Por Camila Vautier, Brenda Marques Do Santos y Candela Luquet
En el transcurso de los últimos días trascendieron varios hechos que, a través del accionar desmedido de la Policía, evidenciaron una fuerte política represiva ejercida por el Estado contra niños y jóvenes. Desde el Área Niñez, Actores y Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP analizamos estos hechos, en repudio a la violencia ejercida contra los y las jóvenes y en defensa de sus derechos.
La primera situación se conoció a través de un video en el que puede verse a Micaela Brambilla, integrante de la Garganta Poderosa, intercediendo en el momento en que la Policía de Capital Federal intenta llevarse detenido y esposado a un niño de trece años por intento de robo. No sólo los efectivos policiales actuaron con hostilidad frente al niño, sino que también lo hicieron con ella, a quién se llevaron a la comisaría por filmar el hecho y cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad en el proceso de detención, ya que, al tratarse de un menor de edad, no pueden colocarle las esposas.
Días después, otro hecho tuvo lugar en Florencio Varela, en donde la Policía pretendía apresar a un adolescente de dieciséis años. Fueron los vecinos los que evitaron esa detención, totalmente arbitraria, ya que ninguno de los efectivos supo exponer los cargos que le adjudicaban.
El último de los casos se conoció en las últimas horas del jueves, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron en un comedor de Villa Caraza (Lanús) y reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma a niños, jóvenes y adultos que se encontraban comiendo en el lugar. Los efectivos policiales manifestaron que estaban persiguiendo a una persona que ingresó dentro del merendero. Ante este hecho, el secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, no sólo negó la represión, sino que también legitimó el accionar policial, argumentando que «la Policía hizo lo que tenía que hacer». La situación finalizó con jóvenes detenidos y niños lastimados e intoxicados.
Estos tres hechos, llevados adelante en forma violenta, a través de distintos procedimientos ilegales que vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, no están aislados del contexto social y político. Son avalados por un Gobierno que promueve políticas de seguridad de mano dura, legitimadas a través de discursos reaccionarios y de criminalización de la niñez y la juventud empobrecida, esta niñez y juventud que no encarna ni consagra los valores propios del capitalismo rubio, rico, occidental y cristiano.
En esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el centro del debate por el asesinato de Brian Aguinaco (consumado por un adolescente de diecisiete años) expresó: «es una deuda que tenemos que encarar, porque es muy importante que aquellas personas menores, de entre 14 y 16 años, tengan una sanción cuando cometen este tipo de delitos».
Desde sus comienzos, el proyecto neoliberal de la gestión Cambiemos ha implementado como política de Estado la exclusión social, y la criminalización de los jóvenes pobres entra dentro de ella. Es en esta línea desde la que se plantean los cambios en el Régimen Penal juvenil, ya que sólo se propone aumentar la pena máxima de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los niños y no trabajar sobre las condiciones que propician y habilitan las prácticas delictivas.
Las discusiones que se han intentado instalar sobre la inseguridad se caracterizan por la arremetida de políticos oportunistas que se apropian de estos discursos para posicionarse en el escenario electoral, con una postura demagógica que hace hincapié en el sentido común y está destinada a captar la adhesión de sectores conservadores, reaccionarios y fascistas de la sociedad. Pero claramente esta operación sólo puede hacerse en conjunto con los medios de comunicación hegemónicos, actores claves y funcionales a este modelo que contribuyen a la reproducción de imaginarios y representaciones que justifican el accionar policial violento y la condena mediática de los niños y adolescentes. La “seguridad ciudadana” es abordada desde la criminalización de los jóvenes, poniéndolos en el centro de la escena como victimarios, a pesar de que los números digan otra cosa. E incluso vulnerando el derecho a la intimidad a través de la difusión de imágenes y datos de su persona.
Las estadísticas actuales del espacio No A La Baja demuestran que la intervención de los menores en delitos oscila en el 3,5% del total de los crímenes en la provincia de Buenos Aires. Lo que, en líneas generales, representa una cantidad mínima en la incidencia de menores en dieciocho años en el crimen. De este porcentaje, sólo el 1% refiere a delitos graves en contra de la vida, como homicidios culposos y dolosos. Según otro informe, realizado por el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema (con datos del año 2012), los delitos graves cometidos por la franja de adolescentes que tiene entre dieciséis y catorce años no pasan del 5% del total.
A esto se suman dos cuestiones. Por un lado, la vulnerabilidad de los sectores más pobres frente al accionar violento de la Policía, efectora de detenciones ilegales, armado de causas y represión fácil y desmedida. Por otro, un Estado que debería funcionar como garante de los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes, a través de las políticas públicas, programas y planes. Pero que, sin embargo, lejos de eso, se rige por políticas neoliberales signadas directamente por acciones brutales y punitivas.
La respuesta a la problemática de la inseguridad a partir de mayores penas y judicialización de jóvenes es considerada por la mayoría de los organismos de derechos humanos como falaz, ya que desvía el verdadero origen, la desigualdad, y termina produciendo políticas públicas que aumentan la exclusión social en vez de terminarla. Esta medida entra en contradicción con lo establecido en la Convención de los Derechos sobre los Niños y la Ley N° 26.061, vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entonces, es desde el Área Niñez, Actores y Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios que proponemos pensar una propuesta que dé respuesta a las necesidades de estos adolescentes, y que esté en consonancia con las normativas, nacionales e internacionales vigentes. Focalizar en la cuestión de la edad, cuando el verdadero problema que atraviesa a los pibes de sectores marginados es la exclusión, la falta de oportunidades, la pobreza, la explotación laboral, la violencia sexual, entre otras problemáticas, es una medida reduccionista que lleva a generar mayor exclusión social y a seguir criminalizando a la juventud.
* Integrantes del Área Niñez, Actores y Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, FPyCS, UNLP.
