Radio M de La Matanza y FM Fórmula de Merlo fueron las primeras víctimas de la resolución lanzada por el Gobierno hace tan sólo veinte días que le dio al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), encabezado por Miguel de Godoy, «la facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del Poder Judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario».
El martes, Radio M estuvo participando, junto con el resto de los medios que forman parte de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (UCAYA) de La Matanza, de una radio abierta desde la Escuela Itinerante en apoyo a los docentes. En la emisora quedó sólo un trabajador haciendo la conexión de lo transmitido desde Congreso, quien fue demorado por las fuerzas policiales, al igual que el responsable de FM Fórmula, al tiempo que se llevaron los equipos valiéndose de una orden judicial amparada en dicha resolución.
Hoy, Radio M y FM Fórmula están fuera del aire, sus responsables fueron liberados pero se encuentran con causas judiciales.
El argumento para los decomisos fue que estas radios estaban interfiriendo en una radiofrecuencia de aviación, por lo que habían sido notificadas a principio de año. Desde la UCAYA informaron que esto sucedió por problemas en los equipos, una situación muy frecuente en todas las emisoras, pero que fue solucionado a la brevedad.
A pesar de esta situación, el ENACOM actuó de forma similar a la que se hacía en la década del noventa, cuando los medios eran decomisados amparados en la Ley de Radiodifusión nacida en la dictadura.
En 2009 fue sancionada, luego de años de lucha colectiva, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que sacó de la ilegalidad a estos medios y consagró el derecho a la comunicación. Ahora, la actual autoridad vuelve a perseguir, esta vez con el agravante de la detención de los responsables de las radios.
Estos decomisos “son una clara violación a la LSCA”, dijo a Contexto Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). «Desde el ente regulador declaran la ilegalidad de radios en contraposición a lo que dice la ley; el ENACOM inclumple la ley porque no operativiza, no cumple con la normalización que la ley establece. Entonces, gran cantidad de radios no cumplen con una licencia porque no hay forma administrativa de presentarse a concurso como indica la ley”, explicó.
Por otra parte, la ilegalidad sólo puede ser declarada “luego de un trámite administrativo con el debido derecho a defensa de las emisoras; cosa que no sucede porque, a través de una resolución, el directorio ha delegado la facultad de declarar la ilegalidad y pedir el decomiso al director de fiscalización”, agregó Busso.
“Son muy rápidos para cerrar radios pero muy lentos para normalizar la situación de las radios, particularmente de las de Frecuencia Modulada”, sostuvo el referente de FARCO.
Desde UCAYA sostienen que el argumento presentado “es una excusa” y que el accionar de ENACOM es un claro mensaje al sector. “Sobre todo la detención y la privación de la libertad de los compañeros. Es un mensaje claro, contundente, de amedrentamiento. No sólo se llevan los equipos, sino que además también meten presos”, explicó a Contexto Tavo Cibreiro, de UCAYA.
Busso consideró que la política es la misma que la de la vieja ley: facilitar a los grandes, concentrar los medios de comunicación en vez de asegurar la pluralidad de voces.
“Este Gobierno el único derecho que contempla es el derecho a hacer negocios para los grandes capitales, y se olvida que la comunicación es un derecho y que el Estado tiene que garantizar diversidad y pluralidad”, explicó Busso, y agregó que “para eso tiene que facilitar el funcionamiento de emisoras de distinto tipo y no complicarlo como lo está haciendo”.
En ese sentido, desde UCAYA reclamaron “al Gobierno cesar de inmediato con estas prácticas violentas y arbitrarias que buscan acallar las voces de la diversidad”.
