Los 70.000 vecinos y vecinas de Gonnet y Villa Castells que no tienen agua potable continúan sin recibir la más mínima muestra de interés por parte de las gestiones del intendente Julio Garro y de la gobernadora María Eugenia Vidal, de cuya provincia dependen en un 90% las acciones de ABSA. Y a la desidia con que se maneja la empresa, que vulnera el derecho a la salud, se le sumó el lento accionar judicial.
Así lo comunicaron los abogados patrocinadores de los perjudicados, pertenecientes a la Clínica de Defensa al Consumidor de la Facultad de Derecho de la UNLP. Fue en una conferencia de prensa brindada ayer en el ex edificio del Jockey Club (48 entre 6 y 7) donde funciona la casa de estudios.
A fines del año pasado, la Clínica comenzó su trabajo exigiendo a ABSA que informe a los vecinos sobre el servicio de agua no potable que presta, mediante una acción judicial preventiva cuyo propósito fue “evitar la agravación del daño”. Sobre todo teniendo en cuenta que miles de ellos todavía no saben que ingieren y usan agua con altos contenidos de cloruros, sodio y también de “sólidos totales” o “sólidos disueltos totales”, tal como consignó un estudio que mandó a realizar el Juzgado de Faltas Nº 2 a cargo del juez Dante Rusconi en septiembre del año pasado. Hasta ese momento, los platenses de la zona afectada (desde 487 a 496 entre 15 y 2, y desde calle 2 a Centenario entre 505 y 489) no estaban enterados.
La Justicia respondió ordenando a ABSA que se notifique en los próximos dos días, pero la empresa lo hizo recién a los quince días y sin reconocer que su servicio no es potable y afecta la salud de miles de platenses, desconociendo por completo lo establecido por el estudio de Rusconi.
Luego de que ABSA avisó negando que suministra agua insalubre, la Justicia no sólo no avanzó en ese sentido, sino que se desentendió. “La Justicia respondió simplemente ‘hágase saber a los interesados de lo contestado por ABSA’”, dijo el abogado de los vecinos, Jorge Martínez.
“Eso nos llamó la atención, porque los interesados no solamente son los usuarios: es la colectividad que todavía no lo sabe y el mismo Poder Judicial. Ahí advertimos que la causa empezó a transitar los lentos tiempos procesales de las causas ordinarias, pasando por alto que hablamos de un problema colectivo”, explicó.
En el informe de ABSA se lee: “Se detectó la presencia de cloruros y sodios que no afectan la salud humana”. Y, cometiendo un fallido, el texto sigue: “Los valores del elemento sodio por fuera de los límites tolerables califican al agua suministrada por ABSA como ‘no potable’ sino como “agua corriente”. Martínez afirmó: “Quieren decir que es corriente pero dicen que es no potable. Es lamentable y vergonzoso”.
El abogado criticó al accionar judicial y precisó que los vecinos que promueven la acción preventiva informativa ya están enterados, mientras que se trata de proteger y resguardar al resto del colectivo. “Qué importancia tiene detectar que el agua que suministran los actores es no potable y perjudicial si ellos sí están informados. El problema son los miles de vecinos que no lo están”, analizó.
Mientras María Eugenia Vidal y Julio Garro no hacen nada, la empresa no recibe ningún tipo de sanción y envía las facturas de cobro con los mismos importes que reciben los demás platenses que sí tienen agua potable, tarifazo incluido. Lo único que hace ABSA es entregar bidones en la delegación municipal, aunque sin los correspondientes seguros, cercioraron los vecinos.
A pesar de que el proceso es más lento por la figura del Estado, los abogados no descartan demandar a la Provincia, accionista mayoritaria de ABSA y ausente por completo en el conflicto a pesar de que los vecinos acudieron a la Cámara de Diputados de la provincia, desde donde se enviaron dos pedidos de informes a Vidal que la gobernadora nunca contestó. El mismo desinterés expresó Julio Garro con dos pedidos de informes solicitados por el Concejo Deliberante.
El juez Rusconi había emitido un fallo ordenando a ABSA a que no cobre a la empresa un servicio que no brinda. ABSA no le dio cumplimiento a ese fallo, pese a los reclamos de los vecinos, y posteriormente Rusconi apeló la medida, que ahora está sin efecto.
Tampoco la empresa ni el Municipio han explicado en qué quedó la obra anunciada en enero por Garro y el titular de ABSA, Raffaele Sardella, para la instalación de una tubería de impulsión que vincularía el acueducto proveniente de una planta potabilizadora ubicada en Punta Lara con la red de distribución de Gonnet y Villa Castells. El marzo ABSA postergó la licitación por “cuestiones técnicas”.
Los vecinos presentes ayer en la conferencia afirmaron estar “sin ningún tipo de protección del Estado”. “Si las autoridades se pusieran a la cabeza de este reclamo, las cosas serían más fáciles, aun en el ámbito judicial, porque hoy estamos solos”, dijo una de las vecinas. “Los funcionarios aunque sea nos tienen que recibir y escuchar las problemáticas”, reclamó otro perjudicado.
