preservativos desde el Estado nacional, pero sí una cantidad insuficiente desde la provincia”, precisa el informe.
En el caso de los anticonceptivos orales, todos los municipios “informaron haber recibido este insumo desde la provincia o de la nación, aunque en cantidades insuficientes. Mercedes, además, adquirió anticonceptivos orales con recursos propios”.
Como resultado de la encuesta, los CAPS, sobre todo los del interior más que en el Conurbano, mencionaron faltantes de 25 variedades de medicamentos, entre estos, antihipertensivos, antidiabéticos orales y antiinflamatorios. También faltaron antibióticos orales, remedios para el embarazo y la niñez, antiepilépticos y antimicóticos.
El estudio puso en evidencia que “la subejecución en materia de salud genera mayor erogación de gastos por parte de los municipios, obligándolos a redireccionar recursos” y “a pagar un precio más elevado por estos insumos”, pues los compran en cantidades inferiores a lo que haría nación o provincia.
El engaño de Cambiemos a los adultos mayores
En el marco de su política de transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos, Macri y sus acólitos resolvieron quitar la cobertura de medicamentos al 100% a los jubilados y pensionados que cobran más de 8.500 pesos de jubilación, cifra que inclusive está muy por debajo de la canasta básica, que ronda los 13.500 pesos, y ni hablar de la jubilación mínima, que es de 6.394 pesos.
Gollan aseguró que en ese sector “se está notando un impacto directo. Hemos recibido una enorme cantidad de denuncias de gente de todos los estratos, jubilados de PAMI que no pueden acceder a sus medicamentos, de familias de clase media y clase media baja que no tienen familiares que los ayuden”.
La gravedad de la situación implica lisa y llanamente que “están empezando a discontinuar medicación. Lo mismo sucede con aquellas personas que dependían del programa Remediar: están dejando, abandonando o estirando los plazos de tratamiento en el caso de las enfermedades crónicas”, aseguró.
En su plan de achicar la presencia del Estado, el nuevo PAMI macrista “puso una enorme cantidad de nuevos requisitos a los afiliados con tratamientos oncológicos”, llevando “a que muchos pacientes pasaran meses sin poder continuar sus tratamientos o comenzarlos”.
La Fundación también recibió denuncias de personas que recibían tratamientos que son muy caros para enfermedades poco frecuentes. “Los recibían del Ministerio de Salud de la Nación o de Desarrollo Social y se les cortó de forma inmediata a partir de enero de 2016”.
“Conocemos casos que terminaron falleciendo. Otros empeoraron en su calidad de vida en la medida en que sus familiares no han podido comprarles esos medicamentos”, sostuvo Gollan.
Áreas más afectadas por la subejecución
La subejecución presupuestaria afectó “de manera muy significativa” algunas áreas a nivel nacional con una subejecución “de más del 80%”, precisó el mismo informe que menciona la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable creado por la ley Nº 25.673 del año 2002; y el funcionamiento del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) que investiga y capacita en la prevención y control de enfermedades como el dengue y el Mal de Chagas. En este último caso se ejectuvó solamente el 8,35% de su presupuesto.
En la provincia de Buenos Aires, la ejecución presupuestaria en algunas áreas es “irrisoria”, dice el documento, antes de mencionar los programas de Salud Mental y Adicciones, de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, de ETS/VIH-SIDA y Hepatitis Virales, de Salud Bucal y las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En estos se utilizó menos del 10% del presupuesto asignado.
La subejecución puede ser sobrestimación de gastos, eventos azarosos que no ocurrieron, falta de capacidad para gestionar o “una decisión deliberada: gastar menos”, afirma el documento, que denuncia una “total irresponsabilidad” por parte de las autoridades para “no ejecutar el presupuesto […] ampliando las inequidades con evidente perjuicio a la salud del pueblo”.
Mientras tanto, Macri se perdona una deuda familiar por 70.000 millones de pesos por la empresa Correo Argentino. Un vuelto para ellos, si se piensa que el macrismo endeudó a la Argentina en más de 50.000 millones de dólares. Vidal endeudó a los bonaerenses en más de 60.000 millones de pesos en su primer año de gestión.
Está claro que ese dinero no está siendo destinado a la salud, ni a la educación ni a los jubilados como debería ser para corregir desigualdades. Para Cambiemos, el acceso a la salud no es un derecho, sino que “está librado exclusivamente a la capacidad de pago de cada individuo o grupo familiar”, advierte el informe.
