La reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660 impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que el año pasado tuvo media sanción en la Cámara de Diputados adonde volvió tras algunas modificaciones en el Senado, y con la cual pretenden convencer a la sociedad de que frenará la delincuencia y la inseguridad, provocará, contrariamente, una profundización de la deteriorada situación en las cárceles y pondrá en evidencia, para quienes quieran verlo, que en la Argentina la “práctica judicial es de clase” y que la responsabilidad no sólo es de la derecha conservadora hoy en el poder, sino de la clase política en general.
En las cárceles que pertenecen al Servicio Penitenciario Federal (SPF), que son 33, y las del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que ascienden a más de 50, muchas de ellas nucleadas en un mismo complejo geográfico, como por ejemplo Ezeiza, Marcos Paz o Florencio Varela, viven 70.000 personas, en su inmensa mayoría varones, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en su informe difundido el año pasado (con cifras de 2015). Otras fuentes consultadas por Contexto hablan de 76.000 personas incluyendo a los detenidos en comisarías. La población carcelaria femenina asciende a unas 3.000, de las cuales 1.530 están en unidades bonaerenses.
Más del 40% de las personas en situación de encierro, unas 31.224 (según datos de 2014), están en penales bonaerenses, seguidas por el SPF y por cárceles de Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe. Cifra que ascendería ahora a 35.000, según otras fuentes. Tan sólo en Buenos Aires hay una superpoblación carcelaria de 7.000 personas.
La Procuración advirtió recientemente sobre la “ineficacia del proyecto” impulsado por la alianza Cambiemos y de los “graves problemas” que traerá su aplicación desde los puntos de vista jurídico, práctico y de gestión.
El proyecto elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados y amplía la lista de delitos que incluye las condenas por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala.
La semana pasada, el Senado aprobó con 48 votos a favor, 8 en contra y una abstención una serie de cambios al proyecto inicial: eliminó el homicidio y contrabando simples como delitos que impidan el derecho a salidas anticipadas, pero incluyó los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.
Sin embargo, más allá de la ampliada lista de delitos, como lo advierte la PPN, el asunto son las condiciones de hacinamiento y la falta de criterio para definir el cupo penitenciario.
“Si la lista final incluye el robo a mano armada o robo calificado, vamos a estar en un problema muy grave, porque, si van a hacer el cumplimiento efectivo de la pena, habrá un proceso de sobrepoblación gravísimo que lo pagarán con mayor violencia en el interior de las cárceles”, advirtió Alcira Daroqui, socióloga y directora del grupo de estudios sobre el Sistema Penal y los Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la UBA, en diálogo con Contexto.
“Ello traerá una mayor degradación de las condiciones de detención y mayores violaciones a los derechos humanos en las cárceles […] lo que también augura la construcción de más cárceles”, subrayó.
Daroqui puso como ejemplo la “inflación en la construcción de cárceles” que tuvo lugar en los noventa en la provincia de Buenos Aires, generando “complejos carcelarios” como Sierra Chica o Florencio Varela, que contienen en su predio varias unidades penitenciarias.
“Si la idea es seguir construyendo cárceles, siempre va a haber población que ellos tengan para poner”, sostuvo la experta, antes de asegurar que la reforma va a agravar “algo que ya está en la práctica, donde articularon los tres poderes”, y recordó las “Leyes Bloomberg” impulsadas por Ruckauf y su ministro de Justicia.
Ante estas reformas de mayor o menor alcance y de mayor o menor difusión pública, “hay que mirar no sólo hacia el Gobierno de Macri, sino hacia una clase política que ahora está fortalecida en sus aspectos más represivos por esta derecha conservadora y que piensa que el tema de la seguridad se va a resolver metiendo más gente en la cárcel, algo que es una estafa política a la población”, sostuvo la especialista.
En Argentina sigue en aumento la población carcelaria, contrariamente a países como Chile y Estados Unidos, modelos del actual Gobierno, donde está bajando el número de personas privadas de su libertad.
Organismos argentinos ante la ONU
Durante una presentación el Comité contra la Tortura de la ONU que esta semana evaluó en Ginebra la situación de la Argentina, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia plantearon su extrema preocupación por las condiciones carcelarias y por el comportamiento del Poder Judicial en la materia.
El CELS denunció el “hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas de detención y prácticas sistemáticas y extendidas de tortura” hacia las personas en situación de encierro.
Cuando el Comité contra la Tortura interrogó al Estado argentino, sus representantes “reconocieron los niveles de sobrepoblación pero no lo atribuyeron a la definición de políticas criminales sino a las malas condiciones de detención y al hecho de que no se han construido nuevas cárceles”, contó Malacalza a este medio.
Acto seguido, el Gobierno argentino “propuso un plan de construcción de cárceles y esto es bastante preocupante en el contexto de la discusión sobre la modificación de la ley de ejecución penal que limita las excarcelaciones”, subrayó a Contexto la responsable del OVG, Laurana Malacalza.
De hecho, en la provincia de Buenos Aires, uno de los primeros anuncios de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal a poco de llegar al poder fue empezar a diseñar la construcción de tres cárceles nuevas, lo que seguramente, para Cambiemos, podría suponer una reactivación de la obra pública en un año electoral luego de haberla paralizado en diciembre de 2015.
La burocracia judicial
La administración de justicia está en boca de todos los organismos y los expertos que conocen de cerca el sistema judicial, en particular los entramados que aplazan el cumplimiento efectivo de los derechos a los que pueden acceder las personas encarceladas, y el sistema penitenciario.
“En un 100% de las personas con las que he hablado en los pabellones de las cárceles, la gente que tiene el derecho de la libertad asistida, ningún juez se la ha otorgado a tiempo”, aseguró Daroqui, antes de subrayar que “para lograr las primeras salidas transitorias se han pasado más de seis o siete meses” de la fecha en que deberían haber comenzado a acceder a ese derecho que Daroqui se negó a llamar «beneficio».
“Acá hay que mirar la práctica judicial. La práctica judicial es absolutamente violatoria de los derechos de las personas. Y esta ley va a colaborar en legitimar una práctica judicial que ya existe. Los plazos en el acceso a la libertad de la persona detenida es una atribución discrecional de los señores jueces”, sostuvo Daroqui, antes de sentenciar: “ahora va a empeorar porque estará legislado”.
“Es una práctica de justicia de clase porque total los presos son todos pobres y no sé a quién le importan los pobres”, afirmó. “Los jueces deciden discrecionalmente”, sostuvo, “Habría que ver a cuántas personas se les concedió la libertad condicional por delitos comunes en tiempo y forma».
En Ginebra, el CELS también criticó la “respuesta judicial a casos de tortura y malos tratos y el uso excesivo de la prisión preventiva”, y el OVG denunció que “el 75% de las causas que se inician en el marco de violencia contra las mujeres son archivadas”, además de “no calificar los hechos de femicidio como tales”, lo que “genera un clima de impunidad”.
“Esta ley todo lo va a agravar. La bronca ya la padecen en las cárceles. Los jueces no les dan las salidas, o demoran en darles los arrestos domiciliarios. Es una práctica judicial existente”, insistió Daroqui.
¿Hacia la privatización de las cárceles?
Interrogada sobre una posible privatización en el sistema carcelario, Daroqui indicó que “todavía no escuché nada al respecto, pero no sería nada nuevo, porque esto lo quiso hacer (Carlos) Ruckauf” cuando era gobernador bonaerense durante el menemismo. Hubo siempre esta idea de una gestión privada, como ocurre en Chile o Colombia. En el país vecino, la administración es privada y la gestión de la seguridad está en manos de la Gendarmería.
Otro país modélico para el Gobierno de Macri, Estados Unidos, también tiene un sistema privatizado de las cárceles.
Según Azucena Racosta, secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata, la reforma de la Ley 24.660 “es la puerta abierta al futuro que Cambiemos idea para las cárceles: privatizarlas. Eso es un gran negocio para los CEO que nos gobiernan y para las mafias penitenciaras, o bien convertirlas en cárceles-fábrica”, sostuvo.
Su planteo se enlaza inmediatamente con la reflexión sobre el derecho al trabajo en las cárceles y sobre el falso debate generado en 2015, meses antes de los comicios presidenciales, sobre el sueldo de los presos que según los medios hegemónicos era superior a lo que ganaba un jubilado.
“Hay una gran ficción sobre el trabajo en la cárcel”, enfatizó Daroqui. “Muchos presos quieren trabajar, pero quisiéramos saber si cobran”, aseguró antes de afirmar: “en el sistema federal les pagan horas, pero hay fuertes niveles de corrupción. Trabajan muy pocos y el 60% lo hace en tareas de limpieza. Casi ninguno en tareas productivas”.
“En el resto de los sistemas penitenciarios no hay trabajo prácticamente que provea la adquisición de una capacidad y no les pagan nada”, sostuvo.
El principal argumento para privatizar las cárceles se refiere al ahorro de costes que supondría para el Estado, afirmaba un artículo del diario español ABC (monárquico), al descartar esa posibilidad en la España del siglo XXI con un Gobierno dirigido por el Partido Popular, heredero del franquismo.
Mediando las distancias con nuestro país, en la España franquista más de 400.000 presos políticos fueron utilizados como trabajadores forzados por muchas empresas dedicadas a la obra pública que hoy en día cotizan en la Bolsa de Madrid. Dragados y Construcciones (ACS) perteneciente a Florentino Pérez, dueño del Real Madrid, Infraestructuras Ferroviarias o Acciona, son algunas de las empresas que figuran en una lista publicada por la revista Financial Times en 2003. Durante la dictadura de Franco (1939-1975) fueron algunas de las que se beneficiaron con el trabajo forzado de presos republicanos para hacer puentes, carreteras y edificios en diversos puntos de España.
Nadie se hace rico trabajando, decía mi abuelo, cocinero en la Marina Mercante. Sobre la forma de amasar fortunas en el actual Gobierno argentino hay varios botones de muestra.
