En una nueva demostración de poder del aparato político jujeño en manos del gobernador Gerardo Morales y su entorno, organizaciones gremiales repudiaron el ataque a la libertad de expresión que está sufriendo un periodista y referente político local por cubrir y acompañar el conflicto que la empresa Ledesma –propiedad de la familia terrateniente Blaquier– mantiene con sus empleados.
“Ledesma, en complicidad con el Poder Judicial de la provincia, busca silenciar a quienes informan sobre los atropellos a los trabajadores, en forma directa a través de la promoción de acciones legales contra quienes han ejercido ese derecho y en forma indirecta a través del disciplinamiento que buscan generar por medio de la persecución”, expresó ayer el colectivo de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ) a través de un comunicado emitido en relación con la causa judicial que recayó esta semana sobre el periodista y militante Miguel López, colaborador del diario jujeño El Submarino, quien acompañó la protesta que mantienen los empleados de la firma de Carlos Blaquier.
López, junto a otros cinco integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), fueron denunciados penalmente por la empresa Ledesma S.A.A.I. –Sayus, Fernandez y Canchi– por la cobertura de la huelga azucarera de agosto de 2015.
Según indica el comunicado, la persecución es “por participar de una legítima protesta en defensa de sus derechos laborales en la empresa cuyo presidente vitalicio, Carlos Pedro Blaquier, ha sido acusado de ser cómplice de la dictadura cívico militar durante los años más oscuros de nuestra historia y en la que se han secuestrado, torturado y desaparecido trabajadores y estudiantes en vehículos de la compañía en lo que se conoció como La Noche del Apagón, en las localidades de Ledesma, Calilegua y El Talar”.
El repudio del colectivo de periodistas jujeños que vienen denunciando al gobernador radical Gerardo Morales –socio político del presidente Mauricio Macri y aliado de Sergio Massa–, por utilizar la pauta publicitaria del Gobierno para forzar la opinión en contra de Milagro Sala y a favor de su gestión, llegó luego de que se conociera el pedido de elevación a juicio contra Miguel López.
“A los periodistas que conformamos PUAJ nos une el repudio a los atropellos a nuestros derechos que comete el Gobierno de la provincia. El ciudadano que quiere estar informado no puede hacerlo porque acá se hacen callar las voces disidentes”, dijo a Contexto José Luis Politi, propietario del diario El Submarino, medio donde colabora Miguel López como columnista.
“Ledesma, como tantas otras empresas del país, representan el poder real de la Argentina. Macri, Morales o cualquier gobernante tienen que estar bajo sus designios”, sostuvo Politi. Y agregó: “El accionar de Ledesma es conocido acá. Durante años, Blaquier estuvo procesado por la causa de La Noche del Apagón, cosa que hoy está en un limbo judicial y el tipo camina libre como si nada”.
En esta línea, López afirmó que la causa en la que se lo intenta llevar a juicio “representa un nuevo ataque hacia los trabajadores, en este caso, de quienes informamos y difundimos aquello que el Gobierno y las grandes patronales como la de Blaquier pretenden ocultar. No se trata de un ataque contra mi persona, sino contra todos los trabajadores de prensa comprometidos con la lucha de los trabajadores».
El Ministerio Público de la Acusación, cuyo titular es Sergio Lello Sánchez, a través de la fiscal Silvia del Valle Farral busca acelerar el ritmo de la causa contra López.
El periodista, en tanto, acompañado y patrocinado por Maia Hirsch, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), presentó la oposición a la elevación a juicio de esta causa armada por la empresa Ledesma.
