Por Gabriela Calotti
Mujeres y hombres detenidos en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense que son además alumnos de diversas carreras de la Universidad Nacional de La Plata, respaldados por docentes universitarios y por la propia UNLP, reclaman desde hace días al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que cumpla con su obligación de llevarlos a clase. Hasta el momento no recibieron ninguna notificación por escrito y les dicen que la culpa es de las Facultades.
“Desde hace varios días estamos solicitando al Servicio Penitenciario Bonaerense una circular o resolución por escrito y no nos están enviando nada”, explicó a Contexto una fuente académica interrogada al respecto luego de conocer que personas privadas de su libertad de las Unidades 8 de Los Hornos (femenina) y 9 de La Plata (masculina) no concurren a clase en las Facultades de la UNLP en las que están cursando diversas carreras.
Esa misma fuente aseguró que “los privados y las privadas de libertad nos dicen que los penitenciarios les dicen que no los trasladan porque no pueden garantizar las condiciones de seguridad en las Facultades”.
“Por ese motivo estamos mandando notificaciones a los juzgados para que traigan a los alumnos y alumnas a las aulas”, agregó esa misma fuente universitaria.
Desde uno de los penales explicaron a este medio que “a todos los universitarios nos cortaron las cursadas y nadie nos está mostrando un papel fehaciente. Nos dicen que hay una resolución o una disposición según la cual los detenidos no podemos ir a cursar más a ninguna Facultad”.
“No sabemos de dónde viene esto. En el penal nos dicen que es una resolución de las Facultades con el SPB. El SPB insiste en que son las Facultades”, subrayó la misma fuente.
Esta medida unilateral que afecta a los detenidos y detenidas que estudian Abogacía, Sociología, Profesorado de Historia, Periodismo, Ciencias Económicas, Informática y Trabajo Social en la UNLP es “claramente un recorte de derechos”, coincidieron las fuentes interrogadas.
Este recorte, que perjudica obviamente a los más vulnerables del SPB, que son quienes están privados de su libertad, se produce en un contexto de ajuste dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense dispuesto por el Gobierno de la macrista María Eugenia Vidal, que nombró a un interventor, Juan José Baric, y a un auditor general, Fernando Rozas, que en las últimas semanas legitimaron el despido de más de ochocientos empleados del SPB, en su mayoría administrativos.
Desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP se declararon “muy preocupados por estas ausencias en las aulas y porque entendemos que responde a un no traslado por parte del SPB”.
“Hemos planteado esto ante autoridades del SPB para que se revierta porque afecta el derecho a la educación de estas personas garantizado por ley”, subrayaron a Contexto desde la UNLP.
Justamente para garantizar ese derecho, partir de 2001 el Servicio Penitenciario Bonaerense firmó varios convenios con la Dirección General de Escuelas de la provincia y con Universidades, y tiene la obligación de otorgar a los internos posibilidades de formación educativa, que van desde planes de alfabetización hasta la obtención de títulos universitarios.
Sin embargo, según datos del Sistema Nacional de Ejecución Penal de diciembre de 2015, sólo un 2% de los reclusos y reclusas pudieron acceder a la Universidad, y el 79% no participó de ningún programa educativo.
Varios cientos de alumnos de la UNLP están en cárceles bonaerenses. Algunos asisten a las aulas y otros concurren a talleres o cátedras que se dictan en las unidades penitenciarias.
En 2016, varios docentes universitarios denunciaron dificultades en los traslados de las privadas y privados de su libertad a las aulas. En numerosas ocasiones estos alumnos eran llevados a las clases con más de una hora y media de atraso, es decir, cuando la clase estaba por concluir, provocando una inmensa frustración e impotencia en alumnos y docentes. Desde el SPB argumentaban falta de móviles para los traslados.
