Por Héctor Bernardo
El presidente argentino Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sumaron a la campaña injerencista contra Venezuela. Con la presencia de Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, volvieron a realizar críticas contra el Gobierno venezolano.
Junto con el golpista brasilero Michel Temer y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, Macri se ha mostrado como uno de los principales alfiles que la Casa Blanca tiene en la región, para atacar al Gobierno de Nicolás Maduro.
Tanto Macri como Vidal criticaron al Gobierno venezolano y pidieron por los supuestos “presos políticos” en ese país. Sin embargo, los líderes de Cambiemos miran para otro lado cuando se toca el caso de Milagro Sala, presa política del gobierno argentino.
Macri y Vidal intentan desconocer la diferencia entre una presa política (alguien que está detenido por su posición ideológica) y un político que está preso por haber cometido un delito. Milagro Sala es una presa política, una persona que está arbitrariamente detenida hace más de un año, sin que se haya podido demostrar delito alguno, y que continúa en esa condición por haberse enfrentado al mandato del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales. Leopoldo López es un político que está preso por haber cometido un delito, un levantamiento que costó la vida de decenas de venezolanos y que causó cuantiosos daños materiales.
El encuentro se realizó en el marco del ataque que desde a OEA intenta impulsar Almagro y el intento de desestabilización que la oposición, que controla la Asamblea Nacional, está llevando adelante contra el Gobierno de Maduro.
El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que determinó que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Según esta resolución, mientras persista la situación de desacato, será la Justicia la que ejerza las competencias del Poder Legislativo. Esto no implica la disolución de la Asamblea Nacional, la cual retomará sus funciones cuando salga del desacato.
El conflicto con el Poder Legislativo se generó tras las elecciones de diciembre de 2015. En aquella ocasión, tres candidatos a diputados por el estado de Amazonas que se proclamaron ganadores fueron denunciados por fraude, y el TSJ impugnó sus nombramientos. La mayoría opositora desconoció la impugnación de la Justicia y tomó juramento de los tres diputados. Con la incorporación ilegal e ilegítima de estos tres legisladores la oposición conseguía la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y por ese motivo siguieron adelante, a pesar de la decisión de la Justicia, desoyendo a otro de los Poderes de la democracia, el Judicial. Desde ese momento, la Justicia determinó que la Asamblea estaba en desacato y todos sus actos.
A principios de 2017, la Asamblea Nacional, aún en desacato, designó una nueva Junta Directiva y nombró como presiente de la Asamblea al diputado Julio Borges, acto que fue invalidado por la Justicia.
La decisión del máximo tribunal de Justicia, suspender las atribución de la Asamblea Nacional hasta que esta cumpla todos los pasos para salir del desacato, le sirvió como pretexto a la oposición para seguir articulando con los referentes regionales de la derecha, en especial con el secretario general de la OEA, y reclamar que a Venezuela se le aplique la Carta Democrática.
De concretarse el pedido de la derecha venezolana, y de ser expulsada Venezuela de la OEA, el país sufriría sanciones económicas que afectarían gravemente la vida de los ciudadanos. La estrategia de la derecha es que, al deteriorarse la calidad de vida de los venezolanos, se perjudique la imagen del Gobierno.
Una sanción de la OEA, sumado al aún vigente decreto del ex presidente norteamericano Barack Obama que consignó a Venezuela como “una amenaza inusual” para los Estados Unidos, a lo que se agrega el ataque de los Gobierno neoliberales de la región de Michel Temer (Brasil), Mauricio Macri (Argentina), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Peña Nieto (México), Horacio Cartes (Paraguay) y otros, en conjunto con el ataque de la derecha local con mayoría en la Asamblea Nacional, tildando al Gobierno de dictadura, y la demonización mediática que, con la CNN en Español a la cabeza, ha tratado de vincular al Gobierno de Maduro con el narcotráfico y con el terrorismo, conforman un conjunto de acciones que, articuladas, tiene como fin preparar el terreno para justificar una intervención militar.
Detrás de esos sectores se vislumbra, cada vez con más claridad, la articulación de Washington y los intereses de las grandes compañías petroleras norteamericanas. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo y el que está más cerca de Estados Unidos. La presencia del “ex” CEO Exxon Mobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump y las guerras que el Pentágono desató en Medio Oriente para quedarse con el petróleo de esos países (Afganistán, Irak, Libia, etcétera) son señales que develan los intereses detrás del ataque a Venezuela.
