El represor Marcelo Cinto Courtaux fue capturado el fin de semana pasado en pleno microcentro porteño. Este martes trascendió que en su billetera se le había encontrado un recorte de prensa sobre Pablo Llonto, con su foto y una indicación sobre la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde el abogado de derechos humanos dicta el Taller de Periodismo de Investigación.
Según el diario Página/12, cuando el fiscal de la causa le preguntó durante la indagatoria por qué tenía esos elementos en su poder, Courtaux respondió que “quería saber lo que opinan todos”.
“La mejor manera de combatir esto es seguir con los juicios, buscando testigos y genocidas. Esa es la mejor garantía para frenarlos, para desalentar su accionar y cualquier otra aparición de estos tipos reivindicando hechos del genocidio y el golpe”, dijo Pablo Llonto en diálogo con Contexto.
El abogado expresó que enterarse de que Courtaux llevaba sus datos en la billetera le causó “cierta preocupación”, sobre todo por su familia, “más allá de que esta gente ha perdido poder de fuego”.
El hecho repercutió fuertemente en redes sociales como Twitter, donde hubo muestras de preocupación y solidaridad. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, subió la información a su cuenta desde Bruselas y calificó a Llonto como “emblema de la lucha por memoria, verdad y justicia”. De manera similar se manifestó el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
“Pablo Llonto es una de las personas que más admiro. Periodista coraje, valiente abogado, compañero imprescindible. Ni se les ocurra tocarlo”, agregó el periodista y politólogo Ari Lijalad.
Entre otros, también se expresaron los trabajadores de ATE en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: “Toda nuestra solidaridad con Pablo Llonto, quien hoy visitó nuestra Casa y nos llenó de compromiso con sus palabras”.
Courtaux se encontraba prófugo desde hacía tres años. En 2014, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, lo había citado a declaración en una causa por delitos de lesa humanidad, pero no se presentó y fue declarado en rebeldía.
Inmediatamente, Vence ordenó una investigación, que a lo largo de estos años incluyó intervenciones telefónicas, filmaciones y distintos seguimientos. También se ofreció una recompensa de 500 mil pesos por datos que permitieran dar con su paradero. Finalmente, lo detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fe, cuando se dirigía a la oficina de uno de sus abogados.
El represor de 69 años se desempeñó durante la última dictadura cívico-militar como jefe de Inteligencia en el Destacamento 201 de Campo de Mayo, dependiente del Batallón de Inteligencia 601.
Diversos testigos lo señalaron en el marco de la megacausa Campo de Mayo como uno de los responsables del aniquilamiento desplegado por el Ejército contra las personas que formaron parte del operativo denominado “Contraofensiva Montonera”. Está acusado por 85 desapariciones y 20 secuestros cometidos entre 1979 y 1981.
Un fallo a tono con el macrismo
El Gobierno nacional viene manifestando desde que asumió una postura negacionista sobre la última dictadura cívico-militar. Algunos de sus funcionarios, obligados por el repudio social generalizado, salieron a criticar el fallo de manera tímida primero y más intensa con el pasar de los días a medida que crecía el rechazo a la vuelta a la impunidad.
Llonto consideró que el fallo de la Corte Suprema que favoreció a los genocidas “fue parte de una cadena de fallos”. “No es que nos desayunamos que la Corte viene fallando mal en causas vinculadas a lesa humanidad. Este año viene pegando golpes duros, sobre todo el juez (Carlos) Rosenkrantz, que ha firmado las cuatro sentencias más desfavorables al movimiento de derechos humanos en lo que va del año”.
La decisión de la mayoría de la Corte, por las firmas de Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, para Llonto está vinculada con la decisión de Mauricio Macri de designar a los dos primeros y negociar con la restante magistrada para que continúe en su gestión a pesar de su edad de 75 años. “Este fallo de la Corte tiene que ver con la política en derechos humanos de este Gobierno”, concluyó.
