Ayer, productores y quinteros realizaron una nueva entrega de verduras en Capital Federal para visibilizar la problemática que atraviesa el sector. La disparidad entre el dinero que recibe el productor y lo que paga el consumidor, los insumos dolarizados, el aumento de los servicios, la baja del consumo, la dificultad del acceso a la tierra y los destrozos ocasionados por el temporal del 5 de febrero son algunas de las dificultades que atraviesan los trabajadores, quienes piden que se declare la emergencia en las economías regionales.
“Estamos en crisis, necesitamos una Ley de Emergencia que brinde protección al trabajo y apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores”, explican desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), quienes entregaron ayer veinte mil kilos de verdura como forma de protesta.
En La Plata, puntualmente, los precios de los alquileres están en constante aumento. Al no poder acceder muchas veces a los créditos bancarios, los quinteros recurren a financieras que especulan con grandes intereses. En ese contexto, el proyecto de Acceso Justo a la Tierra presentado el año pasado por los productores de la UTT resulta fundamental.
“El proyecto de ley tiene la intención de generar un fondo y que ese fondo se convierta en créditos blandos y accesibles para que el pequeño productor pueda comprar tierra y la maquinaria e infraestructura que se necesita para hacer su trabajo día a día”, dijo a Contexto José Romero, de la UTT. Este proyecto quedó “cajoneado” el año pasado.
Los pequeños productores ya cuentan con una normativa para el sector, pero no se está aplicando. La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en 2015 no está siendo tomada en cuenta por Cambiemos. Esta ley, además de reconocer a los pequeños productores, plantea generar una serie de incentivos y apoyos: velar contra el cese a los desalojos de los campesinos, crear un registro formal de la agricultura familiar y brindar créditos. Sin embargo, no cuenta con fondos para su aplicación.
En sintonía con esto, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, no muestra interés en los pequeños productores. “Nunca nos atendió. Claramente no es el sector que ellos tienen en mente. Las medidas que fueron tomando fue de desmantelamiento y desguace de lo poco que había”, explicó Romero.
Hoy lo que era Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) no existe como tal, sino que está bajo la órbita del área de Coordinación y Desarrollo Territorial conducida por Santiago Hardie, el Gerente General de la Fundación Pensar, quien hizo de la SAF una subsecretaría.
“La situación para el sector es agobiante. Muchos productores están en el debate de qué hacer: si seguir produciendo o no”, comentó Exequiel Cáceres, de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), espacio que el pasado viernes llevó a cabo un encuentro en la Casa del Trabajador Rural en Abasto para elaborar, ante esta problemática, una agenda en conjunto con productores y referentes del peronismo local.
“No hay políticas públicas para el sector de la agricultura familiar. Lo que hizo este Gobierno fue desarrollar políticas para el sector más concentrado de la producción agropecuaria y no generarlas para los pequeños productores”, explicó a Contexto Edgardo González, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El año pasado, la provincia de Buenos Aires adhirió a la SAF, pero tampoco se le asignó presupuesto. “El problema acá es que no hay partida presupuestaria. En la provincia el oficialismo no tiene intenciones de que este sector se vea beneficiado”, comentó Cáceres.
