“Te persiguen si sos puto/ te persiguen si sos pobre/ te persiguen si fumás, si tomás, si vendés/ si comprás un pobre toco que lo hacés para comer…”, cantaban Las Manos de Filippi en los nefastos años menemistas. Hoy, en la era de la restauración neoliberal, el presidente Mauricio Macri, con su fascismo PRO, va más allá y también arremete contra los que protestan y hacen huelga, inmigrantes, opositores y todo funcionario judicial que no se subordine a las decisiones regresivas de Cambiemos.
Desde su primer día en la Casa Rosada, Macri inició una persecución sistemática contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que involucra a sectores de la Justicia, servicios de inteligencia y medios hegemónicos. Poco después, junto al gobernador Gerardo Morales, detuvo a Milagro Sala y otros dirigentes sociales de la Tupac Amaru. Llevan más de un año tras las rejas, de manera ilegal y arbitraria. Así lo dicen Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dos recientes dictámenes de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema.
Ahora, el largo brazo de la persecución radical-macrista se extendió hasta Mendoza, donde ayer encarcelaron a la referente tupaquera Nélida Rojas, a su esposo y a sus dos hijas. Es decir, otro gobernador de Cambiemos (Alfredo Cornejo) con presos políticos.
Con los docentes
En la provincia de Buenos Aires el blanco son los docentes que reclaman un salario digno. La larga lista de atropellos contra el sector incluye amenazas de muerte, como las que recibió el titular de Suteba, Roberto Baradel, y su familia, maniobras extorsivas, hostigamiento permanente, campañas de desprestigio con fondos públicos, violación del derecho a huelga y acciones para quitarle la personería gremial a la organización más representativa de los trabajadores de la educación.
La propia María Eugenia Vidal dejó entrever su más rancio fascismo cuando, en una conferencia de prensa, acusó a los maestros que paran de ser “kirchneristas”, como si el hecho de tener una pertenencia política opositora fuese un delito.
Con el mismo discurso estigmatizante y antidemocrático, el macrismo pone en duda todos los fallos judiciales que no le son favorables y persigue a quienes los dictan. El caso más reciente es el de la jueza laboral Dora Eva Temis, que le ordenó al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y convoque a la paritaria nacional docente.
En los últimos días salieron en bloque los ministros Esteban Bullrich (Educación) y Jorge Triaca (Trabajo), junto a legisladores de Cambiemos y los habituales trolls del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a tildar de “kirchnerista” a la magistrada, anunciando que la recusarán por su presunta “animosidad” contra la Casa Rosada.
“El Gobierno parte de un supuesto totalmente autoritario: el que no coincide con sus decisiones tiene alguna ‘animosidad’, lo que es un verdadero disparate. Fallar en contra no es una animosidad”, dijo a Contexto el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias.
El diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, pidió el mes pasado a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento que le inicie un jury a Arias por “animosidad manifiesta”, luego de firmar una solicitada en defensa de la democracia junto a un millar de referentes políticos, juristas, intelectuales, artistas y representantes de la cultura.
“Hay que distinguir que toda ideología no necesariamente es partidaria. Ideología tenemos todos y en el Derecho también se da una disputa por el sentido, por la verdad, a través de las distintas interpretaciones posibles de las normas. En ese marco, los jueces fallamos de diferente manera. Esto es parte de la diversidad y la pluralidad que debe existir en una sociedad democrática. Lo que no se puede hacer es propiciar una casa de brujas contra aquel que piensa distinto porque eso sí tiene un grave sesgo autoritario”, reflexionó el magistrado.
Castello apoya su denuncia contra Arias en la solicitada, pero en el fondo existe una clara actitud revanchista por su fallo de marzo en favor de los docentes, que dejó sin efecto la conciliación obligatoria con la que Vidal pretendía suspender el paro del sector; y también por su resolución del año pasado en contra del tarifazo de la luz en la provincia de Buenos Aires.
“Sin duda buscan desacreditar mi figura, hacer creer que yo fallo como lo hago porque tengo una identidad político-partidaria”, remarcó el juez.
Un embate similar sufrió la jueza federal de San Martín, Martina Forns, tras suspender el tarifazo de la energía eléctrica en todo el país. A ella también la amenazaron con un jury, pero además despidieron a su marido del Estado nacional y le pusieron una granada cerca de su casa.
Temis, Arias y Forns no son los únicos en la mira del Gobierno. A principios de este año, el propio Macri pidió avanzar en el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Daniel Rafecas y el camarista Eduardo Freiler, ambos con actuaciones importantes en materia de derechos humanos.
“Son magistrados cuestionados por sus fallos y su inacción frente a la corrupción K”, sostuvo el diario Clarín al difundir la decisión presidencial.
En realidad, el “crimen” de Rafecas fue haber dictaminado que la apropiación de las acciones de Papel Prensa –por parte de Clarín y La Nación, en plena dictadura– debía investigarse como un delito de lesa humanidad; mientras que Freiler intentó citar a declaración indagatoria a todos los involucrados en esa causa, incluidos el propio Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
Agresión y secuestro en Río Negro
En la provincia de Miguel Ángel Pichetto, senador nacional que fogonea el DNU de Macri para expulsar extranjeros e impulsa un proyecto de ley aun más xenófobo en el Congreso, los docentes no están mejor que en el territorio de Vidal.
La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) denunció ayer que la Policía agredió y secuestró a Laura Contreras, secretaria de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Género del gremio. El hecho ocurrió el miércoles pasado en la Comisaría 4ª de Cipolletti, tras una protesta realizada en el marco del paro docente.
Según contó la víctima, se había acercado a la seccional para pedir explicaciones por la persecución policial de su hija y el novio de esta, cuando “sale muy violentamente” el comisario Daniel Uribe. Primero le grita y luego la golpea y arrastra de los pelos hasta un calabozo. En ese lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar estuvo privada de su libertad e incomunicada varias horas.
El secretario general de UnTER Cipolletti, Pablo Krahulec, y abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) exigieron la “destitución inmediata” de Uribe, un policía que ya fue denunciado por “infiltrarse en asambleas docentes”.
